Vigilancia a funcionarios
Directora del ICBF, citada por la Procuraduría para rendir cuentas sobre retrasos en contratación de primera infancia para los wayuu
La citación está para el 20 de junio. El ente de vigilancia señala que el cambio de modelo para la atención de esta etnia ha ralentizado la contratación.
La Procuraduría General tendrá en el banquillo a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, a quien citó para el 20 de junio, de manera que la funcionaria pueda rendir informe sobre la problemática que se estaría presentando en los procesos de selección para la operación del programa Primera infancia en las comunidades wayuu, en La Guajira.
Según el organismo de vigilancia de la función pública, se registran circunstancia como la no suscripción e inicio de contratos para dar cobertura a los beneficiarios del programa Primera infancia en esa etnia asentada en el norte del país.
Es bien sabido que en la comunidad wayuu hay un grave problema de desnutrición de la niñez que hace parte de esa comunidad indígena. Por ello, fue planteado el programa de primera infancia, a través de un modelo propio de atención integral a niños y adolescentes, sus familias y comunidad.
En su momento, el ICBF informó que el cambio en el modelo de contratación, ha sido para volverlo más democrático, lo que implica, “priorizar organizaciones de base comunitaria como aliados para garantizar los derechos de las niñas y los niños”.
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Sin embargo, según la Procuraduría, se hallaron deficiencias en los procesos de selección de los operadores de este programa.
Dentro de lo hallado por la Procuraduría, el meollo del asunto estaría en el cambio de modelo para la atención integral de los wayuu en los municipios priorizados de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure. Luego de las modificaciones, “se ha ralentizado la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio de por lo menos 80 mil familias”, señala la entidad de vigilancia.
No se sabe a quién se atiende
La revisión al caso de la comunidad wayuu en La Guajira lo adelanta la procuradora delegada segunda para la vigilancia de la función pública, Claudia Hernández, quien asegura que “no hay un censo claro que permita determinar con certeza a cuántas comunidades, familias e individuos se les proporciona la atención”.
Invitaciones cerradas para escoger operadores
Para el organismo de vigilancia, existen situaciones que ya fueron evidenciadas, las cuales ameritan análisis y revisión, pues se trata de “los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y la implementación de invitaciones cerradas para la escogencia de los operadores”.
Abandono en salud y educación
Según lo anotado por la Procuraduría, a través de un comunicado a la opinión pública, emitido este domingo 16 de junio, “pese a la Sentencia T-302 de 2017 que declara el estado de cosas inconstitucionales frente a la comunidad wayuu, en La Guajira, los incumplimientos y abandono por parte del Gobierno Nacional se siguen dando en materia de salud y educación”.
Medida preventiva
Para la Procuraduría, al citar a la directora del ICBF, lo que buscan es evitar que la comunidad wayuu quede desprotegida, frente a lo que consideran una grave situación. De esa manera, Cáceres tendrá que sustentar las medidas adoptadas para conjurar la problemática presentada.
