Corrupción
Desmantelan red que creaba falsos expedientes judiciales para exigirle a las víctimas hasta $4 mil millones
La red la componían dos servidores del CTI, dos funcionarios de la UNP y un contratista de la Dimar.
Al descubierto quedaron dos servidores del CTI, dos funcionarios de la Unidad de Protección (UNP) y un contratista de la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar), señalados de conformar una banda delincuencial que montaba falsos expedientes judiciales para exigirles entre $1.000 millones hasta 4.00 millones a las víctimas en Pasto, Nariño.
La Fiscalía General reveló cómo operaba esta banda, que creaba falsos expedientes por delitos como narcotráfico y testaferrato contra los procesados y sus familiares. De acuerdo con el ente investigador, utilizaban plataformas institucionales, bases de datos, falsas investigaciones, perfiles y presuntas órdenes de captura emitidas por fiscales.
Se trata de los servidores del CTI de la Fiscalía Melvin Domingo Lagarejo Romaña y Alexander Salgado Flórez, los funcionarios de la UNP Carlos Ernesto Guevara Apraez y Víctor Gonzalo Ojeda Moncayo, y Luis Ojeda Guerrero, contratista de la Dimar.
“Los agentes del CTI serían quienes solicitaban a los funcionarios de la UNP organizar los montajes, con la toma de fotografías y vídeos de seguimientos de las personas investigadas, quienes eran citadas en establecimientos comerciales para hablar sobre los temas judiciales”, detalló la Fiscalía.
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Las víctimas denunciaron que desde julio de 2022 los contactaron para exigirles sumas hasta de $400 millones para desaparecer las supuestas carpetas denominadas ‘trabajos de la Fiscalía’. Estas supuestas carpetas contenían, al parecer, los documentos de las investigaciones contra ellos que, supuestamente, llevaban fiscales de Cali y Bogotá.
Agentes del CTI de Pasto, junto con uniformados del Batallón de Contrainteligencia Militar del Ejército Nacional, adelantaron los operativos de captura de los investigados en dos viviendas. Se conoció que en estos domicilios fueron incautados un computador portátil, tabletas, armas de fuego, copias de procesos judiciales, expedientes, tarjetas decadactilares y teléfonos celulares.
Tras una extensa investigación y el recaudo de suficiente material probatorio, la Fiscalía General logró judicializar esta red de corrupción.
Un fiscal de la Unidad Especial de Administración Pública de Pasto les imputó cargos a los cinco hombres capturados, de acuerdo con su participación, por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con concusión y constreñimiento. Sin embargo, solo dos de los cinco imputados se allanaron.
Entretanto, un juez penal con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a tres de ellos, siento Melvin Lagarejo, Carlos Guevara y Víctor Ojeda los cobijados. A Alexander Flórez y a Luis Ojeda el servidor judicial dictó medida de aseguramiento en lugar de residencia.
Secuestró a dos personas y les pidió millonaria suma
Carlos Daniel Quiñones Biojó, alias Chucky, fue procesado por el secuestro de dos personas en Tumaco, Nariño. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General, ‘Chucky’ haría parte de la disidencia residual denominada Alfonso Cano, que opera y atemoriza en este departamento.
Alias Chucky, junto con otros miembros de esa disidencia, secuestraron a dos ciudadanos el pasado 16 de septiembre de 2022 en el barrio Pindo de Tumaco. Posteriormente, detalla el informe de la Fiscalía General, las víctimas fueron conducidas a una vivienda del barrio Panamá. ‘Chucky’ y sus secuaces, descaradamente, les exigieron a los familiares de los retenidos la suma de $50 mil millones por su liberación.
Gracias a las labores de investigación de la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional, se logró la captura de Quiñones Biojó cuando se movilizaba a pie por el Parque Nariño del municipio portuario.
Un juez penal promiscuo del municipio de Francisco Pizarro, en este departamento, avaló la imputación del ente acusador y dictó medida de aseguramiento contra ‘Chucky’, quien deberá permanecer en detención preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El sindicado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
