Mineria ilegal
Desmantelan red dedicada a la minería ilegal de carbón en frontera con Venezuela
La organización al margen de la ley tenía fachadas que permitían comercializar el carbón de manera legal mientras se destruía el medioambiente.
El operativo se dio en el marco de la estrategia integral definida por la Fiscalía General de la Nación para poner en evidencia y judicializar a los principales determinadores de la destrucción de los recursos naturales del país, y la articulación de capacidades con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.
Tras varios meses de investigación y trabajo de campo, impactaron a una red delincuencial señalada de explotar carbón a gran escala en zona de frontera con Venezuela.
En el reporte judicial se describe que la organización obtenía el mineral en dos complejos ubicados en la vereda 20 de julio, en El Zulia (Norte de Santander), los cuales no tenían título minero, licencia ambiental, ni los permisos de ley para operar en la modalidad de socavón.
Los entables estaban dotados de equipos mecánicos y diversas estructuras como malacates, rieles y coches vagones. Todo estaba tan organizado que los trabajadores disponían de motores, compresores de aire, combustibles y otros elementos que generaron daños irreparables a la vegetación, el suelo, las fuentes hídricas y la fauna silvestre.
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Esta red de extracción ilegal de carbón funcionaba desde octubre de 2020, con roles plenamente establecidos y determinados. Cada mina tenía administrador y su respectiva nómina.
En las labores de inteligencia se estableció que fueron constituidas dos empresas para dar apariencia de legalidad al carbón y comercializarlo a nivel nacional.
La Fiscalía General de la Nación dijo a través de un comunicado que la red también contaba con un grupo de transportadores que se encargaba de mover el mineral a cualquier región y que algunos servidores públicos habrían favorecido la actividad delictiva.
Por estos hechos, el ente acusador informó que fueron capturados por orden judicial cinco de los integrantes de la red, entre ellos los presuntos cabecillas y dinamizadores, identificados como Ángel Gabriel Ramírez Cuesta y José María Jiménez Sánchez.
Los demás detenidos son: Óscar Torrado Álvarez, el posible comercializador principal; Kelly Johanna Hernández Quintero, quien sería la administradora de las minas; y el intendente en retiro de la Policía Nacional, Huber Botello Santiago, señalado de alertar sobre las operaciones e investigaciones que avanzaban contra la extracción ilegal de minerales en El Zulia.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medioambiente imputó a estas cinco personas los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero y concierto para delinquir agravado.
“Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados, Ramírez Cuesta, Jiménez Sánchez y Torrado Álvarez aceptaron los cargos y deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia. Los otros dos investigados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, puntualiza la Fiscalía.
Es de resaltar que en abril pasado se desmanteló otra mina ilegal que extraía más de 40 toneladas de carbón diarias y con la que generaban un daño ambiental indiscriminado.
En el marco del ‘Plan Ayacucho’, las fuerzas del Ejército Nacional, en colaboración con la Policía Nacional, lograron un importante golpe contra la extracción ilegal de carbón en una zona rural de la vereda La Selva, ubicada en el municipio de Bochalema, Norte de Santander.
Tres individuos que estaban realizando la extracción sin los permisos necesarios fueron capturados en flagrancia. Según la inteligencia, se determinó que en el sitio se extraían más de 40 toneladas de carbón al día, con un valor aproximado de 18 millones de pesos.
La extracción se llevaba a cabo mediante un socavón rudimentario que había causado la remoción de más de 5.000 metros cúbicos de material, lo que generó un considerable daño ambiental debido a la tala indiscriminada de árboles.
Además, los uniformados incautaron una planta eléctrica, una motosierra, más de 10 galones de combustible y diversos materiales utilizados para la actividad ilegal, que fueron entregados a las autoridades competentes junto con las personas capturadas.
