Disidencias de las Farc piden “despejar” cinco municipios para liberar a los dos agentes del CTI que mantienen secuestrados

En lo que claramente se convierte en una extorsión al Estado, las disidencias de las Farc, el grupo de criminales que secuestró a dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, hacen una exigencia para su liberación, no como compromiso con la supuesta paz que profesan, sino con una clara intención de intimidar a la población.

SEMANA conoció que los delincuentes exigen el despeje de cinco municipios para liberar a los funcionarios que fueron secuestrados el pasado viernes cuando cumplían un recorrido en el departamento de Cauca, no muy lejos de la ciudad de Popayán. La misma Fiscalía rechazó, con vehemencia, el plagio.

“La Fiscalía General de la Nación rechaza vehementemente la inaceptable retención ilegal de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerson René Rivera Fernández. La Fiscalía General de la Nación pide respeto por la vida e integridad de estos dos servidores de la justicia y exige su inmediata liberación”, señaló la Fiscalía.

Las propias disidencias de las Farc confirmaron durante el fin de semana que tenían en su poder a los dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones que se encontraban en buen estado de salud y esperaban adelantar gestiones con organismos internacionales para lograr su liberación. Lo que no contaron era la exigencia que bajo la mesa estaban haciendo.

“En un punto de control y registro del Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, fueron sorprendidos transitando dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, identificados como Gerson Rivera y Betty Amanda Mage, uno de ellos técnico investigador con funciones de policía judicial, además de su acompañante María Yeni Ruiz”, señala un documento que se conoció y firmado por el grupo criminal.

Incluso, de forma insólita, aseguraron que los dos funcionarios fueron retenidos contra su voluntad porque se encontraban en zonas que estaban “bajo control militar y político” de las disidencias de las Farc, un hecho que causó indignación en varios sectores al advertir que este grupo criminal se apoderó de zonas en el departamento del Cauca.

“Como vemos, la ruptura al cese al fuego pone en riesgo a militares, policías y demás funcionarios del Estado que transitan dentro de las áreas que están bajo control político y militar de las Farc-EP y muchas veces cumplen tareas de la inteligencia no solo contra las Farc-EP, sino contra los liderazgos sociales y comunitarios”, señala el comunicado.

Mientras la Fiscalía insiste en que se respeten las garantías y la vida de los funcionarios, la Procuraduría llamó la atención por los hechos ocurridos y que dejan como víctima a los dos agentes del CTI, todo cuando al mismo tiempo rechazan enérgicamente los términos que están usando los criminales para referirse a puestos de control y zonas bajo su dominio.