Desmantelan laboratorio de cocaína en zona rural de Santa Marta

Como un golpe contundente al narcotráfico fue catalogado por las instituciones armadas el resultado de una operación que se realizó en el corregimiento de Bonda, jurisdicción de Santa Marta.

Bajo el nombre de Plan Ayacucho, tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional y uniformados de la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la ubicación y desmantelamiento de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de dicha infraestructura era aumentar la producción mensual de las organizaciones criminales que delinquen en esta zona toda vez que colinda con el mar, lo que permitiría la fácil distribución del alcaloide en aguas internacionales.

En total, se logró incautar más de 2.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, más de 120 kilos de insumos sólidos, más de 770 galones de insumos líquidos, 15 pipetas de gas, cinco hornos microondas y tres plantas de energía.

Así van los delitos en Colombia

Mientras que el gobierno nacional habla de paz total y se empeña en enviar mensajes de buena voluntad, como el pedido de levantamiento de órdenes de captura de peligrosos líderes criminales para nombrarlos gestores de paz o la orden de cesar las operaciones contra algunos grupos disidentes, las organizaciones ilegales siguen hablando el lenguaje de la violencia: no paran las masacres, sigue el asesinato de líderes sociales, los criminales se pasean por las calles sin Dios ni ley y van en aumento delitos como el hurto y la extorsión. Así lo revelan cifras del propio Ministerio de Defensa, recopiladas y analizadas por SEMANA.

A excepción del homicidio, que tuvo un ligero descenso, la mayoría de los llamados delitos de alto impacto vienen aumentando dramáticamente desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Tal es el caso, por ejemplo, del secuestro. Si se compara el primer semestre de 2022, cuando aún estaba el presidente Iván Duque en el poder, y el segundo periodo del año, que corresponde en su mayoría a la administración Petro, este delito aumentó 43,6 por ciento.

La situación es aún más alarmante si se tiene en cuenta que enero de 2023 (mes hasta donde tiene reportes el Ministerio de Defensa) se convirtió en el inicio de año con más secuestros de los últimos ocho años. Situación similar ocurre con los hurtos a personas, uno de los delitos de mayor impacto y entre los que está el robo de celulares. Si se compara enero-junio y julio-diciembre del año pasado, esta conducta aumentó 22,4 por ciento.

Y si se contrastan el comienzo de este año con enero de 2022, el incremento es del 26 por ciento. La situación se repite en el caso de la extorsión, que viene aumentando aceleradamente. Si se compara solo enero de 2022 y 2023, el incremento es del 33 por ciento. A esto se suma el hecho de que, según cifras de Indepaz, este inicio de 2023 es el periodo en el que más masacres han ocurrido en los últimos cuatro años. Entre el primero de enero y el 28 de febrero de este año, el país presenció 21 masacres, 38 por ciento más que en este mismo lapso de 2022, cuando se presentaron 13 episodios. En 2021 la cifra fue de 14 y en 2020 fueron 10 casos.

Este aumento en la criminalidad se ve contrastado con el cambio en la estrategia de lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico que impulsa el actual Gobierno, pero que parece estar mermando el accionar de la fuerza pública: suspensión de los bombardeos, disminución de la erradicación forzada de cultivos ilícitos y no fumigación en aéreas con glifosato. A esto se suman los preocupantes mensajes que ha venido enviando el Gobierno, como el de no respaldar a los 70 miembros del Esmad secuestrados en San Vicente del Caguán, Caquetá, o el de ordenar a la Fuerza de Tarea Omega cesar operaciones contra las disidencias de las Farc.