9 datos de la migración venezolana que revela el Conpes del gobierno Duque

Desde hace varios meses, las distintas agencias del gobierno encargadas de temas relacionados con la llegada masiva de venezolanos al país no habían podido dar respuesta concreta sobre las soluciones que planeaban. Problemáticas como la atención en salud a esta población, su situación habitacional, el desempleo por el que pasan, y la condición migratoria irregular de muchos, eran temas del día a día pero sobre los cuales no existían datos concretos. 

Este sábado, el gobierno publicó el documento Conpes que establece los lineamientos para atender ese fenómeno, así como los compromisos financieros y de atención humanitaria por parte de cada una de las entidades del Estado. El presidente Iván Duque lo presentó durante su taller Construyendo País en Cúcuta. El documento, contempla recursos por 422.000 millones de pesos de aquí a 2021 y la articulación de más de 15 entidades del Estado para atender la problemática. Principalmente va orientado a la atención de venezolanos en áreas críticas como salud, educación, primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, agua y alojamiento, inclusión laboral, convivencia y prevención de la xenofobia.

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Así como especifica varias de las medidas que el gobierno nacional tomará, también hace un diagnóstico completo de la situación, reconoce las debilidades del Estado para atender ciertos frentes y deja ver el reto socioeconómico que atender a los venezolanos representa para Colombia. Estos son algunos de los datos más reveladores. 

1. Colombia podría considerarse el segundo receptor de migrantes del mundo

Si bien hay toda una discusión detrás del término ‘refugiado’ y muchos insisten en que los venezolanos son migrantes económicos porque las motivaciones del éxodo de la mayoría son de carácter monetario, es claro que dada la magnitud del fenómeno al que se enfrenta el país, y como lo dice el CONPES, Colombia ya se podría considerar como uno de los países con mayor recepción de migrantes.

Según datos de Acnur de 2017, Turquía es el país que más migrantes ha recibido con más de 3,1 millones de personas expulsadas por la guerra civil en Siria. Le seguía El Líbano, que registró el ingreso de 996.000 refugiados provenientes del mismo país entre 2011 y 2017. Pero ahora, según las cifras más recientes de Migración Colombia sobre la llegada de venezolanos a Colombia, en poco más de dos años, el país ha recibido 1.032.016 migrantes provenientes de ese país, lo que lo posicionaría en la clasificación mundial de segundo, después de Turquía.

2. Puerto Santander es casi venezolano

Desde hace unos meses quedó claro que este fenómeno ya no es únicamente de frontera y que las ciudades grandes e intermedias se están convirtiendo en las principales receptoras de los migrantes con intención de permanencia, como Bogotá, que ahora es el departamento con más venezolanos (238.758). Pero el Conpes deja claro que los municipios fronterizos siguen enfrentando responsabilidades a las que difícilmente pueden responder dada su capacidad presupuestal y el más afectado de todos podría ser Puerto Santander (a 60 kilómetros de Cúcuta), donde queda uno de los puentes oficiales por donde cruzan los migrantes desde Venezuela.

Allí hay 2.536 venezolanos, que representan el 23,6 por ciento de la población total del municipio, una proporción bastante amplia con respecto al resto de municipios colombianos donde hay migrantes de esta nacionalidad, pues en Medellín, por ejemplo, si bien hay 31.408, estos representan el 1,2 por ciento de la población total de la ciudad. A esto se suma un dato clave: la capacidad que cada municipio tenga de albergar a los migrantes que han llegado, un indicador que tampoco favorece a Puerto Santander, pues su déficit habitacional es del 27,5 por ciento.

