Chocó, el nuevo botín de grupos criminales

En Chocó la violencia no da tregua. Sin vida fueron encontrados los cuerpos de los hermanos Dalmiro y Anselmo Cárdenas Victoria cuatro días después de que desaparecieron sin dejar rastro alguno. Eran transportadores fluviales y habían salido a la vereda de Pichima-Playa a recoger a los miembros de la curia que días antes habían movilizado para celebrar la Semana Santa.

"Estaban irreconocibles, tenían impactos por arma de fuego. Posiblemente los mataron el mismo día", le dijo una fuente a Semana.com. Pero ese no es el único caso que se ha presentado por estos días en la región. Según informó la Defensoría, ocho personas se encuentran secuestradas por grupos armados ilegales.

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Uno de los casos más recientes tiene que ver con la retención durante 48 horas de Nelson Pedroza Tunay y su sobrino Melanio Pedroza Isa. Los hechos se presentaron entre el Bajo Baudó y Nuquí. Una de las versiones que manejan las autoridades es que grupos armados que se están expandiendo usan como guía a los mismos pobladores para poderse desenvolver con más facilidad por los territorios. 

Aunque las sospechas de las autoridades apuntan a las denominadas Autodefensas Gaitanistas y el ELN, no hay certeza de quién estaría detrás de estos secuestro. Y es que, por ejemplo, en el caso del indígena embera Jaime Pedroza Izampara no se tiene ninguna pista de su paradero. Igual que en el caso de las dos menores Laura Caizamo Pedroza y Lorena Caizamo que desaparecieron el pasado 8 de abril en la comunidad de Bellaluz -resguardo Doimamá-Tumá-Bellaluz- junto a un adulto, que según testigos, horas después de la detención no se le vio junto a las menores que eran trasladas de su vivienda -a donde hombres armados llegaron preguntando con nombre por los miembros de sus familias- al norte de la región.

"El problema es que las autodefensas están cogiendo fuerza en las zonas rurales donde hace unos seis años se venía moviendo el ELN. Lo que se cree es que con esa incursión cuando sospechan de alguien que han tenido relación con el grupo guerrillero los asesinan y eso genera desplazamiento", manifestó otro poblador de la región que prefirió omitir su nombre por seguridad.

La violencia en esa zona del país sigue más viva que nunca. Muestra de ello es que además de las desapariciones y secuestros los pobladores tengan que lidiar con la presión de los confinamientos que tienen en jaque a las comunidades afrodescendientes e indígenas. "La disputa entre los grupos posdesmovilización y el ELN por las zonas que antes ocupaban las FARC se ha acrecentado en los espacios de las comunidades étnicas, le dijo este portal Luis Murillo, defensor regional de Chocó." Un temor que aumenta con la instalación de explosivos improvisados en los campos.

Incluso, en Pizarro, la cabecera del Bajo Baudó, hace unos meses se desplazó toda una comunidad de al menos 56 personas que aún permanecen allí asentadas. Esto, luego de que miembros del ELN asesinaron a un habitante de la zona. La crisis humanitaria se torna más delicada si se tiene en cuenta que en muchos de los municipios donde se han presentado los desplazamientos no se cuenta con la cobertura logística necesaria para sostener los hogares de paso.

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Hace poco más de quince días la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzó una alerta sobre la situación de inminente desplazamiento que encaran las comunidades indígenas de Kiparadó La Loma, Marcial, Jagual, Juin Duur, Pichindé y Peñas Blancas de las etnias Wounaan y Embera por una parte, y las comunidades afrodescendientes de Quiparadó Platanillo, La Nueva y Taparal.  

De acuerdo con el organismo internacional todas estas comunidades están en "confinamiento, lo que les implica no poder acceder a sus lugares de siembra y producción de alimentos, y tienen restricciones en su movilidad por el riesgo que representa el hecho que actores armados ilegales hayan sembrado minas antipersonal en su territorio, incluso en lugares muy próximos a escuelas y otros bienes civiles".

Pero el dedo inquisidor no sólo apunta hacia las bandas criminales sino también hacia el ELN por el caso de Leidy Bibiana Betancourt Gonzáles y Fredy Alexander Chaverra. La pareja desapareció hace más de un mes cuando se desplazaba por San José del Palmar, en límites con Risaralda.

