Palacio, Uscátegui y Arias Cabrales, los primeros en llegar a la JEP

Con la vía libre que le dio el Congreso este martes a la Jurisdicción Especial de Paz se terminó adecuando la pista para el aterrizaje de los agentes de Estado. El exministro Diego Palacio y los generales Jesús Arías Cabrales y Jaime Uscátegui son los primeros en manifestar su interés en que sus casos sean competencia de la justicia transicional.

Este jueves el líder conservador Álvaro Leyva confirmó lo que hace unos meses se había vaticinado. Algunos de los altos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe que han sido condenados planean llevar a la JEP sus casos y esa es la situación del exministro de Protección Social.

"Se espera que los jueces correspondientes autoricen la libertad condicional y anticipada de Palacios y los generales Arias y Uscátegui", dijo el conservador minutos después de anunciar que los tres firmaron un acta de compromiso de sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. "Los felicito por la decisión. Un ejemplo a seguir", agregó.

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En el caso del exfuncionario uribista el argumento principal que hace factible su llegada a la justicia especial tiene que ver con que los delitos condenados por la Corte Suprema de Justicia tenían como fin asegurar la reelección de Uribe con el propósito de continuar la seguridad democrática, prioridad de ese gobierno. El expresidente había alcanzado éxitos militares notables frente a la guerrilla, especialmente de las FARC, pero consideraba que para terminar la tarea de derrotarla necesitaba estar cuatro años más en el poder. El propio presidente, en su momento, hablaba de que “la cabeza de la serpiente aún está viva”, para defender su necesidad de seguir en la Casa de Nariño.

Y es que con el clima político que imperaba en 2006 la reelección de Uribe se asociaba con la continuidad de la seguridad democrática y con mantener la ofensiva contra las FARC. Testimonios de la época demuestran que el imaginario colectivo relacionaba la reelección con el conflicto interno y con la seguridad democrática.

Palacio pasa la primera prueba de fuego a la hora de demostrar que la JEP sí tiene competencia sobre su caso. Aunque todavía le queda camino por recorrer y más cuando apenas se organizan los andamios del Tribunal de Paz que entraría a funcionar terminando el 2017, empezó a atravesar la ventana que le dejaron abierta en La Habana sobre la participación de terceros y que le da las llaves de su libertad condicional. Es decir, de personas que no formaron parte de las Fuerzas Armadas ni de la guerrilla, pero que “han participado en forma indirecta en el conflicto y han cometido delitos en ese contexto”.

Aunque la noticia se veía venir, cae como un baldado de agua fría. ¿La razón? horas antes de que los voceros del uribismo convocan una multitudinaria marcha que aunque había florecido como una expresión contra la corrupción terminó aglomerando un conjunto de informidades de un sector como el conejo al plebiscito, el acuerdo de paz y la reforma tributaria. Días antes de que esas manifestaciones se realicen, se conoce que uno de los escuderos del expresidente decidió acogerse a la justicia que desde esas toldas tanto se ha criticado.

En el caso del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui que fue condenado a 37 años por la masacre de Mapiripán, perpetrada por los paramilitares en 1997. Con 18 años, es el miembro de la fuerza pública que suma más años detenido. Si el Juez de Ejecución de Penas avala el acuerdo firmado con el gobierno, el general (r) quedaría inmediatamente en libertad para que la Jurisdicción Especial para la Paz revise su caso; si siguiera bajo la justicia ordinaria, el general tendría que esperar a cumplir la mayoría de la sentencia en cuatro años para poder recuperar la libertad.

Uscátegui está actualmente detenido en la Escuela de Infantería. Fue condenado por omisión al no haber tomado las medidas necesarias para evitar la incursión de los paramilitares en la población. Sin embargo, el general (r.) llevó su caso, incluso, a instancias internacionales con el fin de que se le revocara la sentencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió su caso para estudio. Su proceso podría ser la primera prueba de fuego para la aplicación del concepto de la responsabilidad de mando. La defensa del general siempre ha cuestionado que Uscátegui no tenía jurisdicción sobre el lugar donde sucedió la masacre.  

El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales es un símbolo de una de las peores tragedias del conflicto armado en Colombia: la toma del Palacio de Justicia en 1985. El alto mando militar fue condenado en segunda instancia a 35 años de cárcel también por omisión. El fallo generó polémica pues incluyó la teoría del penalista alemán Claus Roxin sobre los aparatos organizados de poder. Los militares rechazaron la sentencia pues consideraron un insulto que la justicia considerara que había una estructura criminal dentro de las Fuerzas Militares. Arias también fue condenado por responsabilidad por omisión. 

El argumento central para determinar esa responsabilidad fue una interceptación de una comunicación en la que se aseguraba que si "aparece la manga que no aparezca el chaleco". Aunque Arias no era uno de los interlocutores, sino su segundo al mando, el coronel Luis Carlos Sadovnik, los magistrados concluyeron que de esa expresión se puede inferir que había un plan para que esa “operación rastrillo” no dejara a ningún subversivo vivo. 

Aunque la sentencia no dice que él sea el responsable material de las desapariciones lo condenan  porque por su cargo tenía la posibilidad de haber impedido que esto sucediera. El general permanece detenido en la Escuela de Infantería desde hace casi una década, y está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia revise su caso en sede de casación.                

El Ministerio de Defensa envió dos listas que suman 1.074 solicitudes de miembros de la Fuerza Pública, acreditados por esta cartera para acogerse a la JEP. Estas solicitudes están en manos de la Secretaría Técnica de la JEP, en cabeza de Néstor Raúl Correa, que adelanta las correspondientes verificaciones para decidir si pueden firmar o no el acta de compromiso y acceder a la libertad condicional.

De este lado del espectro también hay inquietudes. Pese a todos los reparos que han tenido los militares en retiro en cabeza de ACORE a la JEP, dos de los casos más emblemáticos que ha tenido la institución -uno por presuntos vínculos con paramilitares y el otro por la retoma del Palacio de Justicia- caen en el Tribunal en busca de beneficios.

¿Cuáles son los requisitos?

Al beneficio de libertad condicional podrán acceder quienes lleven más de cinco años detenidos. Si se somenten al marco jurídico de la JEP, quedan obligados a cumplir con la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición.

Además de decir la verdad sobre los hechos por los cuales terminaron enredados penalmente, deben firmar un acta donde consta su compromiso con la paz, la obligación de informar todo cambio de residencia y su promesa de no salir del país sin previa autorización de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

En caso de no presentarse cuando sean solicitados por las autoridades, advierte la Ley de Amnistía, se revocará su libertad de inmediato.