Distribución de las tierras en el gobierno Petro, entre la esperanza y la incertidumbre

Incertidumbre y esperanza es lo que se vive en estos momentos en el país, alrededor del tema de las tierras. Con la entrada del nuevo gobierno, las expectativas son altas, pero también hay varios temores que vienen desde la campaña presidencial por los anuncios que hizo el presidente electo Gustavo Petro desde entonces.

Hasta el próximo 7 de agosto se comenzarán a conocer los verdaderos alcances de las reformas que el gobierno entrante hará en los próximos cuatro años, pero ya hay un panorama en el que la gran duda es cómo será la repartija de las tierras en el país y qué consecuencias podría traer este nuevo modelo.

Uno de los principales anuncios es la reforma agraria que el Gobierno le planteará al Congreso en los próximos meses. Entre los temores está que revive el fantasma de la expropiación, aunque el Gobierno ha buscado moderar el tono y despejar cualquier miedo en torno a esa idea.

Los gremios del sector de alimentos, especialmente, analizan lo que pueda suceder. Tienen la intención de que se haga un buen trabajo conjunto y piden que sean tenidos en cuenta en todo ese proceso. Desde ya, lanzan algunas alertas de lo que podría pasar si no se desarrolla un modelo sostenible a largo plazo.

Algunos ya han tenido acercamientos con miembros del gobierno entrante, entre ellos la ministra designada de Agricultura, Cecilia López, y hasta congresistas del Pacto Histórico como el senador César Pachón.

Los líderes gremiales les han planteado varias dudas y recomendaciones al gobierno entrante. El presidente de Porkcolombia, Jeffrey Fajardo, pidió con contundencia: “Que nos dejen seguir trabajando”.

Resalta que su gremio ha sido el que más ha crecido en los últimos años y no quiere perder el avance que ha logrado en quince años, el último creció un 25 % en términos reales, es decir, descontada la inflación.

Uno de los principales temores de Fajardo es la apertura de la frontera con Venezuela, un hecho que ya confirmó el canciller designado, Álvaro Leyva, tras su visita a ese país. Fajardo no se opone a que se haga, pero pide que los tengan en cuenta para contribuir a una transición sana, ya que las condiciones de ese país podrían representarles una pérdida del estatus sanitario.

“Nos ha costado más de 500.000 millones de pesos en los últimos quince años lograr ese estatus reconocido por la Organización de Sanidad Animal. Venezuela no lo tiene”, afirma. El riesgo es que si no se lleva a cabo ese proceso de forma controlada, la falta de sanidad porcina y de otros animales en Venezuela podría afectar el mercado colombiano y perder esos logros.

Otra solicitud que hace el presidente de Porkcolombia es que se implemente una política de desarrollo agropecuario a largo plazo. Pone de ejemplo el Farm Bill (Ley agrícola) de Estados Unidos en la que cada cinco años se establecen esas metas más allá de la duración de los gobiernos.

Un tema adicional que preocupa sobremanera a los empresarios es la importación de alimentos, ya que el gobierno entrante ha anunciado que buscará incrementar la producción local y subir los aranceles a algunos productos provenientes de otros países. Los líderes de los gremios aseguran que eso podría derivar en una crisis alimentaria sin precedentes, ya que se aumentaría el precio de los insumos para la producción de sus alimentos y encarecería el consumo de los colombianos.

Un ejemplo concreto es la producción de maíz, que es baja en Colombia. El Gobierno ha dicho que la quiere incrementar, pero Fajardo recalca que no hay condiciones para producir la cantidad necesaria, que actualmente es de alrededor de 7 millones de toneladas que llegan de Estados Unidos. “Va a ser imposible producir proteína animal, se va a poner al techo el precio de la carne de cerdo, de pollo y de los huevos, y básicamente es un contrasentido que hará peor la condición de acceso a los alimentos a los colombianos”, aseguró Fajardo.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, tiene una percepción similar. “Nos parece un riesgo para el costo de la comida de los colombianos que se piense poner aranceles a insumos importados que son necesarios y que hacen parte de lo que puede ser una producción agropecuaria nacional”, afirmó.

El presidente de la SAC hace otra alerta y es que el sistema de aranceles anunciado por el Gobierno podría generar que otros países que se sientan afectados cierren el mercado o pongan impuestos similares a productos nacionales de exportación.

Indígenas y el conflicto de tierras

Otro tema que preocupa a algunos gremios es la situación de confrontación histórica que se vive en algunos territorios con comunidades indígenas. Esta semana en Padilla, norte del Cauca, algunos indígenas entraron encapuchados a confrontar a trabajadores de cultivos de caña. “Llegan a las haciendas de forma agresiva y manifiestan que no nos quieren ver más trabajando en estas tierras”, contó un trabajador que pidió reserva de su nombre.

El presidente electo Gustavo Petro tuvo que salir a mediar la situación. “Toda solución al conflicto por las tierras debe pasar antes que nada por el diálogo. Invito al movimiento indígena, a Asocaña y a los movimientos sociales del norte del Cauca a iniciar el primer diálogo regional de Colombia por la paz”, aseguró.

Todos los actores han dicho que están dispuestos a dialogar, entre ellos el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y Asocaña. “Es un llamado que hace mucho tiempo estamos haciendo. Asocaña, sus cultivadores y todo ese componente de la agroindustria siempre ha estado proclive al diálogo, es reiterativo de nuestro lado. Debe estar marcado en el respeto a los derechos, a la vida, al trabajo y a la libre empresa”, afirmó Claudia Ximena Calero, presidenta de ese gremio.

Según cifras de Asocaña, solo en 2022 se han registrado 21 predios invadidos en Guachené, Padilla, Corinto, Miranda y Caloto, para un total de 800 hectáreas irrumpidas violentamente en lo que va corrido de este año.

También preocupan los cultivos de coca porque, mientras los indígenas justifican que se trata de un tema ancestral, lo cierto es que se permite el narcotráfico. “La cuestión no es condenar a los que siembran y los pequeños cultivadores. Por ejemplo, para el pueblo Nasa la planta de coca es una planta sagrada para los rituales espirituales, el problema es la transformación de sus insumos”, aseguró Giovani Yule, director designado de la Unidad de Restitución de Tierras.

El nombre de Yule en el cargo ha generado interrogantes en varios sectores que reclaman que podría tomar decisiones que favorezcan a las comunidades indígenas por encima de otros intereses; sin embargo, dice que no será así y que les dará garantías a todos los sectores y a los colombianos.

Hasta ahora hay un tono dialogante entre el Gobierno, los gremios y los demás actores, pero hay profundas diferencias de visiones y líneas rojas que pueden generar un caos sin precedentes en el país en materia rural y agroindustrial.

La repartición de las tierras de forma organizada será fundamental y allí la reforma agraria que saque adelante la ministra de Agricultura, Cecilia López, será clave. “El catastro multipropósito va a llevar las tierras, sobre todo rurales, a su precio real, su precio comercial”, aseguró López.

Sobre el miedo a la expropiación, la ministra dijo que se debe dejar de lado, pero anunció que si una tierra no es usada de manera productiva y no se paga el impuesto, “esas tierras entrarán al mercado y un comprador adicional podrá ser el Estado”.

El Gobierno ha anunciado que las tierras en Colombia tendrán una nueva visión en la que, quienes han estado históricamente excluidos, ahora contarán con mejores oportunidades. Y en ese sentido, lo importante será que haya diálogo permanente con las distintas agremiaciones y que no se vaya a poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.