Son todas las comunidades afrodescendientes e indígenas asentadas cerca al río San Juan son las que están sintiendo la oleada de violenta. Aunque desde distintos escenarios se ha dicho que se reforzó la presencia de la fuerza pública en la región, "la respuesta gubernamental no es del mismo nivel de la amenaza".

¿Qué se pelean los grupos ilegales?

En Chocó muchos respiran pánico y desesperanza. Al menos 3.812 personas abandonaron sus casas en lo que va corrido del 2017, las amenazas y los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales por los territorios y la fuerza pública los sacó espantados para no ser asesinados. 

Según la ACNUR, se han registrado 23 eventos en toda la zona pacífica que obligaron a desplazar a más de 1.052 familias. En muchos casos quienes "regresan apresuradamente" terminan confinados por las amenazas que no dan tregua.

Pero, ¿cuál es el interés de los grupos armados? La cruz pesa sobre todo el pacífico debido a su posición geográfica. En el caso del Chocó, por ejemplo, toda la red fluvial del Atrato es clave porque facilita la comunicación con el océano Pacífico, es decir, que son una puerta de oro para salir o entrar a Colombia con cualquier tipo de carga, sea droga o armas. 

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"En el Pacífico está pasando lo que ocurrió en la Costa Atlántica hace 20 años. Hay una expansión de bandas criminales de élites políticas que están disputando la riquezas naturaleza. Hay una confluencia de actores en esa disputa por el oro, las maderas, el control de los puertos y el narcotráfico. Uno de los actores principales es el Clan del Golfo en una ofensiva enorme que busca ocupar las zonas que dejaron las FARC", señaló el analista León Valencia.

A su juicio se está conjugando una ofensiva de todos los actores ilegales que se acentua con la indiferencia de la que es víctima la región. "Hay una complicidad de muchos sectores de la fuerza pública con estos actores ilegales", agregó.

Para Jozef Merkx, director de la ACNUR, "el desplazamiento interno en los últimos año ha ido bajando. Por eso estamos emitiendo alertas porque hay zonas del país que nos preocupan porque sí se están presentando nuevos casos. Son más de 4.202 sumando toda la zona Pacífica, Norte de Santander y Arauca. Ahora no es causado por las FARC, incluso con el proceso de paz hay ciertas mejoras pero no podemos olvidar que lamentablemente hay otros grupos que están llegando a ocupar esas tierras".

La violencia en Chocó se volvió paisaje, pero los pobladores se resisten a la posibilidad de no recibir los réditos que empieza a dejar la paz en otras regiones. Y es que en el Chocó "sí sintieron un alivio con la concentración de las FARC", el problema es que la tranquilidad duró hasta cuando otros grupos armados empezaron a rediseñar el mapa criminal de la región. "En el corregimiento de Orpua los pobladores aterrorizados ruegan en este momento para que se ocupe toda la línea de la costa sur y así se frente la avanzada criminal", informaron.

Para muchos chocoanos "en 20 años de conflicto nunca habían sido testigos de una confrontación tan seguida y que sacudieran al mismo tiempo a toda la región. Un accionar tan fuerte como el que se ha sentido últimamente", señaló Sterlin Londoño Palacios, vicario general y de pastoral afro de Quibdó.

El tiempo empieza a darles la razón a las principales víctimas del conflicto. En más de 52 años los indígenas y los afros no sólo han encarado los avatares de la guerra sino también la espalda que les dieron en La Habana cuando propusieron incluir un enfoque étnico a la implementación. Penaron más de cuatro años, hasta días antes de la firma cuando las presiones políticas, incluso de congresistas estadounidenses, terminaron sentando al Gobierno y las FARC junto a ellos.

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Colombia sigue estando en deuda y ni siquiera la negociación sirvió de bálsamo a las comunidades étnicas del país. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y aunque el aterrizaje del acuerdo de paz avanza con la mirada fija en que cayeron las cifras de las confrontaciones y el número de víctimas, el país no puede perder el foco de la "guerra reciclada" de la que diferentes grupos armados echan mano en el pacífico colombiano y que amenaza con dejar otra larga estela de víctimas.