Diálogo entre sordos: Colombia, un año después de las marchas

El pasado jueves, más de 50 organizaciones sindicales y sociales convocaron a una jornada nacional de protestas y salieron a pedirle al Gobierno que se siente a negociar un pliego de peticiones de emergencia. Las marchas terminaron sin mayores contratiempos y con una asistencia mermada por la lluvia.

La jornada conmemoró el primer año del paro nacional del 21 de noviembre de 2019, que desencadenó una serie de protestas que cesaron cuando el país entró en cuarentena, pero que se volvieron a reactivar en septiembre una vez el Gobierno relajó las medidas de confinamiento. Entre tanto, para hacerle frente a esa ola de descontento social, el presidente Iván Duque puso en marcha la Conversación Nacional.

El balance de ese año es agridulce, revela la ausencia de diálogo entre el Gobierno y los sectores sociales opuestos a las políticas del presidente Iván Duque, también la recurrente violencia de unos pocos manifestantes y de algunos miembros de la fuerza pública.

En general, la mayoría de las marchas fueron pacíficas y en algunas ocasiones recibieron el respaldo de amplios sectores de la sociedad colombiana. Así ocurrió el 21 de noviembre de 2019, en el que actores y artistas como Carlos Vives; Adriana Lucía; Andrea Echeverri; Goyo, de ChocQuibtown, y Andrés Parra se solidarizaron con los marchantes. Incluso la señorita Colombia de ese momento, María Fernanda Aristizábal, en una entrevista concedida a Blu Radio, dijo: “Quiero decirle al presidente Duque que todos marchamos por algo. Para mover de verdad una causa que nos une. Así que lo invito a que apoye y que escuche mucho por qué estamos marchando”.

También en estas jornadas hubo creativas formas de protesta como el ‘cacerolazo sinfónico’ del 27 de noviembre; el ‘yogatón’, hecho dos días después; el concierto Un Canto X Colombia, del 8 de diciembre, o la caravana de carros por la dignidad del 7 de septiembre de este año. Y los indígenas de la minga dieron ejemplo. Desde el 15 de octubre marcharon pacíficamente hacia Bogotá sin bloquear las vías. Y una vez en la capital, el 19 de octubre, llevaron a cabo una jornada de protesta por las principales calles y se concentraron en la Plaza de Bolívar sin mayores traumatismos.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa y este año de agitación social dejó hechos de vandalismo, buses públicos quemados, CAI destruidos y, lo más grave, varios muertos y centenares de heridos. En todos esos actos han estado involucrados grupos de encapuchados, infiltrados de grupos irregulares y algunos miembros de la fuerza pública. Entre los casos más graves se encuentran los disturbios de la noche del 21 de noviembre de 2019, que se agravaron al día siguiente con bloqueos de vías, destrucción de locales comerciales y fuertes enfrentamientos entre el Esmad y grupos de vándalos en distintas ciudades del país. En Bogotá y otros municipios los alcaldes decretaron toque de queda para contener la delicada situación de orden público.

A esta complicada circunstancia se sumó la muerte del joven Dilan Cruz, de 19 años, apenas unos días después por causa, según Medicina Legal, de una bean bag disparada por un agente del Esmad. El hecho causó la indignación de la ciudadanía y generó una nueva ola de protestas.

La violencia volvió a las protestas del 9 y 10 septiembre pasado ante la indignación por la muerte de Javier Ordóñez a manos de dos policías, ocurrida el 8 de ese mes en el CAI del barrio Villa Luz, en Bogotá. De acuerdo con un informe de la Veeduría Distrital, durante esos dos días en daños materiales hubo: 39 CAI vandalizados (12 de ellos incendiados y destruidos) y 78 buses articulados de TransMilenio afectados (nueve quemados). También se presentaron varias agresiones de la policía a ciudadanos, 571 heridos (331 civiles y 240 policías) y la muerte de siete personas en Bogotá. A su vez, las autoridades revelaron la infiltración de grupos irregulares como el ELN.

En el plano político el balance de este año de protestas tampoco es el mejor. Contrario a lo sucedido en Chile, en donde las marchas de 2019 culminaron en un acuerdo entre el Gobierno y los sectores sociales para realizar un plebiscito que consultó a los chilenos si querían una nueva Constitución, acá ha habido poco diálogo entre el presidente Duque y los sectores sociales opositores, pese a haberse creado la Conversación Nacional. Al contrario, ambas partes se alejan cada vez más en medio de acusaciones de un lado y de otro.

Tres días después del paro del 21 de noviembre de 2019, Duque lanzó la Conversación Nacional con fin de frenar el descontento social y de escuchar a los que marcharon y a los que no. Este ejercicio se extendió hasta marzo y de acuerdo con Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, “sirvió para mejorar políticas públicas y tener resultados en materia ambiental, de empleo, educación, transparencia, juventud y paz con legalidad”.

El funcionario explicó que durante esos meses se hicieron 36 mesas nacionales, 11 regionales, analizaron 11.289 propuestas recibidas en la plataforma digital y que producto de ese diálogo el Gobierno realizó acciones que estaban en consonancia con las peticiones de los marchantes. “Trabajamos en muchos campos, dimos resultados y aceleremos políticas de gobierno en casi todos los campos. Por ejemplo, los jóvenes pedían alivios económicos para la educación superior y nosotros aceleramos la formulación de la reforma al Icetex y establecimos un plan de alivios económicos que beneficiaría a más de 120.000 estudiantes”.

Sin embargo, la Conversación Nacional se hizo sin la participación del Comité de Paro Nacional. El 13 de diciembre de 2019, las organizaciones sociales y sindicales enviaron una agenda de 135 puntos para negociar con el Gobierno. Ambas partes nunca lograron ponerse de acuerdo sobre si la mesa en que se sentarían sería de negociación o de conversación. “No era una discusión semántica, conversación significaba que el Gobierno solo nos iba a escuchar y nosotros queríamos iniciar una negociación en que ambas partes pudiéramos llegar a acuerdos. La Conversación Nacional fue una estrategia del Gobierno para tratar de deslegitimar el movimiento social, pero no para solucionar los problemas sociales”, dijo Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT). El Gobierno se reunió en siete ocasiones con el Comité Nacional de Paro, pero no llegaron a ningún acuerdo y a mediados de febrero estos decidieron no participar en Conversación Nacional.

Durante la cuarentena las desavenencias entre ambas partes se ampliaron por cuenta de la expedición del Decreto 1174 del 27 agosto, que reglamenta el piso de protección social para personas que no alcanzan a ganar un salario mínimo mensual y por el pliego de emergencia propuesto por el Comité para afrontar la pandemia. Frente a esta propuesta, Molano afirma “hacerla realidad le costaría al país 196 billones de pesos, pues todas son propuestas irreales, populistas y desproporcionadas ante la magnitud de los efectos económicos y sociales de la pandemia”.

Por su parte, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, dice: “El Gobierno continúa con la estrategia de no sentarse a negociar con nosotros y responde que este pliego no tiene razón de ser porque, por ejemplo, en el caso de nuestra petición de una renta básica universal ellos ya pusieron en marcha el Ingreso Solidario, pero una cosa es entregarles 160.000 pesos a los colombianos menos favorecidos y otra un salario mínimo. Por eso tenemos que sentarnos a negociar y llegar a acuerdos”.

Quizás, más que antes, el país necesita una política de unidad nacional para enfrentar la pandemia y la reactivación económica. En ese sentido, el llamado a las partes es que limen sus diferencias y busquen canales de comunicación para llegar a un acuerdo que contribuya a salir del atolladero en que nos encontramos.