Desembarco pirata

Al parecer, tres siglos de regir los destinos de la Nueva Granada y buena parte de América no fueron suficientes. Ahora, 200 años después, el antiguo imperio español quiere apropiarse de todas las riquezas que miles de naufragios le impidieron llevarse de sus colonias en galeones, fragatas y bergantines que yacen desde entonces en el fondo del mar. Tesoros que, según algunos medios españoles, son tan cuantiosos que sacarían a ese país de la crisis en que se encuentra.

Por lo menos esa fue la impresión que quedó hace un par de semanas cuando España logró en una corte de apelaciones de Florida (Estados Unidos) que le entregaran bajo su protección más de 594.000 monedas de plata y oro, avaluadas en 600 millones de dólares, que hacían parte de la carga de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, rescatadas del fondo del mar por la empresa estadounidense Odyssey en 2007. Lo preocupante es que el gobierno de Colombia ha mantenido un silencio total que, según algunos expertos, podría estar poniendo en peligro al naufragio del galeón San José, uno de los más ricos del planeta, y los de más de 1.000 naves hundidas en aguas colombianas que por la Constitución son patrimonio de los colombianos.

Al reconstruir la historia queda en evidencia el riesgo. En mayo de 2007 la Odyssey Marine Exploration llevó a Estados Unidos 17 toneladas de monedas de oro y plata que había sacado de un antiguo naufragio en aguas internacionales, a 33 millas de las costas de Portugal, en una operación que llamó Cisne Negro. Lo hizo porque las cortes de almirantazgo de ese país son las únicas en el mundo que les han reconocido a rescatistas de tesoros derecho a una parte del precio.

Los problemas para Odyssey comenzaron semanas después, cuando España denunció que los 594.000 escudos de plata y reales de oro habían sido acuñados en Lima, Santa Fe de Bogotá, Popayán y Potosí y eran parte de la carga de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 cerca a Gibraltar. Madrid afirmó que se trataba de una nave militar, es decir que, según los convenios internacionales, gozaba de inmunidad soberana. Esto significa que nadie, salvo España, lo puede extraer.

Las Mercedes había salido de El Callao el 31 de mayo de 1804 con 900.000 pesos en plata y 5.809 pesos oro, entre otros valores. Tras una escala en Montevideo, donde abordó más carga y pasajeros, partió rumbo a Cádiz con 337 personas, muchos de ellos civiles. Pero el 5 de octubre, cuando estaba a punto de coronar su viaje, tuvo la mala suerte de encontrarse con un buque inglés frente a la costa portuguesa. Tras una breve batalla, Las Mercedes quedó para siempre en el fondo del mar, a 1.100 metros de profundidad.

Sus riquezas permanecieron allá por dos siglos. Pero con el avance de las técnicas de buceo y exploración submarina de los últimos 30 años, buzos independientes y empresas rescatistas como Odyssey descubrieron que podían hacer mucho dinero con los naufragios. A la par, España empezó a desarrollar una política diplomática y legal para buscar que a través de acuerdos internacionales o en tribunales internacionales se reconociera que los barcos hundidos de su armada, o que tuvieran su bandera, fueran considerados navíos militares en funciones de Estado, para que recibieran inmunidad soberana, según lo contemplado en varias convenciones internacionales.

Además de España, Perú se hizo parte en el proceso en Tampa, alegando que las monedas de plata le pertenecían. Después se sumaron las demandas de 24 familias de España, Argentina, Perú y Colombia, descendientes de pasajeros o de dueños de la carga, que pidieron que se les entregara lo que les había pertenecido a sus antepasados. Colombia, a pesar de numerosas peticiones de familias nacionales y de expertos en el tema, como el historiador y buzo Daniel de Narváez, mantuvo un silencio total.

Frente a un caso que cada vez se complicaba más, España decidió jugar una estrategia que aún hoy sorprende, no solo por el riesgo que corrió, sino por la forma tan parcializada como la Corte actuó en su favor. La estrategia fue alegar que las cortes de Estados Unidos no tenían jurisdicción sobre las naves de Estado en funciones militares como Las Mercedes, para quedarse, no con el 24 por ciento de las monedas que eran del rey, sino con la totalidad de lo rescatado. Y a la vez, para sentar un precedente internacional.

Para lograr esto, le tocaba la monumental tarea de convencer a los jueces de que Las Mercedes estaba en funciones militares y no comerciales, a pesar de que a bordo de la nave iban mujeres y niños que pagaron sus pasajes, 26.000 pieles de foca, 6.000 lingotes de cobre y estaño, maderas, plantas medicinales y más de 700.000 monedas de comerciantes particulares que pagaron impuestos para llevarlas a España.

Tras varios años, hace tres semanas la corte le dio la razón a España al fallar que no tenían jurisdicción, a pesar de que en el pasado, en casos como el S.S. Central America o Nuestra Señora de Atocha, los mismos tribunales de Estados Unidos decidieron sobre la carga de civiles que llevaban naves militares. Como consecuencia, el Tribunal de apelaciones le ordenó a Odyssey entregarle las monedas a España. E incluso fue más sorprendente que sus autoridades dejaran sacar las monedas, sabiendo que Perú, Odyssey y los descendientes pidieron a la Corte Suprema revisar el fallo. Algunos cables de WikiLeaks dejaron al descubierto negociaciones secretas entre los dos países (ver recuadro). Lo cierto es que en pocas horas toda la carga fue entregada a España, que de inmediato se la llevó para su país y dio por concluido el caso. A pesar de esto, Perú, ahora con el apoyo decidido de Ecuador y Bolivia, va a demandar el fallo ante la Corte Suprema de Washington.

