JUSTICIA

Secretario de la JEP dice que fue mal interpretado en caso Palacio

Néstor Raúl Correa aclaró que la solicitud del exministro no suponía ninguna aceptación de delitos y que fue sacado de contexto en su intervención. Uribe también salió a desmentir y Álvaro Leyva pidió "seriedad" en las noticias de la paz.

4 de abril de 2017
| Foto: Fotomontaje SEMANA

Aún no arranca a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, sin embargo, las interpretaciones que hay alrededor de su aplicación ya comenzaron a generar ruido. 

Hace una semana, la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la paz admitió la solicitud de libertad condicional del exministro Diego Palacio, quien pidió ser acogido en la jurisdicción creada en el marco del acuerdo de paz.

Después de varios días de este hecho, la admisión de Palacio terminó siendo interpretada como una aceptación de su responsabilidad en el delito de cohecho, lo cual no es posible, entre otras, porque la única sección de la JEP que está en funcionamiento es la Secretaría Ejecutiva, y no tiene funciones judiciales. 

La versión fue desmentida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien indicó "contrario a lo que publican de JEP, el exministro Diego Palacio confirma que no cometió delito alguno y que no tiene delito para reconocer", trinó.


Álvaro Leyva, asesor jurídico del proceso de paz, también aseguró: "Nadie ha confirmado que Palacio se sometía a la JEP para aceptar delitos, versión equivocada de un medio, seriedad por favor", indicó. 

La voluntad de acogimiento de Palacio a la JEP supone una colaboración con la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas. En el documento de solicitud, el exministro asegura: "Me comprometo a que una vez entre a funcionar el Sistema que contribuiré, así como lo he hecho a lo largo de mi vida, con las garantías de verdad justicia reparación y no repetición suscribiendo para tal efecto un acta donde conste el compromiso", dice el documento conocido por Semana.com. (Consúltelo aquí).

"Expondré las consideraciones por las cuales, según lo fallado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se puede concluir que la supuesta conducta por la que fui condenado, tenía como fin lograr la reelección del gobierno del Presidente Uribe y con ello, de su política de seguridad democrática y probaré el vínculo que existe entre la continuidad de las políticas del gobierno del presidente Uribe Vélez lograda a través de la reelección, y la persecución a los grupos armados al margen de la ley de los cuales se encontraban las Farc", dice. 

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Por su parte, en una explicación de este procedimiento a los medios de comunicación, el Secretario General, Néstor Raúl Correa, precisó que como primera puerta de entrada a la jurisdicción y haciendo una lectura del acuerdo final de paz, considera que el caso de Palacio "se pudo haber producido durante y con ocasión del  conflicto armado”.

“Los criterios están en la Ley, no nos corresponde legislar o establecer un catálogo de cuáles casos sí o cuáles casos no de manera previa ni posterior. No es nuestra función", dijo. Según Correa, para determinar si el caso tiene relación o no directa con el conflicto se establecieron controles judiciales posteriores a la revisión de la Secretaría. Estos son el juez de ejecución de penas, cuando el caso llegue será la jurisdicción la que defina si existe o no conexidad y la decisión que se tome es apelable que va a la sala de apelaciones", indicó. 

Néstor Raúl Correa hizo énfasis en que la Secretaría no puede convertirse "desde el día uno en un semáforo en rojo para que nadie entre".

En la intervención de Correa a los medios de comunicación indicó que el exministro Diego Palacio recibió el beneficio en calidad de agente de Estado, admitiendo que la discusión no fue fácil. "Leímos ese derecho de petición, se decía que el gobierno de entonces tenía enfrentamiento intenso contra la guerrilla y que acabado el periodo presidencial era necesario mantener esa intesidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto (...) y para garantizar esa continuidad era necesario reelegir a su presidente. Para reelegirlo fue que se incurrió en el cohecho y ofrecer notarías al Congreso, con el fin de obterner los votos para la reelección y ganar la guerra. Esa era la lógica del escrito", indicó Correa.

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De inmediato el expresidente Uribe respondió: "El secretario de esa justicia, el señor Correa, ha dicho que Palacio dijo que se compró la reelección para ganar la guerra. Miente, mal principio de la justicia terrorista", dijo Uribe. La imprecisión en la que habría incurrido Correa estaría relacionada en no hacer referencia a que esa afirmación era sacada de la sentencia de la Corte Suprema y no se trataba de una aceptación de  cargos Palacio ante la Secretaría, lo cual no es posible pues el tribunal aún no se ha conformado. 

Sin embargo, en otros apartes de esa misma intervención de Correa, queda claro el tema. Por ello ante la controversia, el Secretario de la JEP aclaró a Semana.com, que la solicitud de Palacio hacía referencia a hechos delictivos que le eran endilgados por la Corte Suprema de Justicia, y no suponían ninguna aceptación de responsabilidad. Aseguró que se trata de un mal entendido de su intervención y a que fue sacado de contexto.