Nueva imputación de la JEP: falsos positivos atribuidos al batallón La Popa

La JEP anunciará una nueva imputación en el macrocaso 03, que investiga ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, en Colombia. La primera imputación se conoció la semana pasada por hechos ocurridos en Catatumbo. Esta vez se investigan hechos ocurridos en el batallón La Popa, con sede en Valledupar, especialmente algunos casos entre 2002 y 2003. La imputación, esta vez, involucra a más de 15 militares, por al menos 120 asesinatos y 126 desapariciones forzadas entre 2002 y 2005.

En un comunicado conocido este jueves, se lee: La Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ejército que hicieron parte del Batallón de Artillería No.2 La Popa (BAPOP) entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, dentro del subcaso Costa Caribe, una de las seis zonas priorizadas del caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.”.

Y agrega que: “Los 15 miembros del Ejército (dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales) fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira. La Sala de Reconocimiento llama a reconocer responsabilidad a estas 15 personas”:

Al contrastar la información que hace parte del acervo probatorio, la JEP determinó que cada uno de los imputados “tuvo un rol esencial en la configuración de los patrones criminales y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal. Por eso la Sala de Reconocimiento les imputó los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal colombiano, así como los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio. La Sala determinó que existió un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en relación con estos hechos”, se lee en la comunicación de ese tribunal.

La semana pasada, la JEP dio su primer gran avance en el tribunal transicional con el anuncio de la imputación contra un general; nueve militares, entre oficiales y suboficiales, y un civil, dentro de la investigación por uno de los capítulos más oscuros de la guerra en el país: Norte de Santander, en especial El Catatumbo.

Una de las frases atribuidas al coronel (r) Publio Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, a comienzos de la pasada década, es: “Eran bandidos y se tenían que morir”. De hecho, varios subalternos han insistido en que así se refería Mejía, supuestamente, a civiles asesinados que habrían sido presentados como muertos en combate.

Apartes del documento de 361 páginas, conocido por SEMANA, advierte: “Otro aspecto relevante que se pone de presente es la prevalencia de víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas en los hechos que corresponden al Batallón La Popa. Así, en el Informe 5 es que la Fiscalía pudo identificar 41 víctimas indígenas, que corresponden al 2% de la totalidad de las víctimas; de estas 41, 22 personas pertenecientes a las etnias Kankuama, Wiwa y Wayuu, más de la mitad de las víctimas identificadas, fueron presentadas como dadas de baja en combate por miembros del Batallón La Popa y el Grupo Mecanizado de Caballería Juan José Rondón, ambos de la Primera División. Asimismo, la Primera División reportó un 6% de las víctimas identificadas con alguna condición de discapacidad física o cognitiva. Finalmente, para el periodo comprendido entre 2002 y 2004, de acuerdo con la Fiscalía, las personas ilegítimamente presentadas como muertas en combate por la Primera División fueron principalmente campesinos o pobladores de zonas rurales que eran señalados por alguna fuente, incluyendo paramilitares, de tener relaciones con la guerrilla”.

Y agrega: “Respecto a las modalidades de ejecución de la conducta, resalta la Fiscalía que algunas unidades en la Primera División habrían utilizado de manera recurrente el traslado de las víctimas desde capitales de municipios de la Costa Caribe y Cúcuta. Asimismo, este informe señala que todas las divisiones hicieron operaciones conjuntas o acuerdos con grupos de paramilitares[3]. También, fueron documentadas en todas las unidades, incluyendo La Popa, dificultades para el esclarecimiento de los hechos, por ejemplo, debido a irregularidades en los levantamientos de cadáveres”.

Mañana jueves, la JEP hará una rueda de prensa en la que entregará más detalles de las investigaciones. De hecho, en su momento, el tribunal señalaba que Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las regiones priorizadas en este caso. “Esta decisión se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal”, señala la JEP.

El proceso arrojó, entre otros resultados, que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66 % del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo. Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP.

Sin embargo, “las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78 % del total de la victimización histórica. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009″, advierte la JEP.

La JEP menciona, en este nuevo documento de imputación, cuatro modalidades. En la inicial, víctimas entregadas al parecer por las AUC a miembros del batallón en cuestión. El segundo grupo, conocido como “guías”; un tercer grupo o modalidad, bajo investigación, son militares que al parecer asesinaban a personas señaladas por comunidades de haber cometido, por ejemplo, hurto y eran presentados como bajas. Y un cuarto grupo en el que miembros de La Popa, presuntamente, asesinaron a guerrilleros heridos que necesitaban atención médica. En el documento también se menciona a David Hernández, alias 39, exmilitar y jefe del frente Mártires del Cacique del Valle de Upar de las Autodefensas.