El barranquillero Rafael Fernández, descendiente directo del primer Conde de Premio Real, José Antonio de la Valle y Cortés, que enviaba en Las Mercedes recursos propios, dijo a SEMANA que en su apelación buscará que se aclare que, aunque el barco es militar, eso no le da derecho a España de apropiarse de lo que nunca le perteneció.

Lo cierto es que si bien España -que anunció su interés de repartir parte de las monedas a museos de España y América- logró un precedente internacional, el caso aún no termina y más bien amenaza con enrarecer las relaciones con varios países latinoamericanos que, como Colombia, tienen grandes tesoros en sus mares, entre ellos, el más valioso conocido en el mundo: del galeón San José, que podría superar los 5.000 millones de dólares. Según cálculos no oficiales, en los mares del país habría fácilmente 70.000 millones de dólares en tesoros.

¿Y Colombia qué?

Frente a este panorama, Colombia quedó en una posición complicada: presentar una queja al fallo, que sentaría un precedente, o guardar silencio. Es evidente la alianza de España con Estados Unidos en el tema, ya que al país del norte lo único que le importa es garantizar que sus navíos militares hundidos, o los actuales que puedan correr la misma suerte, sean intocables sin importar el mar territorial en el que estén. Por otra parte, también quedó el interés de Perú y de Bolivia. Y finalmente, los supuestos herederos de las cargas van a dificultar aún más rescatar el patrimonio nacional sumergido. Frente a Las Mercedes, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, dijo a SEMANA que "el fallo de Estados Unidos no sienta ningún mal precedente en Colombia. Es un barco que se hundió en aguas continentales, que están en litigio de propiedad por parte de Inglaterra y España"

Es evidente que, como han hecho los últimos presidentes, Juan Manuel Santos tiene la intención de empezar a rescatar los galeones hundidos. Para eso, el año pasado presentó un proyecto de ley -calificado por varios expertos de impráctico- que busca, por un lado, preservar en museos o bajo protección del Estado lo que sea considerado como patrimonio nacional, es decir, embarcaciones y piezas únicas de gran valor cultural, como lo que puede haber a bordo de los navíos de Juan de la Cosa, hundidos en 1504 en el Golfo de Urabá con piezas valiosas intercambiadas con grupos indígenas desaparecidos hace siglos. A su vez, de lo que no sea considerado como tal, una parte podría ser repartida con el rescatista o vendida al Estado. Este sería el caso de algunas de las miles y miles de monedas de oro y plata que hay en numerosos galeones, pues con conservar una parte de ellas en museos y bóvedas se estaría preservando el patrimonio cultural de la nación.

Si bien el proyecto puede ser mejorado por el Congreso, llegó la hora de que Colombia actúe en defensa de su patrimonio cultural, pagado con miles de vidas, sangre, dolor y sufrimiento durante la Colonia. Uno de los mayores expertos colombianos en Derecho del mar dijo que es claro que las naves militares tienen inmunidad soberana, pero no su carga, y eso es lo que se debe imponer. "Y si España insiste, entonces que se discuta para que todo el patrimonio de Latinoamérica que reposa en sus museos, iglesias, bóvedas y palacios, regrese a donde fue saqueado".

Frente a la crisis de Las Mercedes, Colombia tiene una oportunidad. Ante la inmensa riqueza de los naufragios en sus mares, el país podría convertirse en un pionero mundial en recuperaciones arqueológicas, eso sí, sin perder de vista que, como lo fijó la Corte Suprema de Justicia, hay elementos en los naufragios que pueden ser comercializados por no hacer parte del patrimonio cultural. El secreto está en la forma, pues al igual que hace 500 años, el oro y la plata siguen encegueciendo a España y a otros países.
 
El tesoro del Cisne Negro

Un cable de WikiLeaks, revelado recientemente por el diario londinense The Guardian, muestra que Estados Unidos y España no solo acordaron trabajar de la mano para que España pudiera reclamar el tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, sino que Estados Unidos habría filtrado documentos confidenciales de aduana al gobierno español. A cambio, el embajador de Estados Unidos en Madrid habría pedido la devolución del cuadro Rue Saint-Honoré (foto), de Camille Pissarro, que está en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, valorado en 20 millones de dólares. La obra fue de un alemán judío que se vio obligado a venderlo a bajo precio a los oficiales nazis a cambio de un visado de salida en 1939. Pero en 2005, descendientes del propietario, residentes en California, emprendieron acciones legales para recuperarlo. En el cable se dice que supuestamente el embajador gringo ha señalado que ambos países “pueden valerse de cualquier margen de maniobra, dentro de las obligaciones legales, para resolver los asuntos de una manera que favorezca la relación bilateral”.