Designan a nuevo director del Inpec en medio del escándalo por permisos de Carlos Mattos

El teniente coronel Tito Yesid Castellanos Tuay fue designado como nuevo director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). El oficial de la Policía asumirá las riendas del Instituto en medio de una de las peores crisis de corrupción dentro de la institución por los permisos irregulares a implicados en procesos de connotación nacional.

Castellanos Tuay, quien fungía como subdirector de la Policía Antinarcóticos, es oriundo del municipio de Puerto Carreño (Vichada). En su hoja de vida se revela que lleva 29 años vinculados a la Policía Nacional.

Fue comandante de la Policía Guajira, agregado de Policía en Estados Unidos y Comandante de la Compañía Jungía. Es administrador policial y tiene una especialización en seguridad. Igualmente, en su hoja de vida aparecen 60 condecoraciones y 231 felicitaciones.

El teniente coronel fue designado después de que el pasado martes el presidente Iván Duque ordenara la destitución del general Mariano Botero Coy, quien llevaba dos años como director del Inpec.

Su salida tuvo relación directa con los permisos irregulares del empresario Carlos Mattos, quien salía de la cárcel La Picota de Bogotá a su oficina privada en el norte de la capital de la República.

En dichos encuentros irregulares, Mattos siempre estuvo acompañado de personal del Inpec, quienes omitieron la orden de trasladado de la cárcel al centro médico donde se iba a someter a exámenes médicos y nuevamente al centro carcelario donde cumple la medida de aseguramiento impuesta en su contra en noviembre pasado tras ser extraditado a Colombia.

Debido a esto, se ordenó también la destitución del coronel William Valencia, quien fungía como director de la cárcel La Picota. Sin embargo, el oficial no salió del cargo resguardándose en la entrada en vigencia de la ley de garantías.

Sin embargo, se pudo establecer que ya se tiene listo el nombramiento del nuevo director de este centro carcelario ubicado en Bogotá, se trata del coronel Juan Javier Papa, quien se desempeñaba como director de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).

Los traslados

Tras el escándalo se ordenó el traslado de Carlos Mattos a la cárcel de Cómbita (Boyacá), así como la suspensión de los tres dragoneantes que lo trasladaban y acompañaban en las reuniones en su oficina privada.

Igualmente, se ordenó el traslado a cárceles de máxima seguridad del excongresista, Eduardo Pulgar Daza; el empresario Emilio Tapia Aldana; el excomandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; el narcotraficante Juan José Valencia, conocido como ‘Falcón’, y el gobernador de Arauca, Facundo Castillo.

Prontuarios criminales

Juan Zuluaga Valencia, capturado en julio de 2021, enfrenta cargos por los delitos de falsedad material en documento público, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, así como por tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y lavado de activos. Es pedido en extradición por una Corte de los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

José Leonardo Muñoz Martínez, capturado en abril de 2009, enfrenta una condena de 32 años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión de la conformación de grupos armados al margen de la ley.

Emilio Tapia Aldana, recordado por ser uno de los principales protagonistas del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, cumple su condena de siete años y nueve meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos. Igualmente, enfrenta un juicio actualmente por cuatro delitos por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal por el polémico contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC.

José Facundo Cisneros Castillo, capturado en octubre de 2021, enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, financiación del terrorismo y actividades de delincuencia organizada, y administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada.

Eduardo Pulgar Daza: el exsenador del partido de La U cumple una condena de cuatro años de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público, esto por haberle ofrecido sobornos a un juez con el fin que lo beneficiara.