Destapan olla podrida en Fonade que salpica a Musa Besaile y a Eduardo Tous

Fonade fue creada para ser motor de proyectos de desarrollo en las regiones de país con un presupuesto de 2,2 billones de pesos. Sin embargo, los cuestionamientos en el manejo de recursos y los señalamientos de que se convirtió en fortín político, han llevado a que varias voces clamen su liquidación. 

Este martes, los líos se tradujeron en capturas. La Fiscalía General capturó a siete personas que habrían intervenido en la adjudicación de un millonario contrato de interventoría para viviendas de interés social en Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila.

Sin mucha sorpresa, el ente investigador señaló los nombres de los congresistas que habrían estado detrás de dicha adjudicación: Musa Besaile Fayad y Eduardo José Tous de la Ossa. El primero, preso por parapolítica y por el cartel de la toga; el segundo, mencionado en el escándalo de Odebrecht como el hombre que al lado de Bernardo Miguel Elías intervino para conseguir un socio para el contrato de Navelena. 

Más de 1.000 horas de interceptaciones telefónicas de la Fiscalía, llevaron a los investigadores hacia el contrato por 16.000 millones de pesos que fue adjudicado al Consorcio Inteviviendas. A cambio se habrían desembolsado un 25 por ciento del valor del contrato para los senadores y un 10 por ciento para Torre Negra. Este último alias, dice la Fiscalía, tendría relación con un alto cargo directivo de la entidad que no ha sido identificado. 

El 2 de marzo del 2017, Fonade extiende invitación a tres firmas para adjudicar la interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en la Fase II del programa de vivienda gratuita. Al tratarse de un proyecto privado, la entidad tenía esta potestad. Llama a las firmas Técnicas Territoriales y Urbanas SL Sucursal Colombia TTU; KHB Ingeniería S.A.S. y Tecnologías y Consultorías Amientales y de Gestión S.A.S. 

Según la Fiscalía, la representante legal de esta última, Marcela Sofía Alies Fuentes, se unió con varios socios para presentarse como Consorcio Interviviendas: los integrantes fueron Juan Felipe Morales Tabares, de ISOAM SAS, y Amaury Segundo García De La Espriella, del Grupo Orión. Al final, al proceso de contratación solo se presentaron TTU y el Consorcio Interviviendas.

Para la adjudicación del contrato al consorcio, habrían falsificado los documentos que certificaban idoneidad. También le habrían pagado 200 millones de pesos a su competidor -TTU- para que presentara una propuesta que fuera inviable. 

Quienes habrían hecho la intermediación en nombre de Besaile, según consta en el expediente de la Fiscalía, habrían sido Richard Kamal Náder Ordosgoitia y por Ronald Ruiz de León. En lo que respecta a Ordosgoitia, se le señala de sostener contactos con funcionarios de Fonade de quienes al parecer recibió información privilegiada sobre las condiciones en que el competidor habría entregado la documentación.

Los contactos los habría hecho con Jorge Iván Henao Ordóñez, asesor de contratación de gerencia; y con Jorge Eliécer Córdoba Quintero y Antonio María Sánchez Lozano.

Aunque la negociación tambaleó en abril del 2017, cuando el Comité Evaluador de Fonade recomendó declarar fallido el proceso, funcionarios de la entidad habrían salvado la licitación rindiendo conceptos a cambio de una coima. La Fiscalía compulsó copias porque al parecer quien siempre estuvo empujando la adjudicación fue el congresista Eduardo José Tous.

"El 25 de abril se obtuvo el concepto favorable en el que se le adjudica al Consorcio Interviviendas el contrato y el 26 de abril se llevaron a cabo los trámites ante una entidad bancaria ubicada al frente de Fonade, en Bogotá, para retirar los recursos que se distribuirían entre los funcionarios del área jurídica implicados", dijo la Fiscalía a través de un comunicado.

Una vez se celebró el contrato el 8 de mayo de 2017, los investigadores envidenciaron pagos desde la cuenta del consorcio hacia un hombre llamado Amaury García quien, a su vez, hizo consignaciones para Richard Náder y Ronald Ruiz de León.

Según la investigación se pactó un pago por 4.153 millones para los congresistas; se pagaron 60 millones a Richard Náder y cerca de 36 millones a Ronald Ruiz de León. Otros 15 millones se habrían entregado a los funcionarios del área jurídica de Fonade que participaron en la operación, y se prometieron 200 millones al equipo evaluador de proyectos de Fonade, pagaderos durante la ejecución del contrato.

Las autoridades capturaron a Felipe Rodríguez Mariano, miembro del Comité Evaluador de Fonade; a Jorge Eliécer Córdoba Quintero, integrante de la oficina jurídica de Fonade, y  Antonio María Sánchez Lozano, integrante de la oficina jurídica de Fonade, quienes serán imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir. A los contratistas Amaury Segundo García De La Espriella y Juan Felipe Morales Tabares. También a los particulares Richard Kamal Náder Ordosgoitia y Ronald Rafael Ruiz de León.