Denuncia

¿Discriminación a colombianos de la comunidad judía por “apellidos raros”?

Decenas de personas denuncian que el no tener un apellido convencional en el país los ha convertido en blanco de agresiones en una de las oficinas de la Cancillería que expiden y renuevan los pasaportes colombianos.

12 de marzo de 2022
Ucranianas evacuadas en medio de temores de invasión
Una anciana sostiene sus pasaportes ruso, izquierdo y de la República Popular de Donetsk mientras espera ser evacuada a Rusia, en Donetsk, el territorio controlado por militantes prorrusos, en el este de Ucrania. Foto AP/Alexei Alexandrov | Foto: AP

Renovar el pasaporte es un trámite que con regularidad no tarda más de 30 minutos, y más ahora que se adelanta en las oficinas adscritas al Ministerio de Relaciones Exteriores con cita previa.

Pero según han denunciado varios colombianos que acuden a la sede de la avenida 19 con 98, en el norte de Bogotá, hacer esta diligencia se ha convertido en algo tortuoso, sobre todo para aquellos que tienen “un apellido raro”.

Esa es la primera frase que dicen escuchar del funcionario de la Cancillería, que abre paso a un camino de conflicto que se refleja en gritos, incertidumbre y en una sensación de discriminación para aquellos que han pasado hasta dos horas tratando de demostrar con documentos en mano que nacieron en Colombia, sin importar qué apellido lleven en su registro civil.

“Un apellido raro, es algo subjetivo, para mí un Gleiser, Szapiro, Henry, Haime, Guberek, Khudari, Jaén, Lobato, Nágera, por nombrar algunos, son comunes en mi entorno. Soy de la comunidad judía”, dice una de las colombianas entrevistadas por SEMANA que ha visto cómo a muchos, al igual que a ella, por tener un apellido “difícil de pronunciar” les han negado la renovación del pasaporte y les piden demostrar que son de esta nacionalidad, presentando documentos de sus antepasados, incluso de las décadas de los 40 y 50.

“Algo que no le piden a un Gómez, Pérez o Rodríguez que son apellidos de origen europeo”, refutan quienes se han sentido discriminadas con la medida.

Vivianne Baltaxe nació el primero de marzo de 1955 en Bogotá en la clínica Clavo, en el mismo lugar donde ahora queda la Universidad Inca. Creció en el centro de Bogotá, se formó como odontóloga en la Universidad Javeriana, vio morir a su papá en Santa Marta, toda su vida es Colombia, pero a los 67 años cuando fue a renovar el pasaporte, le dijeron que ni su cédula, ni el registro de nacimiento, ni el acta donde certifica que su padre se nacionalizó en Barranquilla en 1938, ni los pasaportes anteriores eran suficiente para demostrarlo. A ella le exigieron que llevara un papel que demostrara que el día que nació, su papá estaba en el país. No otro. Algo difícil de conseguir casi 70 años después.

Si no llevaba ese documento, no podría estar en el matrimonio de su hijo que se casaría fuera del país. Fue así como la angustia se apoderó de ella, pues no era tarea fácil conseguir esos papeles.

“No es mi problema, me dijo el funcionario”, recuerda otra mujer casi de la misma edad que está pasando por una situación similar. Identifica como David al coordinador de la oficina diplomática que, según ella, no tiene empatía con la población, siendo descortés y con tratos groseros, no solo hacia personas de la tercera edad, sino a familias que van con sus niños a hacer este tipo de tramites. Incluso, les han llegado a preguntar a qué religión pertenecen, “como si eso me hiciera menos colombiana. Sentí dolor de patria, parecía una actitud nacista”, describe la mujer con evidente enojo y decepción.

Desde hace dos años vienen denunciado los mismos actos discriminatorios. Los padres que han llevado a sus hijos para renovar el pasaporte, ya sea porque cumplieron 7 o 18 años y cambió el documento de identidad, han tenido que ir a buscar los documentos de los abuelos, muchos de ellos italianos, austriacos, rumanos, alemanes y hace muchos años se vinieron a vivir a Colombia y han visto crecer dos generaciones más, en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, la Costa, el Eje Cafetero, en cada rincón del país.

SEMANA consultó a la Cancillería sobre las denuncias presentadas y desde allí aclaran que no es una política de la entidad encaminada a la discriminación. De hecho, manifiestan que no hay nada irregular en pedir documentos extras a quienes el funcionario considere pertinente. Pues debido al alto flujo de cédulas y documentos falsos que circulan en el mercado negro colombiano se han intensificado los controles de verificación.

Los denunciantes aclaran que no están en contra de estas disposiciones, pero sí de “los malos tratos, atención discriminatoria y falta de relaciones humanas que se evidencian en la oficina del norte”, aclarando que en otras oficinas como en Corferias los funcionarios los tratan en igualdad de condiciones que cualquier otro colombiano que tiene un apellido tradicional, por lo que piden que la Cancillería, más allá de justificar, revise el caso en particular para evitar que estas conductas se sigan presentando y les recuerden que ser colombiano no es solo una cuestión de apellidos.