Nación
Disidencias de las Farc siguen reclutando menores para adoctrinarlos; convocan consejo para revisar hasta casos de explotación sexual
El llamado de la Procuraduría se da tras ser informada por diferentes entidades del Estado de los abusos que se están cometiendo en el departamento de Antioquia.
Después de reunirse con autoridades militares, de Policía, Fiscalía, ICBF y entidades gubernamentales del departamento de Antioquia, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Gobernación convocar un Consejo de Política Social Ampliado donde se aborden principalmente los temas de reclutamiento forzado, explotación sexual infantil y deserción escolar en el departamento.
La propuesta se da luego de conocer denuncias sobre presunto adoctrinamiento y reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las disidencias de las Farc en las escuelas rurales del municipio de Yarumal, que llevaron a la procuradora Margarita Cabello Blanco a ordenar una comisión especial conformada por los Delegados de Infancia, Derechos Humanos y Acompañamiento al Proceso de Paz.
Niños de Antioquia comparten las sillas de su colegio con disidentes de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo y utilizan sus lápices para colorear los escudos que representan el dolor de un pueblo. SEMANA conoció el plan macabro que tienen los grupos delincuenciales para adoctrinar a menores en esta región.
Los integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc reparten útiles escolares y se pasean por las aulas de clase con el fusil en el hombro. Mientras que el Clan del Golfo y el ELN buscan en los recreos a los mayores de 12 años para sumarlos a sus filas.
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En el marco de esa comisión, según advierte el Ministerio Público, se convocó una mesa de trabajo para verificar la situación y tomar medidas urgentes con el fin de contrarrestarla. Entre los compromisos que resultaron del encuentro estuvieron el diseño de un plan con acciones específicas para frenar la ocurrencia de este fenómeno.
“También de una estrategia con enfoque diferencial y étnico para atender las necesidades específicas de grupos indígenas en el Bajo Cauca, Urabá, Suroeste y Nordeste Antioqueño, la asignación de recursos para materializar estas acciones y el levantamiento urgente de bases de datos del nivel nacional, departamental y municipal, para identificar la totalidad de niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados, desvinculados e ingresados a los distintos programas del ICBF”, señala el Ministerio Público.
Frente a las acciones de la fuerza pública, se solicitó a la Policía y el Ejército establecer estrategias articuladas frente a este fenómeno y buscar apoyo del Gobierno nacional para aumentar el número de efectivos al menos en un pelotón por municipio.
Al menos diez instituciones públicas han recibido a los sujetos fuertemente armados, ubicadas en las zonas rurales de las tres subregiones más violentas del departamento, donde el silencio es la ley y la muerte la condena: norte, nordeste y Bajo Cauca.
Cientos de alumnos de Campamento, Angostura y Yarumal fueron convocados por los guerrilleros del bloque 36 para recibir cuadernos y colores. También les pintaron el rostro con dibujos e hicieron juegos sin soltar el material de guerra que los acompañaba.
Los adolescentes que reciben clases en las veredas de Vegachí, Segovia y Remedios recibieron la invitación del ELN y el Clan del Golfo para cumplir con “trabajos comunitarios” bajo la coordinación de los delincuentes. La condición es que tengan entre 12 y 14 años.
En los colegios que están alejados de la zona urbana de San Pedro de los Milagros apareció una pareja exigiendo los datos de directivos, profesores y estudiantes para cumplir objetivos que están siendo investigados por las autoridades judiciales regionales.
Finalmente, disidentes tomaron una silla de una sede educativa de El Bagre para asesinar a un hombre que habría trabajado con alias Otoniel. Frente a este escenario, más de mil menores dejaron de recibir clases por el temor de quedar en medio de las balas.
Así operan
Todo esto estaría enmarcado en una estrategia de los grupos armados ilegales para ganar el respaldo social en las zonas donde delinquen, según explicó la Gobernación de Antioquia. Al parecer, los cuadernos donados a los niños los estarían comprando con el dinero de extorsiones. Es decir, las autoridades sospechan que, mientras el Ejército y la Policía tienen un freno para no atacarlos por orden del presidente Gustavo Petro, estarían ganando tiempo, reconocimiento y espacio. Por eso empezarían con los más pequeños.
Los docentes tienen terror de estas visitas y no están satisfechos con la seguridad que ofrece la fuerza pública. Ante la presencia de los ilegales, solo les queda agachar la cabeza. Más de 300 educadores han denunciado amenazas en los últimos cuatro años.
