Uribismo acudirá a la justicia internacional para defender la doble instancia

La entrada en vigencia del fallo de la Corte Constitucional que permite que exaltos funcionarios del Estado puedan impugnar sus condenas sigue avivando una polémica que ya está al rojo vivo. Ahora el uribismo ha anunciado que se irá a defender ante la justicia internacional.

La firma de abogados Víctor Mosquera Marín, que dice defender a los aforados de esa corriente política, señaló que al menos 200 personas que, habiendo ocupado alto cargos en el Estado fueron condenadas por la Corte Suprema, denunciarán al Estado colombiano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante la negativa de la Justicia colombiana de permitirles objetar las sentencias dictadas en su contra.

El lunes 25 de abril entró en vigencia el fallo por medio del cual la Corte Constitucional estableció que quienes eran condenados en única instancia o aquellos que lo fueran por primera vez en fallos de segunda instancia o de casación tendrían la oportunidad de impugnar esas sentencias.

Eso significaba que, desde entonces, excongresistas, exministros generales (r) y demás aforados tendrían la oportunidad de apelar sus condenas, al igual que lo harían las personas que habiendo sido absueltas por un juez fuesen condenadas por el tribunal superior o absueltas en primera y segunda instancia y vencidas en casación.

Excongresistas, exdirectores de departamento y exministros del gobierno de Álvaro Uribe que habían sido condenados por la Corte Suprema vieron en esa posibilidad una verdadera esperanza para que los fallos que dictó esa corporación en su contra fueran revocados.

La cosa iba tan en serio, que el abogado Mosquera alcanzó a sugerir que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias estaría dispuesto a retornar al país para defender su inocencia ante una segunda instancia, aun cuando más tarde le aclaró a los periodistas que lo interrogaban que el exfuncionario se defendería desde su lugar de asilo.

Así, al menos nueve exfuncionarios de la época ya le habían solicitado a la Sala Penal que estudiará sus solicitudes de impugnación cuando la Corte Constitucional los aterrizó, afirmando que esa sentencia solo aplicaría para las sentencias ejecutoriadas desde el 25 de abril del 2016, lo que implicaba que ninguno de los coequiperos y exservidores del gobierno de Uribe podrían impugnar.

De ahí la respuesta airada de la defensa del grupo, que anuncia que no solo acudirá al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sino que también lo hará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para el abogado Mosquera Marín es claro que esta posición asumida por la Corte Constitucional desconoce el principio de favorabilidad que debe cobijar a todos los procesados en materia penal y que implica que, ante la existencia de distintas normas y posiciones jurisprudenciales sea aplicada aquella que más favorece los intereses del enjuiciado y del indiciado.