Director de la Agencia Nacional de Tierras responde por irregularidades en contratos de prestación de servicios

Los contratos de prestación de servicios, que el gobierno de Gustavo Petro quiere eliminar, siguen siendo un dolor de cabeza tanto para los trabajadores como para las entidades. Esto, porque han sido una figura que se ha prestado para abusos laborales, lo que ha traído como consecuencia una creciente cantidad de denuncias.

En esa situación se encuentra la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que este año contrató a un grupo de 103 abogados y gestores documentales, con el fin de avanzar en los procesos legales de restitución de tierras, pero que en este momento se encuentra en un limbo, pues los abogados denuncian que no les han cumplido con las condiciones de los contratos, algunos ni siquiera los han podido firmar, mientras que en la entidad aseguran que todo está en orden y que simplemente redujeron el número de contratistas debido a que pudieron desarrollar una nueva tecnología que acelera el trabajo.

En una denuncia recibida y publicada por SEMANA, un grupo de abogados afectados asegura que fueron convocados para trabajar en la ANT a través de un contrato de prestación de servicios inicialmente por seis meses, con posibilidad de renovación. Sin embargo, de manera repentina, las condiciones del contrato fueron modificadas, reduciendo el período a un mes y exigiéndoles requisitos que no son acordes con este tipo de contratación laboral, como el cumplimiento de un horario establecido.

La convocatoria se hizo en febrero pasado y desde marzo y principios de mayo, más de 80 abogados ingresaron a la entidad para prestar sus servicios profesionales con el fin de “apoyar la revisión, análisis y emisión de información y documentación jurídica necesaria para desarrollar los procesos relacionados con el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO)”, dice el contrato de uno los abogados que ya logró tenerlo firmado, pues muchos arrancaron a trabajar sin contrato y aún siguen en la misma condición.

El RESO es uno de los compromisos que se pactaron en los diálogos de paz con las antiguas Farc y básicamente se refiere a la entrega de tierras a miles de campesinos, pero es un proceso que está muy atrasado. Para acelerarlo y que más personas tuvieran acceso, en la ANT desarrollaron una línea de WhatsApp en la que los interesados pudieran hacer sus ofertas de venta o adquisición de tierra. Como resultado, la entidad tuvo una avalancha de solicitudes, al pasar de 160.000 en los 6 primeros años de la iniciativa a 700.000 entre diciembre pasado y mayo de este año. En consecuencia, la ANT se vio forzada a contratar a un ejército de abogados que ayudara con estos trámites.

Este contexto de contratación fue corroborado por Gerardo Vega, director de la Agencia, quien reiteró que, ante el aumento exponencial de las solicitudes, que son consecuencia de la modernización de la entidad, era necesario buscar quién las valorara y las calificara. Por ese motivo sacaron la convocatoria, pero aseguró que de los 103 convocados, 60 están laborando con contratos a seis meses ya firmados, el resto (43) ya no seguirían con la entidad debido a que lograron desarrollos tecnológicos que hacen más ágil la labor de los contratistas. “Se trata de un bot que automatiza el trabajo, lo cual es muy necesario pues tenemos solicitudes represadas desde la década de 1960″.

El funcionario asegura que de los 43 que ya no requieren, “cinco desistieron porque tienen contratación con otras entidades, 28 se comprometieron a entregar el informe de su trabajo para que la ANT les pague los días laborados, seis no han presentado informes y no mantienen relación con la agencia y cuatro quieren seguir, y estamos examinando qué podemos hacer con ellos”, aseguró y dijo que lo más probable es que si les interesa se puedan vincular a la agencia, pero trabajando en las regionales y no en Bogotá, pues es allá en donde necesitan más gente.

Los abogados que hablaron con Semana dijeron que esas cuentas del director no son tan ciertas, pues a muchos no les han pedido informes y que la nueva tecnología con la que supuestamente se automatizaría su trabajo les fue presentada antes de iniciar el contrato en una reunión en un hotel en Bogotá. “La idea era que ese programa iba a facilitar nuestro trabajo en el sentido de que ayuda a descargar documentación y en temas muy operativos, permitiendo que le pudiéramos destinar más tiempo a las valoraciones. Nunca nos dijeron que estuviéramos sobrando, todo lo contrario, nos dijeron que, con la tecnología, nosotros los abogados nos podríamos concentrar más”, aseguró uno de los contratistas que está pendiente de su futuro en la ANT.

Vega insistió que lo que les interesa es acelerar los procesos y que, por ejemplo, otra carga que se redujo recientemente fue la consulta en la Dian de 137.000 personas para ver si califican o no a tierras, basados en su declaración de renta y eso lo pudieron resolver en un solo día con la dirección de impuestos.

Los denunciantes aseguran que el problema comenzó tras el cambio de la directora de ordenamiento territorial de la entidad, que era la encargada de la contratación, lo que sucedió tras el relevo de la ministra de Agricultura. “A ella la reemplaza el abogado Tony Luis Lozano Berrocal, un profesional que está cuestionado y que desde septiembre del año pasado se desempeñaba como experto grado 8 de la ANT”, explica uno de los abogados afectados y añade que el problema de Lozano Berrocal, quien en el pasado se desempeñó como secretario de Gobierno de Apartadó, fue que en 2017 el Consejo Superior de la Judicatura le ratificó una sanción de 2015 por “incurrir en falta de honradez y no entregar a la menor brevedad posibles dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de este recibo”, informó en su momento el medio Noticias Urabá.

El caso es que el pasado lunes 15 de mayo Lozano Berrocal citó a todos los abogados contratados por prestación de servicio a la oficina de la ANT (en el CAN en Bogotá) para una reunión urgente. En dicha reunión, el funcionario se mostró insatisfecho con el trabajo de los abogados, dijo que sobraba mucha gente, que iban a revisar contrato por contrato y mientras tanto les anunció que dichos contratos serían a un mes, que debían cumplir horarios en las oficinas y que si no aceptaban las nuevas condiciones no les pagarían el tiempo que ya habían trabajado. “Acá hay mucho cacique y poco indio, y necesitamos indios para trabajar”, habría dicho enfático Lozano Berrocal.

“El problema es que muchos de los abogados renunciaron a sus trabajos y se desplazaron de otras ciudades del país para realizar este trabajo en la ANT y ahora se van a quedar volando. Los abogados se necesitan porque este es un trabajo de largo aliento que va a tomar muchos años y que además se puede hacer de forma remota”, dijo otro de los juristas que habló con SEMANA.

Los cambios abruptos del contrato de prestación de servicios, muchos de ellos sin firmar pese a que los contratistas ya están trabajando, estarían motivando el establecimiento de una demanda de los abogados que sienten vulnerados sus derechos, pues hay un contrato realidad que no se está cumpliendo y además habría daños y perjuicios de los que tuvieron que trasladarse a Bogotá.

“No es posible que el Gobierno pregone en beneficio de los trabajadores en la reforma laboral y en la práctica haga otra cosa”, insiste una de las abogadas que aún no tiene contrato firmado.

Aquí no solo se afectan estos profesionales, sino también los miles de campesinos que están a la espera de tierras.