Desmanes de unos pocos en campamento de venezolanos: ¿qué está pasando?

“Hay un principio básico para los migrantes venezolanos en esta situación: ayúdate que yo te ayudaré”, sostuvo durante una rueda de prensa al mediodía Raúl Buitrago, secretario general de la Alcaldía de Bogotá. Y este lunes algunos de ellos lo incumplieron.

Tres horas y media antes, en el campamento humanitario que el Distrito inauguró el martes pasado en la carrera 69 con calle 47 en Bogotá hubo caos cuando varios venezolanos comenzaron a saquear las carpas donde la Alcaldía almacena la comida que les da y la Policía reaccionó. La confrontación escaló, pues algunos migrantes armaron barricadas para evitar el ingreso de las autoridades al campamento. Había personas armadas con cuchillos. En medio de los desmanes algunos dañaron los baños portátiles y una cámara de vigilancia que el Distrito había dispuesto en el lugar. Finalmente el Esmad tuvo que intervenir.

La respuesta de las autoridades fue rápida y en cuestión de hora y media la emergencia estaba contenida. Sin embargo, hubo efectos bastantes negativos. Dieciséis venezolanos (12 hombres y 4 mujeres) fueron detenidos, de los cuales 15 serán transportados hacia la frontera con Venezuela para ser expulsados del territorio nacional, mientras que uno más quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por ser menor de edad. Muchos habitantes del campamento salieron con su equipaje e hijos en mano temiendo que durante del día y especialmente en la noche algo les pudiera pasar. La comunidad del barrio Luis María Fernández -que desde un comienzo se opuso al campamento- ratificó sus argumentos de por qué cree que esta es una medida improvisada del Distrito.

Al parecer, de nuevo las causas de los problemas volvieron a ser las ayudas humanitarias, pues según cuentan varios migrantes, hace dos días una fundación llevó juguetes, ropa y comida para ellos, algo que estaba rotundamente prohibido en el manual de convivencia de este lugar, pues fue uno de los detonantes del caos que había en el asentamiento informal donde estas personas vivían antes.

La Alcaldía, según los venezolanos, guardó la comida en las carpas azules donde almacena el resto de alimentos que les distribuye a diario -en tres momentos del día- y en la mañana del lunes, en un acto de rebeldía, un grupo de migrantes comenzó a sacar los alimentos sin autorización.

Ante lo ocurrido, la Alcaldía convocó a una rueda de prensa en la que quedó claro que las personas que participaron en los disturbios rompieron las reglas a las que se sometieron cuando voluntariamente decidieron hacer parte de este campamento y firmar el manual de convivencia que lo rige. De ahí que el Distrito, en cabeza de Cristina Vélez, secretaria de integración social, tomó varias medidas al respecto:

• Quienes violen los acuerdos del manual de convivencia serán expulsados del campamento y en caso de que amerite, puestos a disposición de las autoridades.
• Habrá identificación biométrica de todas las personas que están en el campamento (además del nombre y del número de registro) para tener mayor control del lugar.
• Se duplicará la vigilancia privada en el sector (que ya se había reforzado de forma contundente cuando implementamos el campamento): antes había 8 vigilantes reforzando todo el perímetro del campamento y ahora habrá 16.
• El CAI móvil que la Secretaría de Seguridad dispuso desde el martes pasado, cuando trasladó a esta población al campamento, continuará.
• Ningún tipo de donación será recibida en el campamento. Únicamente en la Casa de la Juventud, de la localidad de Mártires (calle 24 # 27A -31), o en la Cruz Roja (Cra. 60 #63-81).

Sin embargo, como dijo el secretario de seguridad Jairo García, “No podemos criminalizar a todos los que han participado, pues son unos pocos”.  Vale la pena recordar que así como no todos los 400 venezolanos que hay en este campamento participaron en los disturbios, en la ciudad hay 238.000 migrantes de esta nacionalidad, por lo que sería injusto generalizar lo que ocurrió hoy a toda esta población. Muchos de los venezolanos que habitan en el campamento estaban conmocionados con lo ocurrido, tenían miedo y decidieron tomar su equipaje y sus familias y salir definitivamente de allí. Algunos incluso afirmaron que los que participaron en los disturbios los habían amenazado con tomar represalias si no se unían a la protesta.

Lo ocurrido este lunes pone de nuevo en el ojo del huracán la medida del alcalde Enrique Peñalosa de haber creado un campamento humanitario transitorio en Bogotá, una figura que, según muchas experiencias internacionales, resulta compleja por las problemáticas sociales que detona (riñas, mafias, asistencialismo, guetos, entre otros). No obstante, expertos en el tema señalan que mientras la mayoría de alcaldes afectados por esta crisis “le han sacado el cuerpo al asunto”, hay que reconocerle a la administración de Bogotá que decidió buscar una solución de fondo.

El problema es que la solución tiene algunos reparos. El Distrito no hizo un proceso formal de consulta previa con los habitantes del barrio Luis María Fernández, lo que desató una ola de inconformidad que, con lo ocurrido este lunes, se avivó y puede alcanzar mayores dimensiones. Así mismo, el día del traslado de los 400 venezolanos a este campamento no se hizo una requisa de lo que traían en su equipaje, una medida que habría evitado que las autoridades encontraran varias armas cortopunzantes al interior del campamento en horas de la tarde, durante la requisa que la Policía hizo luego de los disturbios.

De hecho, personas que frecuentan la vía Cúcuta-Pamplona y Bucaramanga-Socorro, le contaron a SEMANA que la iniciativa de la Alcaldía de abrir el campamento tuvo fallas al momento de comunicarse, pues creó expectativas irreales en los migrantes que recién entran al país, tanto que muchos que inicialmente iban para Ecuador decidieron cambiar de rumbo y quedarse en Bogotá cuando vieron que el Distrito abriría un campamento humanitario.

Durante la rueda de prensa, Cristina Vélez reiteró que no hay cupos para más personas en el campamento, no porque físicamente no los haya, sino porque esta es una medida que se creó para responder exclusivamente a lo que pasaba en el asentamiento de Salitre y tiene un fecha de finalización estipulada: 15 de enero de 2019. Incluso, añadió, “si debemos cerrarlo antes, lo haremos”.

Este es el primer campanazo de una nueva ola de migrantes que podrían llegar a Bogotá con falsas ilusiones y que se da en respuesta a un gesto de buena voluntad del Distrito en un momento en que las entidades territoriales responden como pueden a la crisis migratoria que el país vive. De momento queda claro que las ayudas humanitarias siguen siendo mal entregadas, pues las personas, por más buena voluntad que tengan, deben hacerlo a través de las instituciones que autoriza el Distrito. Así como el hecho de que no todos los venezolanos de este campamento renegaron de la comida del campamento o robaron las ayudas. Al contrario, los desmanes de unos pocos, terminaron afectando al grueso de los migrantes.