Destituyen e inhabilitan por más de 15 años a funcionarios de red delictiva en Florencia y San Vicente del Caguán

Goethny Fernanda García, superintendente (e) de Notariado y Registro, resaltó la labor de la entidad en la sanción impuesta a varios funcionarios de San Vicente del Caguán que estarían presuntamente cometiendo actividades delictivas y de corrupción de forma organizada para hacer cambios injustificados en el área de predios de la región, aprovechándose de las facultades y accesos con los que contaban.

La Superintendencia de Notariado y Registro sancionó con destitución e inhabilidad a la registradora seccional de San Vicente del Caguán, Caquetá, Irma Cuellar, y a otros funcionarios que están siendo investigados por hacer parte de esta red delictiva.

Según la información conocida por SEMANA, esta red operaba bajo actos delictivos en falsedad ideológica en documento público y prevaricato, a través de trámites registrales de predios que se realizaban en las oficinas de la entidad en esta región.

El hecho había sido puesto en conocimiento por una oficina asesora jurídica el 26 de febrero de 2018, que pasó a manos de la Oficina de Control Disciplinario Interno y quien puso en conocimiento la captura llevada a cabo por un cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación contra varios de los funcionarios implicados que pertenecían a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia y San Vicente del Caguán en Caquetá. Los hechos por los que son imputados tienen que ver con presuntas irregularidades en el funcionamiento de esa oficina con hechos relacionados a actos de corrupción.

Según detalla el documento, los implicados que hacían parte de una red delictiva que operaba en esta oficina de San Vicente del Caguán, conseguían clientes de forma delictiva, incluso, llegaron a expandir su operación a otras entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y por medio de trabajadores de una notaría en Caquetá.

El objetivo del accionar delictivo era que estos trámites fraudulentos tuvieran una apariencia de legalidad para repartirlos al interior de las oficinas de registro con las que contaban, para que los procesos fueran calificados por funcionarios de confianza pertenecientes a la red delictiva.

Además de la registradora de San Vicente del Caguán, otros de los funcionarios que fueron detenidos y están siendo investigados son: Julián Ignacio Aguilar Medina, Fabian Ortiz, Víctor Torres y Octavio Ordóñez, quienes también fueron sancionados.

Dentro de lo que se ha encontrado por la investigación de la Superintendencia de Notariado, es que presuntamente entre 2017 y 2018 estos funcionarios incurrieron en el delito de concierto para delinquir entre los mismos funcionarios y en conjunto con otros empleados de notarías y del IGAC.

La actividad delictiva de los funcionarios consistía esencialmente en dar autorizaciones arbitrarias y amañadas para registrar actos que no eran procedentes y con falsedades ideológicas en el documento público, para hacer cambios injustificados en el área de predios que finalmente eran reflejados en los folio de matrícula inmobiliaria.

Por ejemplo, el papel de Julián Aguilar era el de conseguir clientes que requirieran estas diligencias irregulares y coordinar toda la actividad delictiva en el grupo. Dirigía a sus compañeros para llevar a cabo los procesos a conveniencia de las irregularidades, para beneficiar la calificación de turnos de registro. Gracias a estos ajustes ilegales, recibían remuneraciones para todo el grupo delictivo.

En el caso de la registradora Irma Cuellar se conoció que emitía información falsa en el Sistema de Información Registral, aprovechándose de los accesos y facultades que tenía para hacer los ajustes. Se evidenció que todo su actuar se dio bajo su propia voluntad y consciencia.

La superintendente Goethny García impuso sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por estos hechos a los funcionarios mencionados. El más alto fue a Cuéllar por 16 años; a Fabián Ortiz la sanción fue por 14 años; a Víctor Torres se le impusieron 12 años y a Julián Aguilar y Octavio de Jesús Ordóñez 10 años.

El informe de la Superintendencia dice también que en su caso cuenta con una prueba en la que ella aceptó directamente un beneficio personal para modificar el área de la escritura, lo que corroboraría que su actuar no fue un error.

García es la superintendente encargada y se ha desempeñado a lo largo de su carrera como abogada en diferentes cargos, ha sido asesora y directora de varias entidades públicas a nivel nacional y fue juez ante la Inter-American Moot Court Competition de la American University Washington College of Law. La superintendente destacó el resultado de la entidad para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar la seguridad jurídica de los derechos de propiedad inmobiliaria en el país.