Director de la Policía pidió perdón por abusos de autoridad cometidos por uniformados

Hace un año, el país se conmocionó con una escabrosa escena. Dos policías en el sector de Normandía, en Bogotá, electrocutaron a un ciudadano en medio de un procedimiento policial. Los uniformados quedaron registrados en video, en el momento en que le aplican varias descargas eléctricas a un hombre, lo tiran al piso y pese a las súplicas, los policías insisten en su procedimiento irregular.

Posterior a eso, lo suben a una patrulla, donde es golpeado y lo tiran dentro de un CAI, a donde llega mal herido y según los dictámenes de medicina legal, lo golpearon de forma tan dura que perdió la vida. El caso es el del estudiante de derecho Javier Ordóñez y su muerte generó una ola de violencia en Bogotá y otras ciudades del país desde el 10 hasta el 14 de septiembre del 2020.

Otro hechos en los que se produjeron excesos policiales, fueron las movilizaciones del paro nacional, que terminaron en desmanes. A través de videos, quejas ciudadanas y actuaciones de la propia Policía se documentaron abusos de uniformados.

Precisamente por estos casos, en los que ya se comprobó el abuso de los policías, el general Jorge Vargas, director de la institución, ofreció excusas a todas las víctimas de dichas conductas que se apartaron de los protocolos.

“La Policía pide disculpas y perdón por hechos donde se han visto involucrados integrantes de la Policía, rechazamos esos hechos, les pedimos a todas las víctimas perdón”, dijo el general Vargas. Indicó que desde el 7 de agosto del 2018 al 6 de septiembre de 2021, han sido sancionados 1.136 uniformados, se han presentado 119 destituciones y se han tomado 34 decisiones por homicidio.

Sobre el caso Ordóñez, indicó el general que un policía fue destituido, hay ocho investigaciones y siete uniformados vinculados a procesos sancionatorios y que si todavía hay policías en servicio implicados en abusos de autoridad, estos no han sido destituidos porque se les está respetando el debido proceso.

Sobre la conmemoración del primer año de la muerte de Javier Ordóñez, indicaron las autoridades que hay información de que integrantes de la primera línea estarían planeando acciones vandálicas en varios CAI de Bogotá, Cali y Medellín.

El ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que se están reforzando las medidas de seguridad para evitar que se presenten estos actos violentos contra la fuerza pública. Insistió en que se garantizarán las expresiones pacíficas que quieran realizar los ciudadanos, pero que no se aceptará que se tomen justicia por mano propia.

Es de anotar que por el asesinato de Javier Ordóñez hay un sentenciado, el patrullero Juan Camilo Lloreda, quien se comprometió, con un preacuerdo firmado con la Fiscalía, a pedirle perdón al país.

Así quedó consignado en la sustentación que hizo la Fiscalía en la audiencia, donde Lloreda acepta su responsabilidad en los delitos de homicidio y tortura agravada, y que le otorgó una pena de 20 años de prisión.

El uniformado está purgando condena en la penitenciaría de la Policía en el municipio de Facatativá, Cundinamarca.

En abril pasado, la representación de víctimas en este proceso, de la familia de Javier Ordóñez, explicó en SEMANA los alcances de esa negociación y qué contiene el preacuerdo entre la Fiscalía y el patrullero Lloreda, al tomar la determinación de aceptar los cargos por homicidio agravado y tortura.

El abogado de la familia Ordóñez, Vadhir Gómez, dijo que luego de largas reuniones con los abogados de los dos uniformados implicados, finalmente fue la defensa de Lloreda la que firmó el preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad a cambio de una rebaja sustancial de la pena.

“Llegamos a la determinación y al acuerdo de que 20 años es una condena suficiente para buscar una reparación a las víctimas “, afirmó Gómez.