Disidentes no han cumplido el cese al fuego, han hostigado al Ejército y a la Policía: denuncia la Defensoría del Pueblo

La situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia sigue siendo un tema preocupante para la Defensoría del Pueblo, como lo evidenció en el segundo boletín que emitió sobre la situación de DD.HH. en el marco de la declaratoria de cese al fuego.

El informe de la Defensoría revela que, durante el lapso entre el 21 de enero y el 10 de febrero de 2023, se registraron cinco acciones bélicas en el departamento del Cauca, donde la facción disidente de las antiguas Farc, denominada Estado Mayor Central, ha estado activa. Dichas acciones involucraron directamente a la Fuerza Pública y al Comando Coordinador de Occidente (CCO).

Los hechos violentos tuvieron lugar en zonas que cuentan con alertas tempranas vigentes y en proceso de seguimiento, como el hostigamiento contra el Ejército Nacional en el municipio de Buenos Aires el 23 de enero, el hostigamiento a la estación de Policía de Corinto el 3 de febrero, enfrentamientos armados en Argelia el 9 del mismo mes, hostigamientos contra el Ejército y la Policía de Corinto al día siguiente, y combates entre la fuerza pública y la guerrilla en zona rural de Balboa el 12 de febrero.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo llamado a las autoridades para que se tomen medidas en defensa de los derechos humanos en el departamento del Cauca, donde la población ha sido impactada de manera significativa por la violencia.

“Hacemos especial seguimiento y un llamado a las autoridades por la estabilidad y la defensa de los derechos humanos en Cauca, ante los continuos hechos de violencia que impactan a la comunidad en este departamento. Sin dejar de lado que en esta región hay vulneraciones a los derechos humanos. En los 21 días de los que trata el segundo informe también se identificaron situaciones que, aunque no tuvieron lugar directamente entre fuerza pública y alguno de los grupos aludidos en los decretos del Gobierno nacional, sí generaron impactos humanitarios y/o de vulneración a los derechos humanos o al DIH”, aseguró el Camargo.

Además, en el informe se denuncia que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) “buscan perpetuar el orden violento a través de la instauración del miedo entre sus habitantes, la imposición de normas de convivencia, la regulación de la vida cotidiana y la suplantación del Estado, como ocurre en Córdoba, Sucre y la subregión de los Montes de María de Bolívar y Sucre”. Estas acciones tienen un impacto negativo en la población civil, que se ve obligada a vivir bajo un clima de inseguridad y vulnerabilidad.

El informe también hace referencia a otros hechos de profunda gravedad, como la masacre de tres personas en El Cerrito, en Valle del Cauca, el 16 de febrero, y la masacre de tres jóvenes en el municipio de Campamento, Antioquia, el 30 de enero, presuntamente a manos de miembros de la facción disidente del Frente 36 de las Farc. Estos hechos han generado un gran impacto en la sociedad colombiana y han generado preocupación a nivel nacional.

La Defensoría del Pueblo ha expresado su profunda preocupación por la situación humanitaria en la subregión Telembí del Pacífico nariñense, específicamente en los municipios de Roberto y Magüí Payán, donde hay intensos combates entre facciones disidentes de las Farc, adscritas a la Segunda Marquetalia y al Estado Mayor Central.

“Seguimos instando a que se adopten las recomendaciones formuladas en nuestras alertas tempranas y a que, en paralelo a las disposiciones normativas y de mutuo acuerdo que sean adoptadas en materia de paz y de cese al fuego, el Estado colombiano afiance sus esfuerzos en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH en los territorios donde los cuatro grupos señalados tienen algún tipo de actuación”, concluyó el Defensor del Pueblo.