Increíble: un uribista estaría interesado en el tribunal de paz

Es toda una paradoja. El uribismo ha sido el principal crítico del proceso de paz que el Gobierno adelanta con las FARC. Ha rechazado cada uno de los acuerdos que se han producido en La Habana, sobre todo el de justicia transicional, aquel documento de 75 puntos que el expresidente Álvaro Uribe ha calificado como “acuerdo de impunidad”. Pero uno de los suyos, caídos en desgracia, parece tener otra opinión e, incluso, pide pista para  acogerse a los beneficios que podrían recibir guerrilleros desmovilizados.
 
Se trata del exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt. El 17 de abril del año pasado, la Corte Suprema de Justicia lo condenó, junto al exministro del Interior Sabas Pretelt, a 80 meses de prisión, por haber ofrecido puestos a cambio de votos para aprobar la reelección presidencial. Uribe, al conocer la sentencia, reaccionó con dureza contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y arropó la inocencia de sus exministros.
 
Ahora, es probable que Uribe esté muy confundido con la actitud de Diego Palacio. Según registraron varios medios de comunicación, el exministro tuvo un diálogo con representantes de la Asociación de Militares Retirados (Acore) a quienes les señaló estar interesado en acogerse a los beneficios de la justicia transicional.
 
Por lo menos así lo señaló el general retirado Jaime Ruiz Barrera, que además confirmó adelantos y consultas acerca de la materia. “El doctor Diego Palacio es agente del Estado y hay una interpretación en el sentido de que quienes estén en un momento involucrados, por cualquier conducta directa o indirecta al conflicto armado pues puedan vincularse a justicia transicional”, explicó.
 
El interrogante es qué relación tiene las conductas que tienen preso al exministro con el conflicto armado. Diego Palacio fue condenado por el delito de cohecho, luego de que la justicia lo responzabilizó de haber ofrecido puestos y dádivas a la excongresista Yidis Medina y al exprepresentante Teodolindo Avendaño, para que cambiaran su voto a favor del proyecto que habilitaría la reelección presidencial de Álvaro Uribe. En suma, no tendría nada que ver lo uno con lo otro.
 
Se supo que cuando el expresidente conoció la información no pudo ocultar su molestia. Uribe se ha opuesto al acuerdo de justicia transicional entre otras porque equipara a militares y civiles con terroristas, para que ahora uno de los suyos la legitime.
 
En el uribismo el malestar fue general, a tal punto que varios parlamentarios del Centro Democrático le enviaron al ministro Palacio una propuesta para crear otro tribunal de justicia transicional, paralelo al de las FARC, que solo cobije a militares y civiles y que en caso de condenas solo imponga cinco años de prisión. Según el senador Alfredo Rangel, el exministro ya conoce la propuesta, y espera que se produzca algún pronunciamiento de su parte, o por lo menos que rectifique su posición.
 
En otros sectores políticos la petición del exministro Palacio fue rechazada y hasta recibida con ironía. “¿Diego Palacio en la justicia transicional? ¿Y es que acaso es guerrillero de las FARC?”, se preguntó Armando Benedetti.

“Es una saludable confesión. Si el exministro Palacio se considera un actor del conflicto armado quiere decir que por primera vez el uribismo reconoce que hubo conflicto y uno de los suyos se somete. Blanco es, gallina lo pone, es una confesión”, dijo Claudia López.   
 
Otra lectura del episodio es que a través de los uribistas condenados se esté buscando la forma de acercar al expresidente Uribe al proceso de paz. Por lo menos en el uribismo así se interpretó la postura del exministro.
 
Más allá de las circunstancias, lo que se ha vuelto a abrir es el debate alrededor sobre los tribunales especiales para la paz. El presidente Santos anunció que habría un componente paralelo para militares en el conflicto, pero en el caso de civiles no se ha definido el procedimiento.

Por ello, el senador Juan Manuel Galán sugirió recurrir a la propuesta del expresidente César Gaviria, para tramitar una ley que permita justicia transicional para todos los que participaron del conflicto, incluso civiles. “Si eso se da a cambio de la verdad, muchas víctimas estaríamos dispuestas a aceptarlo”, puntualizó.