Detención domiciliaria para policías implicados en el incendio del CAI San Mateo

Después de tres días de diligencias, en los que se escucharon los argumentos de la Fiscalía para demostrar la responsabilidad de tres uniformados en el incendio ocurrido en el CAI San Mateo de Soacha, el juez de control de garantías de ese municipio definió que los policías deben estar en detención domiciliaria y no en una cárcel, como lo solicitó el ente investigador.

Se trató de una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, entorpecida por los enfrentamientos entre la Fiscalía y la defensa de los uniformados. En la bancada de la primera actuaron tres funcionarios que se turnaron para hablar en las diligencias, en las que uno se enfrascó en exigir respeto por la dignidad de su cargo.

Fueron horas escuchando los argumentos de la Fiscalía, que insiste en que una subteniente y dos patrulleros serían responsables de las muertes de ocho personas que se encontraban detenidas en las celdas de paso del CAI San Mateo al sur de Bogotá.

“Los testigos entrevistados por la Fiscalía aseguraron que ustedes les gritaron ‘quémense’ y además con ademanes les mostraban las llaves, en señal de que tenían la posibilidad de liberarlos y no lo hicieron”, señaló la fiscal del caso.

La defensa de los uniformados arrancó interponiendo un conflicto de competencias al considerar que los hechos investigados por la Fiscalía obedecen a actuaciones propias del servicio de los uniformados y por tanto debería ser la justicia penal militar la que adelante el proceso.

Adicionalmente, recusaron al juez tras insistir en que en una decisión anterior fue precisamente él quien envió a esas celdas a una persona por un presunto abuso sexual y ahora sería el mismo juez el encargado de judicializar a los policías señalados de permitir el incendio.

De manera rápida, el juez no solo rechazó la recusación en su contra, sino que no le dio trámite al conflicto de competencias, luego de señalar que solo la autoridad competente podría acudir a esta discrepancia judicial, en este caso los jueces o la misma justicia penal militar.

La Fiscalía arrancó con la imputación de cargos por ocho homicidios agravados y tres tentativas de homicidio, cargos severamente endilgados a los uniformados que tenían bajo custodia a los detenidos que fallecieron tras el incendio. El juez de control de garantías les preguntó a los policías si aceptaban los cargos y de manera tajante los rechazaron.

Horas después, los tres fiscales que estaban a cargo de la audiencia argumentaron la solicitud de medida de aseguramiento en contra de los uniformados, al asegurar que representan un peligro para el proceso que apenas arranca y por tanto es necesaria su reclusión en una cárcel.

“Usted, subteniente, no ejerció el control, a pesar de que tenía la posibilidad de hacerlo, ninguno corrió para salvaguardar la vida de las personas y un patrullero que portaba las llaves lo que hizo fue buscar una manguera”, dijo en la solicitud la fiscal del caso.

La defensa de los policías no escatimó en esfuerzos para demostrar que los uniformados tienen arraigo en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, no tienen antecedentes en su contra y siempre estuvieron atentos a los llamados que hizo la justicia, por tanto consideraron excesiva la solicitud de la Fiscalía de enviarlos a una cárcel.

El juez, después de analizar los argumentos expresados por la Fiscalía y rechazados por la defensa de los informados, tomó la determinación de enviarlos a la detención domiciliaria, luego de ponderar los intereses de las víctimas, la Fiscalía y los abogados.