Diferendo entre Colombia y Nicaragua: El 21 de abril será el fallo definitivo

Para el próximo 21 de abril citó la Corte Internacional de Justicia de La Haya a los representantes de los gobiernos de Colombia y Nicaragua, en el caso por las ‘supuestas violaciones a los derechos soberanos y espacios marítimos en el Caribe’. En el caso de Colombia, fueron citados los abogados Carlos Gustavo Arrieta Padilla y Manuel José Cepeda. Este tema es de máxima importancia, pues, como se ha conocido, podría ser el golpe de gracia para los intereses nacionales, en caso de que se ratifique la primera decisión de este tribunal internacional.

En esa fecha, según pudo establecer SEMANA, se conocerá la decisión definitiva frente a la demanda que presentó Nicaragua en contra de Colombia, por un supuesto incumplimiento y restricciones al fallo que emitió el mismo tribunal el 19 de noviembre de 2012 que definió los límites marítimos.

El pasado 22 de septiembre, la representación de Colombia pidió rechazar las pretensiones de Nicaragua, asegurando que en ningún momento se incumplió la frontera marítima trazada por la Corte. “Nicaragua no pudo probar que sus barcos de pesca no hayan podido seguir pescando o que sus capturas hayan sido confiscadas”, detalló el abogado José Manuel Cepeda ante la Corte en medio de sus alegatos finales dentro de este caso.

“Las actividades pesqueras de Nicaragua han aumentado exponencialmente”, asegurando que los denominados “llamados incidentes” entre barcos de Nicaragua y los guardacostas colombianos han ocurrido en “un mero 0,021 % del total de jornadas de pesca realizadas por las flotas nicaragüenses”.

Esto en respuesta directa a los argumentos esgrimidos por parte de los representantes de Nicaragua que aseguraron que se habían presentado “incidentes” con los guardacostas de Colombia, reseñando que no se habían movido de los límites que se establecieron en el citado fallo.

En el recurso que presentaron los abogados de Nicaragua se cita que Colombia violó el Derecho Internacional omitiendo la debida aplicación del fallo, esto debido a buques de la Armada Nacional en la zona limítrofe. En la demanda se indica que el Estado colombiano emitió un decreto que estableció una zona contigua.

En su defensa, Colombia indicó que en ningún momento se presentaron las vulneraciones citadas en la reclamación nicaragüense. En este sentido, se señala que “las actividades pesqueras de Nicaragua han aumentado exponencialmente” y los citados “incidentes” se han presentado en “un mero 0,021 % del total de jornadas de pesca realizadas por” las flotas de ese país.

El 22 de abril, la Corte Internacional de Justicia determinara si el reclamo de Nicaragua tiene una base sólida o por el contrario rechaza sus posición.

En la recta final de este proceso se ha presentado una situación fuera de lo común, varios de los abogados que representaron a Nicaragua renunciaron por no estar de acuerdo con la política del presidente Daniel Ortega.

El caso más reciente fue el del asesor legal de Nicaragua, el abogado estadounidense Paul Reichler, quien argumentó en una extensa carta que dimiría por “por conciencia moral” y acusó al presidente Daniel Ortega de “destruir la democracia” con la búsqueda de un nuevo período, pisoteando a la oposición y ordenando la detención de todos sus detractores.

“Es inconcebible para mí que el Daniel Ortega, a quien orgullosamente serví, hubiera destruido la democracia, en cuya construcción él participó decisivamente, y hubiera establecido una nueva dictadura, no muy diferente a la que él mismo ayudó a derrocar”, detalló el jurista en su misiva.

La contrademanda de Colombia

En la Corte Internacional de Justicia cursa otra demanda presentada por Colombia en contra de Nicaragua reclamando la protección de los derechos de la pesca artesanal de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual habría sido afectada por acciones de barcos nicaragüenses.

Igualmente, se reclama una vulneración del Derecho Internacional, puesto que Nicaragua había extendido sus zonas marítimas desconociendo por completo un decreto emitido en agosto de 2013. El abogado Cepeda expuso en su momento que con diferentes acciones se “ha convertido 21.500 metros cuadrados de mar en aguas internas”.

De esta firma se estaría omitiendo la obligación fijada para que las dos partes se pongan de acuerdo para la implementación del fallo de 2012. Sin embargo, en esta demanda no se han citado si quiera los alegatos de concusión por lo que su resolución podría tardar mucho más.