Detrimento de $3.941 millones, el hallazgo de la Contraloría en Hospital Temporal de Corferias montado por Claudia López

Un detrimento cercano a los 3.941 millones de pesos se habría presentado en la instalación y puesta en marcha del Hospital Transitorio que se instaló, en mayo de 2020 en Corferias, por orden de la Alcaldía, para atender especialmente a las personas con covid-19. Así lo estableció la Contraloría de Bogotá al resolver un recurso presentado por la concejal Heidy Sánchez.

En el informe enviado a la cabildante se señaló que durante los cinco meses que estuvo activo, el Hospital solamente ocupó el 13 % de sus camas, eso pese a que se estaba llegando al segundo pico de la pandemia. Según los cálculos, en este tiempo se atendieron 515 pacientes, una cifra relativamente baja si se tiene en cuenta el hecho su capacidad.

“Durante el tiempo de ejecución del contrato se habilitaron 274 camas, de un total de 2.000 cubículos habilitados, es decir, se usó el 13.7 % de la capacidad instalada”, precisa uno de los apartes del documento revelados por la concejal.

“En la época en que estuvo en funcionamiento el hospital transitorio se atendieron 515 pacientes, con una apropiación final de $20 mil millones de pesos, eso significa que cada paciente atendido en Corferias le costó al Distrito casi $39 millones”.

Los cubículos para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no se ocuparon pese a que la mayoría de hospitales y clínicas de la capital de la República tenían capacidad completa y muchos pacientes eran trasladados de un lugar a otro para recibir atención médica.

Frente a esta situación, el organismo de control fiscal advierte que se presentó una “observación administrativa con incidencia Fiscal y presunta disciplinaria por $3.941.691.894 por estudios previos inadecuados e imprecisos, falta de medidas contractuales que contrarrestaran la baja ocupación de pacientes en el Centro Hospitalario Transitorio Corferias al no utilizar los 1.726 cubículos/cama en la ejecución del contrato 02 BS-057-2020″.

Tras este informe, la concejal de Bogotá anunció que le pedirá a la Personería de Bogotá y a la Procuraduría General que adelanten las respectivas investigaciones por las irregularidades en la celebración de este contrato. Así como la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal “para determinar y esclarecer la responsabilidad de los servidores públicos con el fin de recuperar los dineros sustraídos al erario y buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público”.

De ser necesario, que se investigue penal, fiscal y disciplinariamente al entonces secretario de Salud, Alejandro Gómez, y a la alcaldesa Claudia López.