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3. Habrá enfoque territorial diferenciado

En vista de situaciones como la de Puerto Santander, la política pública para la atención de migrantes venezolanos será aplicada de forma distinta en cada territorio, pues, según el Conpes, los municipios receptores de migrantes tienen capacidades institucionales distintas para lidiar con la crisis. De ahí la disparidad que hay, por ejemplo, entre los bienes y servicios que un ente territorial como Bogotá -el más rico de la nación- le puede ofrecer a los migrantes, frente a lo que la alcaldía de Maicao (un municipio de categoría 6) puede hacer. Según el Conpes, Maicao y Puerto Santander son los municipios sobre los que más presión recae, pues son municipios fronterizos, de sexta categoría, donde la proporción de venezolanos con respecto a su población es alta y con altos déficit habitacionales.

4. Los colombianos retornados: un tema del que poco se ha hablado

Dentro de la población proveniente de Venezuela también hay personas con nacionalidad colombiana -o con posibilidad de demostrar el derecho a reclamarla- a los que se les ha dado el nombre de “retornados”. Los cálculos que ha hecho el Banco Mundial (2018), basado en información del Dane, arrojan que solo en este año serían más de 300.000 los retornados de Venezuela a Colombia. Migrantes que, como los venezolanos, tienen que empezar su vida de ceros, así cuenten con familia en el país. Esta población estaría compuesta principalmente por población en edad laboral (el 75 por ciento de ellos tiene entre 19 y 65 años), con altos niveles de informalidad y con un nivel educativo, en promedio, ligeramente más bajo al de los colombianos de los municipios a los que llegan. Y hay un agravante: este grupo particular de migrantes no solo lo conforman esos colombianos que hace años se fueron a Venezuela. Con ellos vienen sus parejas e hijos, quienes tienen el derecho a la nacionalidad colombiana.

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5. La delincuencia por venezolanos ha sido magnificada

La información que entrega el Conpes rompe con un imaginario que ha venido consolidándose con el tiempo: que la delincuencia está disparada por los venezolanos. Según cifras de la Policía que revela este documento, el porcentaje de delitos cometidos por ciudadanos venezolanos con respecto al total del país no es tan grande como se cree: el pico más alto que ha tenido fue en 2017 cuando el 3,62 por ciento de los hurtos a entidades comerciales fueron cometidos por venezolanos. En cuanto a otros delitos solo el 1,1 por ciento de todos los hurtos a personas en Colombia fueron perpetrados por venezolanos, así como solo el 0,59 por ciento de los homicidios.

Un dato importante en medio de los brotes de xenofobia que actualmente afloran en la sociedad colombiana.

6. También hay víctimas del conflicto armado

Dentro de los colombianos que han retornado hay víctimas del conflicto, pues una de las razones por las que justamente emigraron a Venezuela fue la guerra. Según cifras de la Unidad para las Víctimas, en 2015 se dio el retorno de 48 víctimas del conflicto armado desde ese país y este año, solo tres años después, la cifra se ha triplicado: hay 161 víctimas retornadas. De hecho, del total de víctimas retornadas del exterior desde 2012 (907), 362 vienen de Venezuela (el 39 por ciento). Y se espera que este fenómeno aumente dada la incertidumbre económica que hay en el vecino país, lo que representaría otro desafío para el Estado colombiano, pues, a su regreso, estas víctimas demandarán el restablecimiento de sus derechos y la reparación al daño que la guerra les causó.

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7. ¿Hay educación para todos?

Uno de los sistemas del Estado que más ha sufrido las consecuencias de esta migración es el educativo, pues son muchos los menores de edad que han llegado al país a continuar su formación académica o que, incluso -como ocurre en Norte de Santander-, cruzan la frontera todos los días para tomar clases en Colombia. El Conpes advierte que, a julio de 2018, había 21.746 estudiantes nacidos en Venezuela matriculados en instituciones educativas colombianas de los municipios con mayor proporción de asentamiento de migrantes frente al resto del país. Además, según el Banco Mundial, se estima que dentro de los colombianos retornados hay 55.141 niños entre los 6 y 17 años de edad, lo cual aumentaría aún más la demanda de servicios educativos en las zonas de asentamiento de los migrantes procedentes de Venezuela. De ahí que el Plan de Respuesta a la Migración desde Venezuela que plantea al Conpes permita el acceso a educación preescolar, básica y media para migrantes independientemente de su estatus migratorio.

