Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, recibió nueva sanción por sobornar a testigos

La Comisión de Disciplina Judicial avaló, por amplia mayoría, la ponencia que pide dejar en firme la sanción disciplinaria contra el abogado Diego Javier Cadena Ramírez por ofrecerle sobornos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez para que cambiara su versión dentro de la investigación que se adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La Sala Plena de la Comisión -que reemplazó en sus funciones al Consejo Superior de la Judicatura- avaló la ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta que recogió los argumentos presentados por sus compañeros en la sesión del pasado miércoles, la cual rechazó el planteamiento de la magistrada Diana María Vélez Vásquez.

En el fallo de primera instancia, la Comisión del Valle del Cauca determinó que Vélez había recibido tanto ofrecimientos como dinero en efectivo de Cadena, con el fin de convencerlo para que firmara un cambio de versión. En la ponencia estudiada este miércoles, la magistrada advertía que la versión del testigo era contradictoria, señalando que en varios escenarios había cambiado el tiempo, modo y lugar de los supuestos hechos.

Recientemente, la Sala de Casación Laboral rechazó la petición de Cadena, quien reclamaba por la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, presunción de inocencia, al buen nombre, intimidad y acceso a la administración de justicia por el fallo que lo sancionó por tres años para ejercer como abogado.

“Lo que Diego Cadena busca es una nueva intervención judicial, para obtener la postura que sea resuelta a su favor y acorde a sus intereses, y olvida que el hecho de no coincidir con el criterio de la autoridad judicial a quien la ley le asignó competencia para resolver la controversia en ningún momento invalida su actuación y mucho menos la hace susceptible de ser modificada vía tutela”, advirtió la Corte. En este sentido, se considera que no existen elementos para inferir el desconocimiento y la vulneración de sus derechos fundamentales con el fallo que quedó en firme a finales del presente año.

En el fallo de segunda instancia emitido el pasado 25 de enero se concluyó que el profesional del derecho incurrió en una falta dolosa contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado. Esto al intervenir en actos fraudulentos en detrimento a los intereses del Estado al intentar, varias veces, que un testigo firmara una retractación a cambio de beneficios judiciales y económicos.

Pese a lo manifestado por Cadena, esta decisión no fue “ni caprichosa” y mucho menos “arbitraria” puesto que la Comisión “actuó en el marco de su autonomía, se apegó a la realidad procesal y aplicó las normas y jurisprudencia que rigen el asunto”. Recuerda que con la tutela no se puede pretender la modificación de fallos judiciales, puesto que se parte de la premisa que estas fueron tomadas en derecho y con todas las garantías.

Para la Comisión, el abogado se presentó varias veces en la cárcel La Picota de Bogotá para contactarse con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda -que cumple una condena por secuestro- y le puso de presente una serie de documentos para que los firmara y se retractara de las acusaciones que había hecho en su momento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El objetivo era enviar esta retractación a la Corte Suprema de Justicia, que ya había definido llamar a indagatoria al entonces senador de la República por presuntamente ordenar presionar y manipular a los testigos que existían en su contra. Este documento era la prueba clave en el recurso de revisión que iba a presentar el 23 de febrero de 2018 ante el alto tribunal.

El abogado igualmente está pendiente de que se resuelva el recurso de apelación que presentó en contra del fallo que lo sancionó por 34 meses y el pago de una multa de diez salarios mínimos legales vigentes para el año 2017. Este caso hace referencia a los sobornos que le habría ofrecido al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para que supuestamente cambiara su declaración en el marco de la investigación que se adelantaba contra el exmandatario.

Según la decisión, Cadena le puso de presente a Vélez un documento en el que señalaba que las declaraciones que había hecho en un pasado contra el expresidente Uribe y su hermano, el ganadero, Santiago Uribe Vélez fueron motivadas por el senador Iván Cepeda, quien le ofreció prebendas. Con el fin de lograr su objetivo, el abogado Cadena habría incluso ofrecido pagarle trabajadoras sexuales.

“Se empezaron a realizar pagos mediante giros a su entorno familiar y personal y que las cartas contenían falsedades”, señala la decisión de 39 páginas. “Si Carlos Enrique Vélez nunca ha visto personalmente a Iván Cepeda, el contenido común de las cartas, en lo relativo a una reunión con el congresista en la cárcel La Picota, no pudo haber ocurrido, y mucho menos las supuestas promesas de beneficios por declarar contra los hermanos Uribe Vélez”.

En la determinación se tuvo en cuenta la declaración de alias Víctor, quien aseguró que en julio de 2017, Diego Cadena lo visitó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Palmira (Valle del Cauca). Durante el encuentro, el jurista, quien se presentó como apoderado del expresidente Uribe, le ofreció 200 millones de pesos y asesoría jurídica, todo esto para que cambiara su versión.

Para sustentar esto, puso de presente una serie de documentos que revelaban la consignación hecha por Cadena a familiares de alias Víctor. Así como la declaración de una trabajadora sexual que había sido contactada por el abogado para que ingresara a la cárcel de Palmira. “Salta a la vista que los pagos que pretende la defensa hacer ver como viáticos o como ayudas humanitarias, principalmente, se dirigieron a las señoras María Helena Vélez, hermana del condenado, y a la señora Daniela Paz, quien en declaración juramentada reconoció que se desempeñaba como trabajadora sexual y que conoció a Carlos Enrique Vélez por su trabajo”.

En la actualidad, Cadena enfrenta un juicio por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La Fiscalía General sostiene que en diferentes oportunidades visitó diversas cárceles para lograr la retractación de varios testigos que habían señalado al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano, el ganadero Santiago, de tener vínculos con grupos paramilitares.

Para el juzgado, los aplazamientos y suspensiones de las audiencias preparatorias se realizaron por las maniobras dilatorias de la defensa del acusado, que pedía el descubrimiento probatorio de la Fiscalía y exigía la entrega completa de los expedientes por fuera de las diligencias o cuando estas se retomaban.

El abogado, quien se presentaba como representante del exmandatario (2002-2010), les habría ofrecido prebendas, beneficios económicos y jurídicos a varios exparamilitares para que firmaran una carta de retractación en la que acusaban al senador Iván Cepeda de haberlos buscado para que realizaran esas declaraciones.

Cadena fue grabado por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien se encontraba en la cárcel La Picota, mientras le hacía ofrecimientos para firmar un documento. Igualmente, una reunión en una cafetería ubicada en el centro de Bogotá entre el abogado y Deyanira Gómez, entonces esposa de Monsalve, fue grabada por ella y un agente encubierto del CTI de la Fiscalía. En repetidas oportunidades, el abogado ha manifestado que es inocente.