Judicial
Desde Brasil se habría fraguado el ingreso de dineros a campañas presidenciales de Santos y Zuluaga; Fiscalía tiene contundentes pruebas
De acuerdo con la Fiscalía, fueron más de $ 80.000 millones los entregados por Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas a diferentes sectores políticos, sociales y económicos en Colombia.
La Fiscalía presentó una amplia imputación relacionada con el escándalo de corrupción y financiamiento ilegal de campañas políticas que tuvo un fuerte impacto en la cúpula de Odebrecht. El líder central de esta operación masiva de corrupción sería Marcelo Odebrecht, quien se encuentra entre los afectados por esta acción legal. El ente acusador tiene pruebas de que él fue la mente maestra detrás de esta gran trama de corrupción que se extendió por todo el continente.
La unidad responsable de llevar a cabo estas prácticas corruptas se identificó como el ‘Departamento de Operaciones Estructuradas’, con base en Brasil. Se cree que esta unidad tenía la aprobación y el respaldo de Marcelo Odebrecht. Desde Brasil, según el fiscal delegado ante la Corte, Gabriel Jaimes, se habría fraguado el reparto de coimas y los aportes a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.
Asegura el fiscal Jaimes que ese Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entregó por lo menos 3.540 millones de pesos a la campaña a la presidencia del entonces candidato Juan Manuel Santos y, posteriormente, 3.045 millones de pesos a la campaña de Óscar Iván Zuluaga.
“La evidencia física recolectada permite, con suficiencia probatoria, establecer que desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo y con lo cual consolidaron su accionar delincuencial”, señaló la Fiscalía.
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Además de Marcelo Odebrecht, se harán cargos contra todos los miembros de alto nivel de la empresa en Colombia, incluidos Eder Paolo Ferracutti, Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira.
“El Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Fiscalía General de la Nación ha obtenido un importante resultado en relación con la trama de corrupción llevada a cabo por la multinacional brasileña entre 2009 y 2016 en Colombia, en la investigación conocida como ‘métodos estructurados para pagos ilegales’”, afirmó el fiscal Gabriel Jaimes.
La Fiscalía incluyó el cargo de conspiración para cometer delitos en su acusación contra los directivos y exdirectivos de Odebrecht en Colombia, tras determinar que estas personas formaron una organización criminal con el propósito de defraudar al Estado colombiano mediante los sobornos otorgados a sus funcionarios.
Según el fiscal Jaimes, los acontecimientos se desarrollaron en tres etapas: en primer lugar, la obtención de los contratos; en segundo lugar, la modificación de estos contratos y, finalmente, el pago de sobornos a los involucrados en toda la operación criminal. Los cargos presentados también abarcan el delito de lavado de activos.
Por otro lado, la Fiscalía busca esclarecer las supuestas irregularidades en la contratación pública que ejecutó Odebrecht en Colombia durante los años 2009 y 2016. En ese camino, se imputarán cargos a 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
“La investigación advierte que el actuar colectivo de estas personas favoreció notoriamente al concesionario con modificaciones a la forma de pago original, aplazamiento injustificado para el inicio de obras en algunos tramos, ajustes al cronograma de obra, entre otras irregularidades”, aseguró la Fiscalía.
Los 33 implicados, en diferentes grados de responsabilidad, deberán responder por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos. Ellos ocupaban cargos trascendentes en la ANI, como la presidencia, vicepresidencias, gerencias y comités con injerencia en los procesos contractuales.
