Detenido alcalde de Candelaria vive en estación de Policía porque no hay cupo en la cárcel

El alcalde de Candelaria, Jorge Eliécer Ramírez, y cinco funcionarios de su administración capturados hace doce días y enviados a la cárcel por un juez por presuntamente consolidar una estructura delictiva para manejar a su antojo la contratación pública del municipio, están viviendo en apartamento amoblado al interior de la estación de Policía de ese municipio.

SEMANA pudo establecer que ese inmueble pertenece a la Alcaldía de Candelaria y es entregado -temporalmente- a altos oficiales que son trasladados al municipio mientras consiguen vivienda. La Policía Metropolitana de Cali, que tiene jurisdicción en Candelaria, confirmó que el mandatario se encuentra ubicado en ese lugar, porque aún no hay cupo en ningún centro penitenciario de la región para ser trasladado como ordena la decisión judicial.

Según denuncias hechas por líderes de Candelaria, el alcalde estaría despachando desde ese lugar, donde presuntamente no tiene restringido el horario de visitas. “Ahí vemos que afuera está parqueada la camioneta de él con los escoltas y entran y salen funcionarios en todo momento”.

El alcalde y los otros funcionarios fueron capturados por presuntos hechos de corrupción y celebración indebida de contratos, hechos que fueron advertidos hace un año por los líderes sociales Jonathan Borja e Iván Giraldo, ambos asesinados el pasado 30 de enero.

De acuerdo con la Fiscalía, las labores de investigación lograron dejar al descubierto varios hechos ilícitos en los que habrían incurrido funcionarios y contratistas encargados de planear y ejecutar proyectos como mantenimiento de vías y la construcción de canchas de fútbol.

Además, según los alegatos del ente investigador en juicio, los capturados habrían actuado en detrimento de las finanzas públicas y menoscabaron la administración, la fe y la seguridad pública. Entre los delitos imputados al alcalde figuran interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.

Los otros capturados son: Óscar Darío Posso Céspedes, formulador de proyectos y seguimiento a la contratación de la Secretaria de Educación; Abraham Reyes Andrade, funcionario de la Oficina de Etnias; Jonathan Ortiz Libreros, contratista Oficina de Infraestructura, y José Ulises Asprilla Cárdenas y Jimmy Paz Castillo, contratistas. La orden de captura contra Wilson Suárez Betancourt, secretario de Infraestructura, no se hizo efectiva por fuga del indiciado.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

Para la Fiscalía, los funcionarios de la Alcaldía de Candelaria se habrían concertado con particulares para sacar provecho personal y apropiarse de los dineros del municipio.

El primer contrato investigado, suscrito en noviembre de 2019, contempló la construcción de tres canchas de fútbol con baterías de baños y graderías, en los corregimientos Buchitolo, Arenal y Poblado Campestre. El valor definido ascendió a 229 millones de pesos y el tiempo de ejecución era de un mes.

Las verificaciones dieron cuenta de que los escenarios no fueron terminados en su totalidad; sin embargo, la administración municipal concedió más recursos y plazos al contratista. La obra nunca se terminó.

El segundo contrato buscaba el mantenimiento de vías terciarias. Se pactó un mes para su terminación, pero hay suficiente evidencia que indica que este proceso fue direccionado a un mismo contratista. En los dos casos, los funcionarios públicos encargados de las etapas precontractual y de ejecución, supuestamente, favorecieron al señor José Ulises Asprilla Cárdenas para que se quedara con los dos mencionados contratos. Al parecer, ajustaron las normas existentes de contratación para beneficiarlo, falsificaron firmas y documentos, incurrieron en suplantaciones y no ejercieron control ni supervisión.

Las inconsistencias habrían llegado al punto de hacer un otrosí al contrato de las canchas de fútbol, cuando había culminado el plazo de ejecución. Estos hechos irregulares también fueron documentados por SEMANA en el artículo “Denunciaron corrupción y los mataron: las pistas desconocidas del tenebroso caso de Candelaria”.