Colombia y Nicaragua vuelven a La Haya

Colombia volverá esta semana a un estrado judicial que se ha vuelto familiar: la Corte Internacional de Justicia, organismo que estudia dos demandas de Nicaragua contra el país. En esta ocasión, ocupará el asiento de la delegación colombiana el nuevo agente del caso, Carlos Gustavo Arrieta. La canciller María Ángela Holguín y el otro asesor del gobierno, Manuel José Cepeda, esperarán el fallo en Bogotá, acompañando al presidente Juan Manuel Santos. También estarán a la expectativa el grupo de juristas extranjeros contratado por la Cancillería y el home team que ha apoyado el trabajo desde esa entidad.

Se trata de un proceso sobre la forma y no sobre el fondo. Ante las dos demandas interpuestas por Nicaragua, Colombia le pidió a la corte que, en vez de estudiarlas, acepte que no es competente para fallar sobre las dos materias. Aunque, en principio, este jueves no se definirá nada –porque todo depende de la providencia definitiva– lo que digan los magistrados, y los argumentos con que respalden su decisión –es decir, si estudiarán, o no, los temas de fondo– darían indicios claros sobre su intención. Por eso, la sesión de este jueves en La Haya, aunque no tendrá una última palabra, es crucial para la definición de los derechos marítimos que tiene Colombia alrededor y en las vecindades del archipiélago de San Andrés y Providencia, en el mar Caribe.

El origen del proceso es toda una paradoja. La corte de La Haya (CIJ) falló en noviembre de 2012 una primera demanda de Nicaragua, y fijó una delimitación de las jurisdicciones marítimas de los dos países en el mar Caribe que dejó insatisfechas a las dos partes. La línea trazada es más favorable a Nicaragua en cuanto se extiende al oriente del meridiano 82, que Colombia consideró siempre la frontera marítima entre los dos países. Pero rechazó la pretensión nicaragüense de aceptar una plataforma continental extendida (derechos sobre el subsuelo, dependientes de la formación geográfica de las costas) que llegaría hasta un punto medio entre el archipiélago de San Andrés y la costa Caribe colombiana.

En una decisión anterior, en 2007, la corte había aceptado el argumento colombiano de que no tenía competencia para declarar la nulidad –pretendida por Nicaragua– del tratado de 1928 suscrito por los dos países. Según este, los territorios de Nicaragua y de Colombia se distribuyen, en términos de soberanía, con referencia al meridiano 82: todas las islas, islotes y costas situadas al este son de Colombia y los que están en el lado oeste son de Nicaragua. La corte ratificó en 2007 a favor de Colombia la soberanía del archipiélago y la vigencia del tratado, pero en esa misma decisión dijo que el meridiano 82 no delimitaba los derechos sobre el mar. Una cosa es de quién son los territorios (archipiélago, islas, islotes, cayos y demás) y otra, muy distinta, hasta donde se extienden los mares territoriales que generan esas costas. La corte estableció después, en 2012, la línea que define los límites entre los derechos marítimos de Colombia y Nicaragua.

Pero los dos países, a su manera, se molestaron con este fallo. Colombia, en medio de críticas a la corte –que el gobierno llegó a calificar de “enemiga”– se retiró del Pacto de Bogotá que la obligaba a aceptar la jurisdicción de la CIJ, y dijo que la delimitación trazada en noviembre de 2012 es inaplicable y que, según la Carta Política, los límites solo pueden modificarse mediante tratados internacionales. El gobierno del presidente Santos elevó una consulta a la Corte Constitucional, que avaló esa tesis, y promulgó un decreto que fija las líneas de las costas del archipiélago de San Andrés y Providencia que deben tomarse como referencia para determinar las fronteras.

Nicaragua, el país que con más frecuencia acude a la Corte Internacional de Justicia, interpuso dos nuevas demandas contra Colombia. Una, para denunciar que esta no ha cumplido el fallo de noviembre de 2012. Y la otra, para insistir en que ese organismo se pronuncie sobre la plataforma continental extendida que llega hasta el propio centro del Caribe.

La posición de Colombia, sometida a veredicto este jueves, es que la corte no puede estudiar los dos casos. El del incumplimiento del fallo de 2012, porque Nicaragua no ha atendido llamados para acordar un tratado que defina los límites, que es lo que establece la Constitución de1991. Y el de la plataforma extendida, porque la propia corte de La Haya ya se pronunció contra Nicaragua en 2012. Es cosa juzgada: la corte ya dio su última palabra. Existen otros argumentos, en la parte colombiana, como el hecho de que el país se retiró de la jurisdicción de la CIJ.

Pero Nicaragua, en la otra esquina, dice que el fallo de 2012 en materia de delimitación marítima es definitivo y no puede depender de decisiones internas ni de fallos de organismos nacionales –como la Corte Constitucional– que no pueden estar por encima del derecho internacional. Aunque Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, este mismo establece que un país miembro conserva un año de aceptación de la competencia después de su retiro, y Managua tuvo el cuidado de hacer estas demandas antes de que se cumpliera ese periodo.

En el otro caso, el de la plataforma continental expandida, los abogados del gobierno de Daniel Ortega dicen que cuando la corte negó la demanda nica en 2012, lo hizo de acuerdo con la información disponible en el momento sobre la estructura geográfica de las costas, pero que aún hay estudios técnicos por hacer. Según la Convención del Mar –que obliga a Nicaragua pero no a Colombia– tales investigaciones le corresponden a la Comisión de Límites de la ONU, que podría tardar años más –cerca de una década– en pronunciarse.

Lo que está en juego, en síntesis, es un punto de forma que, sin embargo, tiene implicaciones jurídicas en el mediano plazo, y políticas inmediatas. Aunque la corte unificó los procesos de las dos demandas, en teoría podría fallarlas de manera distinta. Es decir, determinar que sí es competente para estudiar el alegato nicaragüense sobre el incumplimiento de Colombia del fallo de 2012 y reiterar que ya desechó el análisis de la demanda sobre la plataforma extendida. O al contrario: no estudia el desacato y sí la plataforma. O rechaza ambas, o las acepta. Incluso podría optar por alternativas intermedias. Habrá que estudiar la minucia del texto que se dará a conocer este jueves.

Desde el punto de vista político también hay valiosas cartas en juego. En un ambiente polarizado como el que hay en Colombia, el gobierno pagaría un costo si, en el caso de que el fallo sea adverso al país, mantiene la tradición de respetar las decisiones de los organismos de derecho internacional. En el otro sentido podría desconocer el fallo –con posibles aplausos en el campo doméstico- pero debilitaría su credibilidad y su posición ante la comunidad internacional y, especialmente, en el sistema de la ONU, justo cuando le está pidiendo a su organismo de máximo nivel –el Consejo de Seguridad- que verifique el cumplimiento de los eventuales acuerdos de cese al fuego y fin de las hostilidades con las Farc.

El panorama político es difícil, incluso, si las decisiones son favorables. Es decir, si la corte acepta el argumento colombiano de que no tiene competencia para estudiar las demandas nicaragüenses sobre dos puntos. Aun en este escenario nada se modificaría en relación con los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, trazados por la CIJ en noviembre de 2012, que la opinión nacional considera un despojo arbitrario.

El tema es tan complejo, técnico y politizado, que Nicaragua está buscando una especie de apelación del fallo de noviembre de 2012, que le fue favorable comparado con la posición tradicional colombiana. Mientras tanto, la diplomacia de San Carlos lo defiende –y aspira a que se considere cosa juzgada– porque es una mejor alternativa frente a las ambiciones desatadas por Nicaragua después de noviembre de 2012. Toda una paradoja.