JUDICIAL

Destituyen en inhabilitan a exgerente de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a Édgar Antonio Ruiz por irregularidades presentadas en el segundo contrato del proyecto de la presa seca de Cantarrana.

15 de febrero de 2012
| Foto: Archivo SEMANA

Este miércoles, en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a Édgar Antonio Ruiz, en su condición de gerente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

La decisión se tomó tras comprobar las irregularidades en el segundo contrato del proyecto de la presa seca de Cantarrana, "consistente en la continuación de la construcción de las obras para el control de crecientes de la cuenca del río Tunjuelo".

Según el comunicado del Ministerio Público, la decisión disciplinaria también cobija a Ulises Julio Ibarra, en su condición de director de Contratación y Compras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la época de los hechos.

"Ruiz participó en la actividad contractual con detrimento del patrimonio público, al no disponer de la correspondiente justificación técnica ni económica idónea para estipular un mayor precio de varios de los ítems de obra consagrados en el contrato", explicó el organismo investigador.

La misiva agrega que en consecuencia con la conducta de Ruiz, "se fijó un mayor precio en tres ítems de obra de este contrato con relación a los precios fijados el 31 de julio del 2006 por el diseñador y asesor del citado proyecto. Esta omisión se prolongó durante la ejecución del contrato, es decir entre el 25 de agosto del 2006 y el 15 de septiembre del 2007 y hasta el 30 de noviembre del 2007, fecha en la que el señor Antonio Ruiz aprobó la liquidación del contrato".

La Procuraduría aseguró que en el caso de Ibarra, se incurrió en una falta disciplinaria "al permitir que en el aludido contrato se estipulara un mayor precio en tres de los ítems de obra respecto a los precios fijados el 31 de julio de 2006, sin justificación técnica ni económica idónea, generando el sobrecosto en estas obras".

Lo anterior, en criterio del Ministerio Público, provocó que la entidad contratante pagara en exceso por estos tres ítems de obra $571.507.442 de pesos.

"En consecuencia, los valores pagados estuvieron “distantes de los precios del diseñador que resultaban favorables para la entidad contratante por ser los más acordes con los precios del mercado", concluyó el comunicado.
 
Cabe recordar que contra la decisión adoptada procede el recurso de apelación.