Los $1.600 millones de más por la máquina ‘tapahuecos’

A medida que continúan los trabajos de reparcheo por parte de la empresa Green Patcher S. A. S., a través del controvertido contrato 638, bajo la modalidad de ciencia y tecnología, firmado por la administración del alcalde Gustavo Petro en diciembre del 2013, la Contraloría Distrital sigue encontrando ‘sorpresas’ en dicho proceso.

En concreto, el hallazgo del ente de control indica que el contrato costará a los bogotanos el 16 % más de lo que usualmente se habría pagado. La razón está en la naturaleza del contrato. Con el ánimo de –supuestamente– agilizar el proceso, este fue firmado bajo la figura de ciencia y tecnología y no la de obra pública.

¿Cuál es la diferencia? En la segunda figura el contrato está excluido del pago del impuesto a las ventas (IVA) del 16 %, mientras que el de ciencia y tecnología sí está sujeto al pago del gravamen, tal como lo contempla el artículo 100 de la Ley 21 de 1992.

“Los contratos de obras públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o entidades descentralizadas de los órdenes departamental y municipal estarán excluidos del IVA”, señala la normativa.

Para este caso, el costo total del contrato asciende a 11.822 millones de pesos, en los que ya viene el IVA incluido. El costo del impuesto es de unos 1.600 millones de pesos. Esa sería la cantidad que habría ahorrado el Distrito en caso de haber firmado bajo la modalidad de obra pública.

Dichos dineros serán girados a Green Patcher una vez haya terminado su trabajo a satisfacción, y la porción impositiva deberá ser cancelada a la DIAN. Lo cierto es que el pago de la obra no se ha hecho a la firma, puesto que está suspendido mientras la Alcaldía revisa la calidad del reparcheo.  

Responsabilidad fiscal

“Si se le hubiera denominado contrato de obra pública no estaríamos los bogotanos pagando IVA (…) allí podría existir un presunto sobrecosto que será materia de un proceso de responsabilidad fiscal que iniciará esta Contraloría por una cuantía de 1.631 millones de pesos”, le dijo el contralor Diego Ardila a Semana.com.

Una abogada especialista en derecho tributario, que pidió no revelar su nombre, le explicó a este portal que si se le da otra denominación a un contrato de obra, “pues va a generar IVA y detrimento patrimonial porque hay un sobrecosto”.

Desde cuando se supo que el contrato sería de ciencia y tecnología, la Contraloría reclamó por lo que considera una abierta irregularidad. Para el ente de control, se debió hacer una licitación que permitiera la participación de diferentes oferentes.

El concejal Jairo Cardozo, una de las personas que más conocen el tema, le dijo a Semana.com que la administración conocía este tema con anticipación. “Los administradores saben que las obras públicas están exentas del pago del IVA. Parece que se le añade un problema más a este polémico contrato (…) no pueden prorrogar un contrato con vicios de irregularidad”.

Preguntas sin respuesta

La nueva indagación por el pago del IVA se suma a las presuntas irregularidades que ya investiga la Procuraduría. Entre ellas, que la administración no permitió que existieran más oferentes y que se abriera licitación.        

La Veeduría encontró que en la firma del contrato no hubo registro previo de Green Patcher en el Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para que la entidad contratante conozca la capacidad económica del contratista. De hecho, se considera que era muy baja para este proceso, puesto que la empresa sólo demostró para este efecto cinco millones de pesos.

El contralor Ardila lanzó una advertencia: “Estamos listos para que una vez se comiencen a recibir la obras, se revisen las calidades, rendimientos y costos”.

A pesar de los incumplimientos y de las advertencias de entes de control como la Veeduría y la Contraloría, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) anunció la prórroga al contrato por 11 meses. Hace varios días, uno de estos entes de control mostró su preocupación, ya que se conoció que a la empresa le hace falta adelantar el mantenimiento de más de 14.500 metros cúbicos de trabajos en la malla vial, es decir, el 95 %.