El polémico magistrado del caso Petro

Ovidio Claros Polanco no es un aparecido en la órbita del poder en Bogotá. Al contrario, es un abogado de vasto recorrido que ha tenido varios cargos públicos entre ellos el de contralor de la ciudad y representante a la Cámara, entre otros.

Ahora volvió a la primera plana por haberle dado un inesperado respiro al alcalde Petro. Quienes lo han visto pasar por los pasillos del Consejo Superior de la Judicatura dicen de él que es una persona elegante, de buen gusto y buenas maneras. Siempre se muestra amable y recibe con una sonrisa a todas las personas de su despacho, sin importar el cargo. Sea el citador hasta el magistrado auxiliar, los saluda por igual. Sus más cercanos colaboradores lo describen como una persona tranquila, calmada y bastante calculadora.

Este abogado presume además de su currículo académico. Graduado de la Universidad Libre tiene, además, especializaciones en Derecho Público, Universidad Nacional de Colombia; Gerencia de Servicios de Salud, Universidad Jorge Tadeo Lozano; y en Derecho Ambiental, Universidad del Rosario. También adelantó un Máster Executive en Gestión del Marketing, Escuela de Organización Industrial Madrid (España).

Y ha estado siempre gravitando en los escenarios del poder. Como contralor (1998 – 2000) fue una figura bastante sonora. 

Su simpatía con la congresista Alba Luz Pinillos siempre fue visible al momento de realizar sus aspiraciones políticas. Ha sido de tendencia liberal radical, la cual dejó plasmada en la presidencia de la Sala Disciplinaria de la Judicatura la cual ocupó durante el 2009.

Sus compañeros de sala lo describen como un tipo tranquilo y sereno, pero un buen jugador que siempre está muy bien presentando. En sus primeros años estuvo aliado con el exmagistrado Henry Villarraga y Angelino Lizcano, pero al pasar los días se fue distanciando de esos compañeros, quedando prácticamente solo en la sala al no pertenecer a ninguno de los bloques.

Se ha caracterizado por ser muy crítico en los nombramientos que se realizan en la Sala Disciplinaria en aras de que no se vuelva a presentar el famoso ‘carrusel de pensiones’, por lo cual hasta la postulación de un citador la cuestiona con el objetivo de que no tenga la posibilidad de quedar con una mega pensión. Además estuvo investigado por la Fiscalía por un posible nombramiento irregular, que al final no se pudo comprobar.

En el año 2004, por violación al régimen de inhabilidades, el Consejo de Estado despojó de su investidura de congresista al representante a la Cámara por Bogotá Ovidio Claros Polanco. Para el Alto Tribunal, el dirigente político trabajó como funcionario público un año antes de inscribirse como candidato a la cámara baja.

El Consejo de Estado estableció que Claros siguió ejerciendo como contralor de Bogotá dos meses más después de concluir el periodo para el cual fue elegido, con lo cual se inhabilitó por cinco días. Por eso tiene una actual demanda al Estado por su sanción.

El escándalo más sonoro que ha tenido que soportar es el de una supuesta demanda por alimentos interpuesta por su exesposa Liliana Torres, que no terminó en nada puesto que con las copias de los cheques que ha girado para la manutención de sus hijos y copias de las decisiones adoptadas por el juzgado tercero de familia de Bogotá, certificó el cumplimiento de sus obligaciones y que ya terminó el proceso de alimentos luego de llegar a una conciliación.

Igualmente, existe un manto de duda sobre unas investigaciones disciplinarias que se adelantaron en contra de Claros Polanco cuando este fue gerente del Seguro Social de Bogotá. Claros fue suspendido 30 días de la gerencia del Instituto porque según una investigación modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada.

Ahora este magistrado de tendencia liberal, tendrá que exponer cuál será su posición respecto a las 326 tutelas que tiene en su poder la judicatura, con las que se puede suspender el fallo del procurador o por el contrario dejarlo en firme. ¿Que pasará?