Casa por casa, disidencias buscan líderes sociales y reincorporados en Argelia

Los líderes sociales de Argelia (Cauca) y los miembros del Partido Farc, que llevan las riendas de la reincorporación en el municipio, van a cumplir más de cuatro días escondidos. Huyen de la muerte. Si se asoman, no hay quien les garantice que salgan con vida. Esa fue la advertencia que les hicieron el pasado 11 de abril, cuando un grupo de hombres armado apareció violentando a los pobladores del corregimiento de Santa Clara. 

De acuerdo con las primeras versiones, se trataría de presuntos integrantes del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. "Irrumpieron en el lugar de manera violenta, dañando puertas, ventanas e insumos para los proyectos que se encontraban dentro de la finca y sus alrededores. Igualmente, se robaron algunos enseres, alimentos y semovientes", informó la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes. 

A pesar de que en el territorio hay una amplia presencia militar de la XXIX Brigada del Ejército, es esta estructura delincuencial la que tiene el control armado del territorio. Esa al menos es la sensación que tienen los pobladores de los corregimientos de la zona que vienen soportando las intimidaciones desde el sábado ante la mirada indiferente de las autoridades. 

En diálogo con La FM, el coronel Harold Díaz, comandante de la Vigésima Novena Brigada del Ejército, desmintió la versión que este lunes entregó el Partido Farc a través de su cuenta de Twitter, en la que informaba que un grupo armado de 100 personas estaba buscando casa por casa a reincorporados. El oficial manifestó que no eran más de 10 y agregó: "Estamos tratando de ubicarlos, tenemos tropas en el área". 

En el territorio, sin embargo, tienen una lectura mucho más preocupante de la situación. A su paso, los miembros de las disidencias ofrecieron recompensas por las "cabezas" de Wilson y Caliche, dos firmantes del acuerdo de paz. Esto fue suficiente para sembrar más miedo. Y es que las incursiones se repiten en varios puntos del departamento. 

Según testigos, horas después de que se reportó la situación en el corregimiento de Santa Clara, en la vereda Tambo Largo presuntos integrantes de la misma estructura forzaron las viviendas de los reincorporados y les preguntaron por líderes del Partido Farc y de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta).

El domingo, siguiendo la misma dinámica, hombres vestidos de camuflado y botas llegaron a los corregimients El Sinaí, El Mango y la vereda El Encanto buscando las casas de otros líderes campesinos y firmantes del acuerdo. Además de los miembros de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Corregimiento El Plateado. 

De acuerdo con la red de derechos humanos, "son identificados como objetivo militar (porque) tanto los firmantes como la asociación campesina se han opuesto rotundamente a que en el territorio existan grupos armados, así como también han manifestado su voluntad de impulsar el acuerdo firmado que incluye un acuerdo de sustitución de cultivos de uso ilícito". 

Pese a estas incursiones, que permitieron enviar una voz de alerta, este 13 de abril el hecho se volvió a repetir. En horas de la tarde, un grupo de hombres fuertemente armados, que se identificaron como miembros del Frente Carlos Patiño, llegó una vez más a El Sinaí. Con lista en mano, comenzaron a preguntar por la ubicación de varios habitantes que identificaban con nombre propio. 

"Exigimos responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de los exguerrilleros de las Farc firmantes del acuerdo de paz, los líderes sociales integrantes de Ascamta, del Pupsoc, de Marcha Patriótica Cauca y de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento El Plateado", fue el llamado que hizo la comunidad este lunes. 

Renglón seguido, al presidente Duque le solicitaron adelantar medidas que permitan prevenir la vulneración de los derechos humanos y desarrollar las "acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por acción y omisión por los hechos consagrados en esta denuncia pública". A la gobernación del Cauca le pidieron "hacer presencia integral en los territorio para lograr garantizar los derechos". 

Al tiempo que se conocían las denuncias, la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia hizo un llamado a la protección "inmediata tanto de reincorporados de las Farc como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona". Lo hizo después de que el procurador, Fernando Carrillo, le pidió a la fuerza pública garantizar la protección efectiva de los habitantes de la zona. 

La crisis del coronavirus ha eclipsado la tragedia del exterminio violento de los excombatientes y líderes sociales. Pero el fenómeno, un tanto invisible, sigue y amenaza con propagarse más.