Desde el principio se le vulneraron todos los derechos a Álvaro Uribe Vélez: defensa sostiene en que se debe archivar el caso

El abogado Jaime Granados Peña, quien defiende al expresidente Álvaro Uribe Vélez, no dudó en asegurar en que a su cliente se le han vulnerado todos sus derechos procesales dentro de la investigación que se originó en febrero de 2018 por presunta presión y manipulación a testigos, caso por el cual, incluso, fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria en agosto de 2020.

En su intervención, el abogado penalista sostuvo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le impidió a Uribe el acceso a innumerables pruebas documentales y testimoniales para plantear su estrategia y defenderse ante todo tipo de acusaciones. “Si eso no constituye una violación al debido proceso entonces, no sé, francamente, qué es violar el debido proceso. Cuatro décadas dedicado a estudiar el sistema penal perdidos”, afirmó Granados.

Lo más grave es que en repetidas oportunidades el exmandatario le preguntó a la Corte Suprema si existía una investigación preliminar en su contra. Frente al silencio radicó un derecho de petición ante la Secretaria de la Sala Penal, para que le confirmaran o negaran, y, de ser cierto, fuera escuchado en indagatoria.

Sin embargo, contrario a la ley, el alto tribunal dejó vencer el plazo que exige la ley y, cinco meses después, anunció “como pocas veces se ha visto” que había sido vinculado a un proceso investigativo e iba a ser citado a indagatoria para que, en compañía de su abogado, presentara sus argumentos.

“No solamente la Corte que estaba obligada a informarle oficiosamente a informarle la existencia de una investigación en su contra, sino que además se le oculta”, reseñó el abogado defensor. “Es evidente por el cúmulo de información, y conocida en los medios, que existía en los medios”.

Para resaltar la clara violación de los derechos procesales a Uribe, Granados señaló que en el mismo comunicado de prensa se indicó que los hechos materia de investigación se habían presentado con posterioridad al 16 de febrero de 2018, pese a las peticiones de aclaración radicadas.

“Los hechos que se investiga la Corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante Álvaro Uribe”, se lee en el cuarto párrafo del comunicado.

Con esta investigación, la Corte Suprema ordenó interceptar las comunicaciones del abogado Daniel Cadena –quien era apoderado de Uribe- y a la secretaria del Senado, María Claudia Daza, más conocida como Cayita Daza.

“Desarrolló en cinco meses una actividad intensa, en tiempo récord, probatoria a espaldas de Uribe Vélez y su defensa de manera deliberada”, aseveró el abogado. Esto con el fin de demostrar que desde el inicio de la investigación se presentaron serias y constantes irregularidades que prosiguieron cuando el caso llegó a conocimiento de la recién creada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

En su primer día de intervención, la defensa de Uribe sostuvo que existió un desconocimiento de los derechos procesales a su defendido. “Se le ocultó deliberadamente una investigación en su contra pese a intentar ejercer proactivamente una defensa todo dirigido a aplicarle las máximas del modelo estalinista del modelo penal del enemigo”.

Para Granados, no hay mérito para acusar a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que se debe avalar la solicitud de la Fiscalía General para archivar la investigación.

Para el próximo 16 de marzo se espera la intervención del exmandatario. Con esta declaración se pondrá fin a la intervención de los sujetos procesales. Después de esto, la jueza 41 de conocimiento de Bogotá definirá si acepta o no la petición presentada por el fiscal Javier Cárdenas.