Director de la UNP, quien sufrió un atentado, cuenta con un “modesto esquema de protección”

En las últimas semanas, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, le había advertido a sus familiares y amigos más cercanos que estaba siendo víctima de seguimientos y hostigamientos. Debido a esta situación, había recomendado que “estar alertas y prevenidos” para proteger su integridad personal.

Esta información también se la había entregado a sus escoltas que realizaban modificaciones constantes en la ruta, los horarios y los espacios de trabajo. “Los asesinos escogieron el sitio más vulnerable cuando el funcionario regresaba a su domicilio en compañía de su hija en un barrio de la localidad de Puente Aranda”.

Esta alerta se destaca de un comunicado publicado por la misma entidad, después que Rodríguez saliera ileso de un atentado en su contra en la noche del pasado martes cuando llegaba a su casa, ubicada en la localidad de Puente Aranda. “Aunque los atacantes se ubicaron en sitios estratégicos, no contaban con la decidida reacción de los escoltas que lograron hacerse a la situación y obligar a la retirada de los sujetos”.

Uno de los sicarios fue herido mortalmente por parte de uno de los escoltas en medio del cruce de disparos. El escolta recibió un disparo en la pierna y actualmente se encuentra en recuperación en un centro médico.

En el comunicado, publicado por la UNP, se señala que el mismo director de la entidad cuenta con un “modesto esquema de seguridad que incluye un vehículo y dos personas de protección”.

Frente a esta grave situación, la UNP le pidió a la Fiscalía General abrir una investigación para identificar los determinadores de este atentado. La primera hipótesis es que tendría relación con las acciones de depuración que ha hecho dentro de la entidad en los últimos meses, así como los cambios administrativos para la entrega de esquemas de seguridad y protección.

Entre estos cambios -según destaca el comunicado- estaba la formalización del empleo “para acabar con la tercerización de 9 mil escoltas, explorar la posibilidad de adquirir flota de vehículos propia para reducir el rentismo y una lucha frontal contra la corrupción”.

La información que se ha recolectado durante la depuración le ha sido entregada a la Fiscalía General para que adelante las respectivas investigaciones por graves hechos de corrupción, uso indebido de los vehículos e irregularidades en los procesos de contratación. Igualmente, se le pidió a la Contraloría y a la Procuraduría abrir las respectivas indagaciones.

“Hay estructuras mafiosas, trafican con los esquemas de protección, transportan drogas, armas y dinero; y esto requiere de una acción decidida en materia de restructuración interna y en gestión ante las autoridades para que intervengan, investiguen y sancionen”, señala el comunicado citando una de las declaraciones hechas por Rodríguez.

Destaca además que durante su gestión, Rodríguez también ha tenido que enfrentar dos bloqueos “por parte de sindicatos a la oficina de la sede principal”. Incluso, recientemente, fue acosado, agredido, insultado y se le impidió su acceso a la sede. “Su teléfono ha sido ‘chuzado’, intervenido y utilizado par aun montaje judicial. Además, se ha conocido que su domicilio ha sido fotografiado”.

En diciembre pasado, en entrevista con SEMANA, Rodríguez manifestó que en una de las revisiones se encontró que muchas camionetas cuentan con falsos blindajes que ponen en riesgo la vida de personas amenazadas; carros que se varan y no son reemplazados a tiempo poniendo a los protegidos a andar por su cuenta y riesgo; funcionarios que salen de la entidad y resultan trabajando en empresas de seguridad y hasta una cuestionada exfiscal que se niega a devolver su esquema de seguridad, aunque no lo necesita según los estudios de seguridad.

Esta situación -reveló- dificulta la misión de proteger a 7.714 colombianos que están en alto riesgo, entre los que se encuentran jueces, congresistas, fiscales, líderes sociales, periodistas y hasta exguerrilleros. Pese a que esto ya se había denunciado la investigación interna se encontraba engavetada. “No es uno, son por lo menos diez casos de vehículos supuestamente blindados por los cuales se paga un arriendo de entre 11 y 15 millones de pesos, pero que al retirar los tapizados de puertas, techos y pisos no tenían la protección. Solo tenían un blindaje de nivel bajo los vidrios laterales. Una reprochable y peligrosa trampa”.