8. ¿Y trabajo?

Otro de los puntos clave de este Conpes es la situación laboral de los migrantes, pues las medidas migratorias actuales le impiden a aquellos que hayan entrado al país después del 8 de junio trabajar formalmente (no pueden acceder al permiso que les da tal privilegio). La situación es grave, pues según el registro de migrantes que el gobierno adelantó entre abril y junio, de la población inscrita en edad de trabajar, el 62,43 por ciento solo tiene educación secundaria y otro 14,65 por ciento, educación primaria, así como, según cifras del Banco Mundial, el 75 por ciento de los colombianos retornados son adultos en edad laboral (entre 19 y 64 años), con altas tasas de desempleo y con tasas de informalidad altas (85 por ciento). El gobierno, según el documento Conpes, planea reducir estas tasas a través de nuevas medidas de flexibilización migratorias y del fortalecimiento del RUTEC (Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia), el sistema que diseñó para evitar la explotación laboral de venezolanos y su contratación ilegal por parte de empresas colombianas.  

9. Campamentos humanitarios, el motivo de la discordia

En los últimos días esta palabra ha dado mucho de qué hablar, a raíz de los desmanes de los migrantes que la Alcaldía de Bogotá trasladó de un asentamiento informal en El Salitre al primer campamento humanitario del país, una figura riesgosa. Al respecto, el Conpes plantea que, según estimaciones realizadas con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, el 31,1 por ciento de los hogares de migrantes venezolanos tenían condiciones de déficit habitacional, un porcentaje que crece al 37,3 por ciento cuando se analizan solo los migrantes que entraron en los últimos dos años. Y, además, el 12,7 por ciento del total y el 19,6 por ciento de la ola más reciente, viven en cuartos de inquilinato y otro tipo de alojamientos.

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Eso conllevó a que la política de atención a venezolanos del gobierno nacional contemple la creación de cuatro Centros de Atención Transitorios al Migrante (CATM) en sitios de frontera por un periodo de seis meses -a través de la adaptación de infraestructura física existente- para recibir migrantes de Venezuela.

De este tema estará a cargo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y los centros tendrán capacidad de atender 62.400 personas en 2019, con un costo aproximado de 15.819 millones de pesos.

Si bien el ejercicio del Conpes era necesario y aportó claridad sobre la dimensión y complejidad del fenómeno -pero sobre todo organización dentro del Estado para asumir el tema- hay dos temas que todavía preocupan: cómo se va a financiar todo y qué nuevas medidas de flexibilización migratoria habrá para que los venezolanos puedan trabajar e integrarse a la sociedad colombiana.

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Respecto a la primera, para cumplir con los objetivos que plantea el Conpes, las entidades comprometidas con el tema deberán destinar alrededor de 422.779 millones de pesos para la ejecución de las acciones concertadas y financiadas de esta política. De aquí a 2021. Sin embargo, según Felipe Muñoz, gerente de frontera, ese cálculo se hizo con base a la capacidad presupuestal actual de cada una de estas entidades. El problema es que, como lo planteó el informe del Banco Mundial sobre migración de venezolanos a Colombia hace un par de semanas, Colombia deberá destinar anualmente cerca de 4 billones del PIB para solventar en su totalidad la situación: diez veces más de lo que hoy las entidades en cuestión pueden comprometer.

Y aunque hoy Migración Colombia ya comenzó a actuar con base en lo planteado en el Conpes y reabrió la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), el documento que hasta comienzos de año les permitía a los migrantes ingresar de forma temporal a los municipios de Colombia habilitados en zona de frontera para comprar víveres o trabajar, aún no hay anuncios sobre nuevas medidas para que esta población pueda trabajar legalmente en el país, el quid del asunto.