Detectan nuevas posibles irregularidades en hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, Norte de Santander

Menos de dos meses después de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara la intervención del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, el ente de control presentó nuevos hallazgos de tipo administrativo, contractual, financiero, asistencial y jurídico.

El agente especial interventor, Yamil Blel, designado por la Supersalud en el hospital Emiro Quintero Cañizares, evidenció los hallazgos y los trasladó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para las respectivas investigaciones y sanciones necesaria.

Las presuntas irregularidades se suman a los 87 hallazgos expuestos por la Supersalud el pasado 11 de noviembre, cuando el ente de control sustentó la decisión de intervenir el centro asistencial.

Desde el día de la toma de posesión, el interventor y su equipo de trabajo realizaron un diagnóstico del hospital que permitió consolidar un plan de acción para garantizar en el menor tiempo posible la estabilización del mismo. “Esperamos que a través de esta estrategia presentada a la Supersalud, se logren superar todas las falencias del hospital y el fortalecimiento integral de la institución”, señaló el interventor.

Los hallazgos administrativos y financieros son varios. En cuanto la concentración de contratos, se identificó un favorecimiento con 6 contratistas por $35.672 millones, que representan el 39,4% del presupuesto de la vigencia 2020.

“Entre las posibles irregularidades se encontraron el no cumplimiento de requisitos; contratación directa al identificarse que la mayoría de los contratos se adelantan bajo este proceso de selección, sin que se garanticen la pluralidad de oferentes; falta de sustento técnico y de estudios de mercado y financieros. Así mismo, se evidenció el pago de anticipos sin justificación y sin un adecuado seguimiento del uso y manejo de los recursos”, informó la Supersalud.

A su vez, el agente interventor designado encontró medicamentos sin soportes legales, pues el equipo auditor identificó medicamentos que no estaban relacionados en ningún contrato y ascienden hasta $3.085 millones. Sumado a eso, habría una nómina paralela en el hospital, ya que Blel identificó contratos sin planeación y mucho menos estudio de cargas laborales.

Solo $26.750 millones serían recuperables. “Presunta sobreestimación de los activos de la empresa, pues de los $94.469 millones registrados en cuentas por cobrar, tan solo $26.752 millones serían recuperables”.

Además, el hospital no cuenta con los recursos para cubrir sus obligaciones, porque se estima que los pasivos del hospital podrían pasar de $18.297 millones a $29.300 millones.

En la intervención se identificó una subestimación de los pasivos de la entidad, por no reconocer o registrar el total de procesos judiciales, “esto significa que el valor no contabilizado asciende $14.752 millones y corresponde a fallos condenatorios que superan los $2.564 millones y $12.188 millones de procesos en curso con un alto riesgo de pérdida”.

El recaudo solo alcanza para cubrir el 50% de la operación corriente del hospital; la vida de los pacientes está en riesgo porque los equipos biomédicos del hospital no tienen mantenimiento preventivo, lo que estaba generando un riesgo para la atención.

Por otra parte, como el hospital no tiene un software integrado de información, los procesos de historia clínica, admisión, facturación y cartera son administrados por terceros y son de propiedad y manejo de la cooperativa contratista, lo que genera retrasos e inconsistencias de la información.

En cuanto a los hallazgos técnico-científicos, el agente interventor encontró que no hay insumos para garantizar la operación, pues se identificó la carencia de existencias de insumos y medicamentos. De hecho, hay un riesgo en el uso de medicamentos, porque “el almacenamiento no cumplía con la reglamentación estipulada, además de identificarse inconsistencias en el inventario no solo de los medicamentos si no de los dispositivos médicos”.

La infraestructura de los puestos de salud incumplía los requisitos mínimos de habilitación, así como la unidad mental. Sumado a eso, se identificó “falta de oportunidad en el acceso a consultas con especialidades sin especificar razones de peso, dificultando la accesibilidad de los pacientes con la oportunidad requerida”.

Por otra parte, el centro de asistencia estaba ofertando servicios de ginecología, oncológica y perinatología, sin previa habilitación de la secretaría de salud.

La Supersalud se refirió a la decisión en primera instancia del juez, Germán Alberto Rodríguez Manasse de dejar sin efectos la resolución que ordenó la medida de intervención forzosa administrativa en la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares e informó que “es respetuosa de las decisiones judiciales y está ejerciendo todos los mecanismos legales con la finalidad de proteger el patrimonio público de los ocañeros y garantizar el servicio de salud”.