Disputa entre ELN y Clan del Golfo tiene a 27 de los 31 municipios del Chocó en riesgo, advierte Defensoría; aumentan los desplazamientos

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado de atención sobre la necesidad de un trabajo conjunto y eficaz de todas las instituciones para mitigar la difícil situación que enfrentan los habitantes del Chocó. Aunque reconoce los esfuerzos realizados por los entes nacionales y territoriales, advierte que las problemáticas que afectan a la región son de larga data y es inaceptable que la población continúe siendo víctima de violaciones constantes a los derechos humanos.

“¿Hasta cuándo se hará realidad un trabajo conjunto y eficaz de toda la institucionalidad que permita mitigar lo que viven los habitantes del Chocó? Si bien valoramos los esfuerzos de los entes nacionales y territoriales y reconocemos que las problemáticas son de vieja data, no puede ser que la población del departamento tenga que seguir siendo víctima de toda clase de vulneración de los derechos humanos”, aseguró el defensor Camargo.

El defensor del Pueblo afirmó que durante los últimos cuatro años ha habido un incremento en las violaciones a los derechos humanos y en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los homicidios, las amenazas, los señalamientos, las desapariciones forzadas y la estigmatización contra líderes sociales, comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas han aumentado de manera preocupante, sostiene.

A esto se suma la escasa cantidad de denuncias formales presentadas. El defensor Camargo también señaló que la falta de confianza en las instituciones, la demora en las respuestas, la falta de medidas de protección adecuadas y la intimidación ejercida por grupos ilegales han provocado un silencio generalizado entre aquellos que están amenazados, sus familias y las comunidades.

La disputa territorial entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, ha generado desplazamientos y confinamientos masivos, reclutamiento de menores, extorsiones y problemas medioambientales, como la minería ilegal y el aprovechamiento forestal indiscriminado. Además, ha llevado a los mandatarios locales a despachar desde otras jurisdicciones.

Ante la situación, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias Alertas Tempranas desde 2018 hasta la fecha, abarcando 27 de los 31 municipios del departamento del Chocó, ubicado en la región del Pacífico colombiano. Los municipios sobre los cuales ha advertido la entidad incluyen a Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Sipí, San José del Palmar, Nóvita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito, El Cantón del San Pablo y Quibdó.

En lo que va de este año, se han registrado 71 eventos en la región, con alrededor de 14.000 personas confinadas en 11 municipios, lo que afecta a 71 comunidades en total. El actual paro armado del ELN ha mantenido confinadas a 52 comunidades en cinco municipios de la subregión de San Juan, lo que afecta aproximadamente a 9.000 personas. En total, 123 comunidades, con alrededor de 23.000 personas, en su mayoría afrodescendientes e indígenas, han sufrido las consecuencias del conflicto armado en lo que va de este año.

El defensor del Pueblo instó a las autoridades competentes a establecer planes de acción y rutas efectivas de atención para beneficiar a las comunidades del Chocó. Además, se mencionó que los municipios de Unión Panamericana, Carmen de Atrato, Belén de Bajirá y Atrato no han sido advertidos oficialmente por la Defensoría del Pueblo, pero se les está haciendo seguimiento debido a manifestaciones de violencia por parte de grupos armados ilegales contra sus habitantes.

“Las graves afectaciones a sus derechos a la vida, libertad, seguridad, alimentación, salud, libre movilidad, por mencionar algunos, tienen que llegar a su fin. Llamo a los entes competentes a establecer planes de acción, rutas efectivas de atención, para favorecer a las comunidades del Chocó”, expresó el funcionario.

Carlos Camargo concluyó señalando que, aunque no se vislumbra una solución definitiva debido a los problemas estructurales arraigados desde hace décadas, el Estado debe prestar atención al Chocó. La respuesta estatal hasta ahora ha sido insuficiente y ha agravado la crisis humanitaria que afecta a la población civil. Por lo tanto, instó a las instituciones nacionales a actuar de inmediato.

“La respuesta estatal ha sido precaria, en consecuencia, ha agudizado la crisis humanitaria que padece la población civil. Es un departamento que, pese a la violencia generalizada, ha resistido los embates de la indiferencia de las instituciones nacionales, que deben pasar cuanto antes por el departamento, establecer campamento permanente y adoptar medidas de fondo”.