Nación
Detención domiciliaria al gobernador del Chocó por sobrecostos de contratos en pandemia
Un contrato por 220 millones de pesos para la compra de elementos de bioseguridad se entregó de manera directa.
El gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria en el marco del proceso que se le adelanta por las irregularidades en la celebración de millonarios contratos durante la pandemia. La Fiscalía General le imputó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.
El contrato cuestionado es el 003 del 3 de abril, que tenía como objetivo la obtención y repartición de elementos de bioseguridad para atender la emergencia derivada de la pandemia por covid-19 en el departamento. Pese a que tenía un valor de 220 millones de pesos, el gobernador lo entregó de manera directa, aunque la ley le exigía convocar una licitación pública.
En este sentido se advirtieron varias anomalías como la “ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos, presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista”. Igualmente, el mandatario departamental no habría verificado el cumplimiento de los requisitos esenciales como lo son la publicación oportuna del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
Las pruebas documentales reseñan que el gobernador entregó toda la documentación tres meses después de la celebración del contrato, pese a que la ley es clara en fijar un plazo de tres días.
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Este es el segundo proceso en el que el mandatario departamental debe poner la cara por presuntas irregularidades en contratación durante la pandemia provocada por la covid-19, en uno de los departamentos más afectados por la falta de una infraestructura de clínicas y hospitales.
El otro proceso
El otro lío judicial que rodea a Palacios inició cuando, en marzo de 2021, la Fiscalía radicó un escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra del mandatario por presuntas irregularidades en la contratación de actividades educativas y publicitarias que no cumplían con los requerimientos necesarios, para poder mitigar la propagación de la pandemia en Chocó.
De acuerdo con el delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, los hechos investigados tienen relación con el “contrato de prestación de servicios No. 198 del 15 de abril de 2020, suscrito de manera directa con la Fundación Chocó Saludable, para realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”.
Igualmente, mencionó que “el contrato, cuyo valor ascendió a 2.091.500.000 pesos contempló once ciclos educativos en 116 comunidades indígenas, afrodescendientes y rom-gitanos, así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales, entre otros productos”.
Así, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el contrato se habría celebrado en total vulneración de decretos y resoluciones establecidas por el Gobierno nacional, en relación con la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. Además, otro de los errores fue no haber invitado a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del Chocó durante el proceso de selección de las entidades encargadas de las actividades acordadas en dicho contrato.
Dichas investigaciones nacen tras las denuncias sobre presuntas irregularidades que se estarían cometiendo dentro del proceso de contratación en el marco de la emergencia sanitaria para contrarrestar la propagación de la covid-19.
