Distrito se rinde y deja en manos de un juez futuro de los indígenas en el Parque Nacional

El pasado 3 de febrero, representantes de la Alcaldía de Bogotá realizaron un cuarto intento de caracterizar a los indígenas emberá que actualmente residen en el Parque Nacional, con el fin de conocer de primera mano cuántos de ellos estarían dispuestos a dejar la capital para regresar a sus respectivos territorios.

Sin embargo, luego de varias horas de trabajo, tanto los funcionarios del Distrito como las autoridades y los periodistas que cubrían la noticia fueron sacados del parque a palo. De acuerdo con las víctimas, las poblaciones originarias de Risaralda y Chocó empezaron a agredir, física y verbalmente, a los trabajadores que habían llegado hasta el lugar.

“Desde hoy a las 6:00 a. m., el Gobierno nacional con el ICBF, la Unidad de Víctimas, el Ministerio del Interior y las entidades del Distrito Capital organizamos un dispositivo para realizar la identificación de la población emberá que se encuentra asentada en el Parque Nacional, con el objetivo de saber quiénes de esta población desean retornar a sus resguardos, a sus territorios ancestrales, y quiénes de ellos no, y entonces activar todos los acuerdos establecidos con el Ministerio Público y el Gobierno nacional para facilitar un retorno con condiciones dignas”, indicó Vladimir Rodríguez, alto consejero de Víctima, Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá.

Asimismo, Rodríguez añadió: “Hubo un espacio de conversación y diálogo con algunos miembros del Ministerio Público y del Distrito para explicar la necesidad de realizar la identificación; en este diálogo surgieron otro tipo de demandas con alcance que desbordan las competencias del Distrito y de cualquier alcaldía del país”.

Finalmente, el alto consejero mencionó que en medio de la insistencia para que las personas se dejaran ayudar y pudieran optar por la oferta social que la Alcaldía estaba ofreciendo, fue cuando los emberá tomaron palos para atacar a los funcionarios, además de lanzar varios improperios en su contra. Por esto, los empleados del Distrito decidieron abandonar el lugar con el fin de evitar que los indígenas pudieran perjudicar su integridad.

“El Distrito Capital tuvo toda la disposición para desarrollar la identificación, (con) varios funcionarios (que) desde muy temprano estuvieron e ingresaron al Parque Nacional para tomar la información de la comunidad emberá aquí asentada. Lastimosamente, algunos líderes orientaron y decidieron que no se adelantara este ejercicio y los funcionarios, frente a riesgos que se pudieran presentar, decidieron retirarse”, concluyó Vladimir Rodríguez.

Ante esta situación de orden público, la Alcaldía tomó la decisión de dejar de insistir para la caracterización de los indígenas y que sea el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Bogotá el que se encargue de esta situación.

“Lo que viene es allegar las pruebas de lo que hemos venido recopilando y lo sucedido el día de ayer ante un juez, la intendencia de Policía, la Fiscalía y ahora será un juez quien determine el paso a seguir en el caso del Parque Nacional”, añadió este 4 de enero Rodríguez.

Cabe recordar que la opción judicial era una propuesta que ya tenía planteada el Distrito, tal como lo informó el mismo jefe de Gabinete de Claudia López, el exsecretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien había asegurado que el intento del pasado 3 de febrero sería el último que protagonizarían los funcionarios de la Alcaldía.

“Es el último intento que realizará el Distrito por caracterizar a los indígenas emberá que están en el Parque Nacional. Se han hecho ya cuatro intentos por órdenes judiciales, pero la población se ha negado, incumpliendo además la orden judicial”, manifestó Gómez.

Por último, indicó también que, según el fallo del Juzgado, el Distrito podría tener la facultad de hacer cumplir la querella de desalojo que se había aprobado en el pasado.

“La orden de desalojo, fruto de la querella, tuvo que suspenderse por una orden judicial. La orden judicial ordenaba que hasta que no se realizara una caracterización, no se le brindaran alternativas de reubicación por parte del Distrito y no se le ofertara por parte de la Nación distintas alternativas para un retorno seguro, no podía continuarse con este procedimiento. Las distintas etapas han venido agotándose y los jueces han tomado nota de la renuencia por parte de algunos líderes. Así, agotados estos puntos, cuando se tenga certeza sobre el cumplimiento y el juez levante esa suspensión, se continuará con el desarrollo del proceso policivo como lo ordena la ley”, finalizó el jefe de Gabinete.