Excanciller Álvaro Leyva fue destituido e inhabilitado durante 10 años por la Procuraduría por el caso de los pasaportes

La Procuraduría General de la Nación le impuso una sanción de diez años de destitución e inhabilidad al excanciller Álvaro Leyva, por todo el escándalo que se desató alrededor de la contratación para elaborar pasaportes en Colombia. Todo el proceso se armó por los manejos que se les dio a los procesos licitatorios para ese servicio esencial en el país.

Dentro de la lectura del fallo, el procurador Espinosa explicó por qué no se admitió la solicitud que presentó la defensa de Leyva para que se anulara el proceso ante la falta. Para el procurador Espinosa, nunca se afectaron principios como la inmediación para el investigado, y la defensa no explicó cuál decisión afectó las garantías del excanciller.

La lectura del fallo contra Leyva se había aplazado por una semana después de que el abogado del excanciller, Yefferson Dueñas, argumentara que no podía asistir a la diligencia que se había programado inicialmente porque para ese mismo día tenía una audiencia pública que debía atender en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Por esa razón, el procurador Espinosa reprogramó para este martes, 12 de noviembre de 2024, la audiencia de lectura de fallo dentro del juicio verbal contra Álvaro Leyva, diligencia que se llevó a cabo en el cuarto piso de la Procuraduría General, en el centro de Bogotá.

Dueñas le había pedido a la Procuraduría que se abstuviera de emitir cualquier tipo de sanción disciplinaria contra el excanciller, al argumentar que el proceso de licitación estuvo plagado de irregularidades y su cliente actuó como lo exigía la ley frente al proceso licitatorio.

Sin embargo, la Procuraduría siguió adelante en el proceso al considerar que cometió faltas por declarar desierto el proceso de contratación por 600 mil millones de pesos que inicialmente se ganó Thomas Greg & Sons.

Después de esa declaración, al canciller también le tocó decretar una urgencia manifiesta para volver a contratar la empresa multinacional con el fin que no se viera afectado el proceso de elaboración de pasaportes en Colombia. Todas esas acciones terminaron siendo investigadas disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación.

La misma Agencia Jurídica del Estado, liderada por el magistrado César Palomino, también había defendido a Leyva en este proceso asegurando que “encontró que en este caso se daban circunstancias que impedían la selección objetiva, que se habían establecido requisitos técnicos que restringían una libre concurrencia de todos los oferentes en este proceso”.

El fallo sancionatorio contra Leyva estuvo compuesto por 112 folios que recogieron todas las pruebas alrededor de las faltas disciplinarias que se cometieron por declarar desierta la licitación que ya se había ganado Thomas Greg y la cual terminó en una urgencia manifiesta.

El procurador Ernesto Espinosa explicó en la lectura del fallo: “El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores está en cabeza del ministro de Relaciones Exteriores (...); antes de la terminación del contrato de 2019, el secretario general del ministerio suscribió un acuerdo que tenía como objeto asistencia técnica para la elaboración de pasaportes electrónicos”.