Disparada la inseguridad en La Guajira, tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo han sido asesinados el último año

En La Guajira, la delincuencia y la criminalidad vienen en ascenso, además de la presencia de grupos armados como ‘Las Autodefensas de La Sierra Nevada’, se vienen registrando asesinatos cuyas víctimas son los defensores públicos. En el último año, tres defensores de derechos humanos han perdido la vida en circunstancias violentas tanto en Riohacha como en Maicao.

Estos crímenes han llevado a la Defensoría del Pueblo a pedir a la Fiscalía General de la Nación una investigación para determinar si estos crímenes están relacionados, la entidad hizo un llamado urgente para poner fin a la violencia contra los servidores públicos que trabajan en la defensa de los derechos de las poblaciones más vulnerables.

El más reciente de estos asesinatos ocurrió en la Clínica Maicao, donde Freddy Enrique Rhenals Coronado, un defensor público, fue ingresado con graves heridas de bala. El hecho se registró el 5 de septiembre, mientras uno de sus hijos trabajaba como médico en el mismo centro de salud. Pese a los esfuerzos médicos, Rhenals no logró sobrevivir.

Todo indica que el ataque fue perpetrado por sicarios en motocicleta, quienes aparentemente habían estado siguiendo a este servidor público. El violento ataque ocurrió minutos después de que Rhenals dejara a su hija menor en su hogar en el barrio San José de Maicao y emprendiera su camino en motocicleta. Apenas había avanzado una cuadra cuando los delincuentes lo alcanzaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

Freddy Rhenals, abogado de 47 años, había estado trabajando en la Defensoría del Pueblo desde 2019, específicamente en la sede regional de La Guajira. Su labor se centraba en gestionar la defensa jurídica de los derechos de la población privada de la libertad en el circuito judicial de Maicao.

Este trágico suceso marca el tercer asesinato de un funcionario de la regional de La Guajira en el último año. Antes de Rhenals, Néstor Enrique Martínez Brito, contador de 49 años, perdió la vida el 15 de marzo de 2023. Al igual que en los casos anteriores, Martínez fue atacado mientras se dirigía a recoger a su hija para llevarla al colegio en Riohacha. Sicarios motorizados lo interceptaron y acabaron con su vida en las primeras horas de la mañana.

El tercer funcionario asesinado en esta serie de crímenes fue Raúl Roberto Rosales Blanquiceth, de 32 años. En pleno día, el 14 de julio de 2022, mientras hablaba por teléfono en una calle del barrio Los Nogales de Riohacha, fue víctima de un sicario que le disparó a sangre fría.

Rosales, quien había sido pensionado de la Policía y se había graduado de abogado, trabajaba en la Defensoría como defensor público de los capturados.

Llamado de la Defensoría del Pueblo

La creciente ola de homicidios de funcionarios públicos ha llevado al defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, a expresar su indignación y urgir a que se detenga esta violencia. “No puede ser que continúen asesinando a nuestros funcionarios y defensores públicos, cuya misión no es otra que estar al servicio de la defensa, protección y garantía de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Los ataques contra los servidores públicos tienen que parar”, enfatizó.

Frente a la investigación de estos atentados, las autoridades aún no han determinado si se trata de casos relacionados o incidentes aislados. Aunque se han ofrecido recompensas por información relacionada con estos tres casos y se han formado grupos de investigación especiales, el caso de Néstor Martínez ha avanzado más, ya que se ha capturado a un sicario, César Miguel Pérez Díaz, alias “César Laguna”.

Este individuo fue arrestado gracias al análisis de las cámaras de vigilancia y enfrenta cargos por homicidio y porte ilegal de armas. Sin embargo, aún se desconoce quién sería el autor intelectual que habría contratado a este sicario para llevar a cabo el asesinato del funcionario.

El departamento de La Guajira no sólo afronta la presencia grupos armados, sino también de redes de narcotráfico transnacional y grupos dedicados al contrabando, lo que aumenta la presión sobre las comunidades y contribuye a la perpetración de crímenes y hechos violentos.

Entre las organizaciones criminales más conocidas se encuentran el Clan del Golfo y “los Pachenca”, que compiten por el control del territorio para llevar a cabo actividades ilícitas.