Disputas entre disidencias y paramilitares ponen en riesgo a población del norte de Antioquia, alerta la Defensoría del Pueblo

Los habitantes de los municipios de Angostura, Campamento, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal, en Antioquia, están amenazados por las disputas entre grupos armados, de acuerdo con la alerta temprana 11 de 2021 de la Defensoría del Pueblo.

En el documento, publicado por la entidad, se advierte que 37.766 hombres y 38.015 mujeres están bajo riesgo, aunque quienes están en especial peligro son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además, las personas defensoras de derechos humanos, los líderes sociales, transportadores, ex combatientes en proceso de reincorporación, campesinas y campesinos, entre otros, también pueden ser un blanco.

La subregión del norte de Antioquia siempre ha tenido presencia de grupos al margen de la ley, dice la entidad, pero el problema actual se centra en la disputa de los mismos por el control militar, económico y poblacional del territorio.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las disidencias de las Farc, particularmente los frentes 18 y 36, el ELN y Los Pachelly, son los actores que generan peligro y han producido un escalamiento del conflicto. Entre sus integrantes se ha mantenido una dinámica de expansión territorial y de confrontación armada, que implica dinámicas de control social en zona rural y con mayor violencia en las veredas limítrofes entre los municipios, para evitar el avance del grupo contrario.

El panorama entregado por la Defensoría del Pueblo y detallado a profundidad en el documento no es algo extraño para la región. Desde los años 60 ha habido presencia de grupos insurgentes. La amenaza actual se trata, sobre todo, del fortalecimiento de las AGC y del frente 36 de las disidencias de las Farc desde mediados de 2020, que ha robustecido su capacidad militar y expandido su control.

Los municipios mencionados por la entidad cuentan con vías secundarias, terciarias y corredores destapados que facilitan la movilidad entre sí. El control de estos corredores les permite a los actores armados ilegales dominar los territorios sobre una zona muy extensa que va desde el río Cauca, la subregión del norte de Antioquia, hasta el río Porce en el nordeste. Asimismo, les permite con relativa facilidad la movilidad de tropas e insumos, así como el aprovisionamiento y refugio.

La entidad se refiere específicamente a Hidroituango y a otros proyectos hidroenergéticos, porque la explotación de los recursos hídricos también es un factor de interés para los grupos armados y mediante la exigencia de pagos de impuestos o extorsiones pretenden tener acceso al dinero invertido allí.

Además, la explotación de minerales también está presente en Angostura, Campamento, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Yarumal, y se une al cúmulo de intereses de los grupos armados en la zona, que cobrando extorsiones a las empresas y a los mineros pretenden financiarse.

Con todo, el narcotráfico es uno de los factores siempre presentes y que impacta a los cinco municipios de la alerta temprana, puesto que allí hay siembra, procesamiento, transporte de insumos y son corredores de comercialización.

Los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad a no ser desplazados, a las libertades políticas, a la integridad personal, entre otros, se ven amenazados, ya que existe una posibilidad de que ocurran homicidios, masacres, violencia sexual y desaparición forzada en contra de la población, etc.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre los factores de vulnerabilidad de la población están la presencia de cultivos ilícitos y las necesidades insatisfechas, pues los niveles de pobreza son altos por las pocas alternativas económicas.

Con todo, la entidad hace un llamado a las personerías municipales, a la Fiscalía General de la Nación, a la gobernación de Antioquia, a la Unidad Nacional de Protección, al ICBF, al Ministerio del Interior, así como otras autoridades, sumado al Ejército, el Ministerio de Defensa y otros de la fuerza pública, a tomar las acciones necesarias y correspondientes para manejar la situación de los habitantes de Angostura, Campamento, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal, que corren riesgos latentes que pueden y deben prevenirse y evitarse.