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Las personas migrantes que tienen situación de irregularidad y que quieran estudiar, tienen el derecho a la educación, y no se les puede negar. Así lo dice la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá.
La Secretaría de Educación identificó a 20.301 niños que cumplen con todos los requisitos para acceder a transporte escolar del Distrito, pero de ellos, cerca de 2.300 todavía no logran obtenerlo. | Foto: Guillermo Torres

Bogotá

Después de cuatro meses, más de 2.000 estudiantes siguen sin transporte escolar en Bogotá

En algunas localidades la Secretaría de Educación ha llegado a proponer que los estudiantes se cambien de colegio a pesar del avance del año escolar.

27 de abril de 2022

Continúan las quejas de los padres de familia y cuidadores de niños, de colegios públicos que a estas alturas del año continúan sin el servicio de ruta escolar, en algunos casos sin siquiera un subsidio de transporte, y en otros, con casos de hermanos que están en diferentes colegios a una gran distancia de sus casas.

En la más reciente comisión de problemáticas de la educación, la concejal por el partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, puso de presente nuevamente las denuncias de más de 80 familias de la localidad de Suba que tienen a sus hijos estudiando en el colegio Rafael Bernal Jiménez de la localidad de Barrios Unidos.

Con corte al pasado viernes 22 de abril, la Secretaría de Educación identificó a 20.301 niños que cumplen con todos los requisitos para acceder a transporte escolar del Distrito, pero de ellos, cerca de 2.300 todavía no logran obtenerlo, según ha dicho la entidad por el incumplimiento de los contratistas que aducen problemas logísticos y hasta técnicos para justificar el no haber podido prestar el servicio.

“Aquí está de por medio la calidad en la educación de los menores afectados, que llegan tarde o no logran llegar a sus colegios; su seguridad, porque muchos que deben ir en bicicleta o a pie, se exponen o ya han sido víctimas de hurtos de sus celulares o hasta sus cuadernos; su integridad y su salud, sobre todo ahora en temporada de lluvias y cuando todavía no ha pasado la pandemia”, cuestionó Bastidas.

Según lo denuncia la cabildante, hay familias que todavía no reciben el subsidio de hasta $1.600.000 para menores de 14 años y de hasta $800.000 para mayores de 14 años que tiene destinado la Secretaría para los estudiantes que no alcanzan el cupo de ruta.

Los padres de familia de estos estudiantes han tenido que sacar de sus salarios o pedir prestado para pagar pasajes que no deberían estar pagando. Tampoco son aceptables soluciones complejas como las que le ha propuesto la Secretaría de Educación a padres de la localidad de Rafael Uribe Uribe, de que accedan a cambiar de colegio a sus hijos, cuando en este momento los niños ya pasaron su primer periodo, ya se adaptaron a una dinámica educativa, como para cambiarla”, afirmó la concejal de la Alianza Verde.

En ese orden de ideas, para Lucía Bastidas queda clara la falta de planeación de la Secretaría de Educación, “que no tuvo un plan de contingencia para enfrentar esta crisis de movilidad para niños y niñas; debieron ofertar los cupos de acuerdo al lugar de residencia en lugar de asignarles cupos en colegios lejos de su hogar, siempre se ha insistido en eso y todavía no han querido escuchar. Más aun teniendo como precedente que las rutas escolares benefician solo al 3 % de los estudiantes de cada colegio”.

Cabe recodar que reciente la concejal Bastidas propuso a la administración distrital la posibilidad de usar los buses de TransMilenio como ruta escolar, pero la Secretaría de Educación aseguró que por legalidades y procedimientos, no fue posible acoger la propuesta.

“Mientras el 13 % de la flota de buses permanecen estacionados, los estudiantes siguen enfrentando todo tipo de dificultades para poder estudiar. ¿Dónde quedan los derechos de los niños y niñas de la ciudad? No se pueden seguir demorando las medidas de sanción a los contratistas que incumplen y siguen ganando procesos, y tampoco se puede quedar la entidad de brazos cruzados, incumpliéndoles a los padres y a los estudiantes y vulnerando el derecho a la educación”, puntualizó Bastidas.