Distrito ha gastado $2.835 millones en mejorar plazas de mercado, pero siguen deterioradas

En un debate de control político en el Concejo de Bogotá, el concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera, cuestionó la tormentosa aplicación que le ha dado la Administración Distrital a la resolución 267 de 2020 expedida por el Instituto para la Economía Social (Ipes), que modifica el reglamento y las tarifas de las plazas, aumenta los requisitos para adquirir un local y disminuye el tiempo del contrato.

Según lo explicó el cabildante, además del descontento que generó la falta de participación en su elaboración, algunas personas denuncian que reciben locales en malas condiciones, que los trámites son difíciles y excluyentes, y que falta capacitación en ideas de negocio y uso de plataformas digitales, requisitos para adquirir un local.

Por si fuera poco, Rivera advirtió que aunque la Alcaldía está gastando los recursos destinados a las obras de infraestructura y mantenimiento, hoy persiste el deterioro en muchas de las plazas. Esta queja es preocupante, de acuerdo con el cabildante, si se tiene en cuenta que a diciembre de 2021, el Ipes gastó $2.835 millones, con un 100 % de ejecución, para reforzar la infraestructura de dos plazas de mercado. Sin embargo, se ejecutó 0 % de la meta física.

“Llevamos meses visitando las plazas de mercado de Bogotá junto al equipo del concejal Manuel Sarmiento. Por ejemplo, en la Plaza de La Perseverancia, lo que hemos visto es que se requieren cambios en la cubierta y pisos, el agua se filtra por los techos dañando la mercancía, existen problemas de salubridad y afectaciones en el sistema eléctrico que hacen que se quemen equipos como las neveras. También las mangueras están en tan mal estado que se está desperdiciando agua”, afirmó Rivera.

El concejal también advierte problemas de planeación: “9 de las 19 plazas de mercado ubicadas en el sur de la ciudad tienen el 80 % de desocupación. En el 2020 había 602 módulos disponibles y en el 2021 había 777″.

Así las cosas, Rivera Alzate hizo un llamado al Ipes para garantizar una mayor participación de los vivanderos en los procesos de planeación y ejecución, así como comprender el funcionamiento de las plazas como símbolo de patrimonio cultural e inmaterial y su rol como garantes de la soberanía alimentaria de las personas que residen en Bogotá.

Por otro lado, la concejal Ati Quigua, vocera del Mais, cuestionó también las resoluciones 267 de 2020 y 037 de 2021 expedida por el Ipes.

De acuerdo con la cabildante, desde el año 2020, los comerciantes han venido manifestando su inconformismo y rechazo frente a las inconsistencias de las resoluciones, pues no se tuvo en cuenta la participación de los representantes de las plazas de mercado desde que se dio inicio a este proceso de organización. Alegan que la estructuración de esta norma no se dio en un marco deliberativo, que su ejecución amenaza su estabilidad económica y manifiestan, además, las problemáticas que se vienen presentando desde su proceso de implementación.

Lo anterior, según Quigua, desencadenó una persecución en cobros de arriendo, el afán de una firma de un contrato, el cual no se ve a que se atribuye, y para qué sirve socialmente, careciendo de una pedagogía que permita hacer entender lo que se reglamentó.

La concejal del Mais, indicó que la resolución “desconoce la economía popular, perjudica la antigüedad y criminaliza el trabajo digno. Hay una deuda histórica con el trabajo para las mujeres, esta administración tiene un énfasis sobre el sistema del cuidado para las mujeres, pero no se refleja en este tema, tampoco articulada las instituciones. La resolución no garantiza la seguridad social, algunos comerciantes no firman estos contratos por considerarlos lesivos y nocivos a su derecho al trabajo”.

Finalmente, señaló que “en esta resolución se está perdiendo el carácter de las plazas de mercado como espacios públicos de la ciudad, que puedan garantizar no solo el ingreso económico de población vulnerable, sino la garantía de un sistema de abastecimiento de la ciudad, y si debe ser responsabilidad de la administración poner las plazas en función esa garantía y de ese programa distrital de abastecimiento”.