Destituyen e inhabilitan a funcionarias de oficinas de registros públicos en Bogotá y Sincelejo

La Superintendencia de Notariado y Registro impuso sanciones disciplinarias a dos funcionarias que actuaban en distintos lugares del país por hechos irregulares en medio del desarrollo de sus funciones. Ambas fueron inhabilitadas y destituidas por 10 años.

Una de ellas es Lilia Patricia Ruiz Hoyos, quien se desempeñaba como técnico operaria en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de la zona sur de Bogotá, quien según la entidad incurrió en una falta disciplinaria al ingresar información irregular al sistema de la Superintendencia.

Ruiz alteró la información en el campo de la descripción, cabida y linderos de varios folios de matrículas inmobiliarias en los registros de instrumentos públicos de la oficina en la que se desempeñaba. Para ello, utilizó turnos de corrección y modificaciones y no cumplió con los requisitos legales de la entidad.

“De esta forma, vulneró la idoneidad del registro contemplada en el estatuto registral y demás normas e instrucciones que señalan el procedimiento para realizar correcciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012″, dice la Superintendencia.

La información ya habría salido a la luz pública en 2015 gracias a un trabajo periodístico de “Séptimo día” de Caracol Televisión en el que se denunció este tipo de irregularidades, las cuales eran solicitadas por personas que querían evadir pagos de derechos registrales y escriturales, como son los trámites de licencia de construcción, necesarios para hacer mejoras en los inmuebles.

La Superintendencia dice que por hechos similares ya han sido sancionados 4 exfuncionarias más de esta oficina, es decir, que en total serían 5 sancionados de la ORIP sur de Bogotá, a quienes se les hizo seguimiento a través de la Oficina de Control Disciplinario de la entidad.

El otro caso por el que la Superintendencia de Notariado y Registro sancionó con inhabilidad y destitución por 10 años se presentó en Sincelejo, Sucre. Allí, Juliana María González García, una abogada de la ORIP de esa ciudad, habría infringido presuntamente su deber por cometer una irregularidad en un registro.

Según dice la entidad, González habría omitido el estudio jurídico de un folio de matrícula pasando un inmueble catalogado como de falsa tradición, es decir, sin ser el titular de la propiedad, a plena propiedad, sin llevar a cabo los correspondientes estudios en los que se evidenciaba la inhabilidad para consolidar el traspaso de los bienes.

La entidad dice que en este caso no era procedente el registro y que la funcionaria debió haber generado la devolución del caso o pasar un informe para la debida investigación y actuación administrativa; sin embargo, continuó con el proceso con la evidente irregularidad. Además de eso, González habría alterado posteriormente el Sistema de Información Registral de la oficina en Sincelejo, para ajustar la situación jurídica del folio.

La entidad también recordó que hace unos meses fueron sancionados otros funcionarios de oficinas en Florencia y San Vicente del Caguán por otros hechos de corrupción en los que cometieron delitos como falsedad ideológica en documento público y prevaricato.

La Superintendencia de Notariado y Registro dice que seguirá con la lucha contra la corrupción y vigilando este tipo de actuaciones de funcionarios en todas las oficinas del país con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de los derechos de la propiedad inmobiliaria en el país.