Después de Odebrecht llegaría el tsunami Camargo Correa

Cuando el país apenas logra dimensionar el desastre que dejan los sobornos de Odebrecht en los contratos de infraestructura más importantes del país, la Fiscalía trabaja en pistas de lo que sería un nuevo tsunami de corrupción, con mayores repercusiones y que involucraría a otra firma de ingeniería brasileña.

A pesar de tener el agua al cuello, hace apenas una semana la constructora brasileña Camargo Correa aceptó negociar con el Ministerio Público de Brasil. Sus 40 principales directivos y socios anunciaron que revelarán cómo y desde qué cuentas bancarias se pagaron sobornos por obras públicas en Brasil y Perú. Ello causó un terremoto político al vincular a más de 200 personas del Ejecutivo y el Legislativo de ambos países.

Aunque dos de los principales directivos de Camargo Correa, Dalton Avancini y Eduardo Leite, negociaron y firmaron acuerdos de delación premiada en el 2015 por contratos con Petrobras, Electrobras y Electronuclear, solo hasta ahora desde Curitiba y Brasilia, la firma comenzó a cantar. Y en sus delaciones aparecería Colombia.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se reunió esta semana con su homólogo en Brasil Rodrigo Janot, con quien dejaron sentados los mejores canales de cooperación en el marco de los escándalos de corrupción que sacuden la región. Al fiscal Martínez lo acompañó su vicefiscal, María Paulina Riveros, quien estuvo prácticamente ausente de todas las reuniones oficiales; tenía una misión diferente.

Riveros recibió declaraciones cruciales para las investigaciones que se adelantan en Colombia. En su viaje, la vicefiscal habría pasado, entre otras, por Curitiba, centro de la gran operación de anticorrupción Lava Jato.

La Fiscalía tiene en su poder las primeras pistas para dar comienzo a las indagaciones de lo que sería el siguiente gran escándalo: el relacionado con supuestos sobornos de Camargo Correa en Colombia, que se sumarían a las de Odebrecht, que ha salpicado a varias personas y amenaza con crecer en los próximos días.

Por ello, comenzaron a revisar las licitaciones que encabezó la constructora en Colombia. Una de las más polémicas apunta al occidente del país. Se trata de la construcción de la hidroeléctrica Ituango, una obra ambiciosa que busca generar el 9 % de la energía de Colombia.

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La entrega de este proyecto, que es el sueño de los antioqueños desde hace décadas, fue tan polémico como otros contratos que hoy están en el ojo del huracán.

Desde la apertura de la licitación en el 2011, diferentes sectores políticos de Medellín denunciaron supuestos favorecimientos de la Empresas Públicas de Medellín (EPM) al Consorcio CCC Ituango, conformado por la brasileña Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.

Las dudas -disueltas con el avance de las obras, que hoy llegan a un 66%- comienzan a volver a la memoria.

Aunque al comienzo del proceso 21 empresas mostraron interés, sólo siete entraron en la puja. Gigantes de la construcción en España, como Dragados, Sacyr y Ferrovial se abstuvieron porque alertaron que la licitación era excluyente.

Dentro de los requisitos, por ejemplo, EPM estableció que los proponentes debían tener un crédito y demostrar la forma como iban a financiar la obra, lo que dejó a muchas empresas de Europa y Estados Unidos por fuera. Esto debido a la dificultad para obtener avales por la crisis económica. Lo curioso es que a última hora, cuando el proceso estaba en la recta final y quedaban dos proponentes, sin mayor explicación esta condición fue eliminada.

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Para la adjudicación entraron a disputarse el contrato la Unión Temporal Aoco (conformada por Acciona, El Cóndor y Obras Subterráneas); el consorcio Pescadero Ituango (Andrade Gutiérrez de Brasil, Impregilo de Italia y Conciviles de Colombia); el Consorcio OMS Ituango (conformado por las firmas Odebrecht, Minciviles y Solarte) y CCC Ituango, liderado por Camargo Correa con una participación del 55 %.

De los dos seleccionados, OMS Ituango y CCC ituango, fue éste último el que entregó la propuesta más económica. Propusieron realizar la obra con 1.900 millones de dólares, casi 13% menos del presupuesto de referencia presentado por EPM (que fue por 2.200 millones de dólares).

El gerente de EPM de ese entonces, Juan Esteban Calle, mantuvo un silencio frente a todas las denuncias, pues siempre alegó que la información era reservada y que el proceso se había manejado con total transparencia.

Curiosamente, después de dejar el cargo, Calle fue nombrado presidente de Cementos Argos, la única empresa que cumplió los exigentes requisitos para ser el proveedor del concreto de la Hidroituango.

Pese a que fue la propuesta más económica, las denuncias alertaron porque la estrategia estaría precisamente en presentar valores por debajo del presupuesto de EPM para ganar la licitación.

El proyecto de Hidroituango es uno de los más importantes en el sector energético del país ya que se trata de la construcción de la mayor central hidroeléctrica, con una capacidad de 2.400 megavatios, entre los municipios de Ituango y Briceño, al norte de Antioquia.

Las obras tienen un avance cercano al 50 por ciento. Durante su ejecución se han presentado problemas con las comunidades, la compra de predios y fallas geológicas. El proyecto, como muchos de los que se han hecho en el país terminará costando más de lo planeado. Se estima que su valor ronda los 5.300 millones de dólares.