La historia de la libertad del primer jefe paramilitar

Llegó a Barranquilla en marzo del 2003 y se desmovilizó en Chimila en marzo del 2006, pero abandonó el sitio de ubicación. En su contra existía una orden de captura expedida por la fiscal de DD. HH. y DIH Amparo Cerón, por el delito de concierto para delinquir por su pertenencia al grupo armado.

Cuando fue capturado, a Fierro Flórez le encontraron en su poder dos computadores, varias memorias, videos, una agenda, documentos, armas y un carné del Congreso de la República a nombre del exrepresentante a la Cámara por Magdalena Pedro Peñalosa, quien había abandonado la cabaña donde estaba 'Don Antonio' unos minutos antes de la captura.

En esos documentos, la Fiscalía encontró información detallada de más de 600 homicidios cometidos en el departamento de Atlántico y en los dos municipios de Magdalena entre los años 2003 y 2005; un listado de las empresas que colaboraban con las finanzas del grupo; los políticos aliados de la organización e información sobre como se dividía el trabajo a través de ocho comisiones: financiera, militar, política, geográfica, entre otras.

Toda esa documentación permitió probar homicidios contra sindicalistas en Barranquilla, ‘trabajos’ de limpieza social, cobro extorsivo a los comerciantes del mercado y a transportadores. 

En fin, quedó al descubierto toda la estructura de la organización paramilitar, lo que permitió las primeras órdenes de captura en departamentos como Sucre, Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena. 

Como había sido postulado al proceso de Justicia y Paz, fue uno de los primeros en iniciar versiones libres y durante los años siguientes confesó homicidios, masacres, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, porte ilegal de armas y uniforme privativo de las Fuerzas Militares; delitos por los cuales fue imputado, acusado y está pendiente de condena.

En su contra, la justicia ordinaria, a través del juzgado Único Especializado de Barranquilla, ha dictado más de 20 sentencias por los mismos delitos; si no tuviera el beneficio de la pena alternativa de ocho años que ofreció la Ley de Justicia y Paz, la vida no le alcanzaría para cumplir dichas condenas.

El episodio más reciente en torno a Fierro Flórez está relacionado con la denuncia de intento de soborno que puso contra la exrectora de la Universidad Autónoma Silvia Gette Ponce. Ella intentó que Fierro y sus subalternos se retractaran de una denuncia en su contra por haber pagado a las autodefensas el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, yerno del fundador de la Universidad Autónoma, Mario Ceballos Aráujo. Gette se casó con Ceballos y, tras su muerte, terminó controlando todos los órganos de administración de la institución educativa.

Desde el pasado mes de marzo, Édgar Ignacio Fierro había solicitado al Tribunal de Justicia y Paz del Atlántico la libertad por haber cumplido la pena alternativa y por honrar el compromiso de confesar los delitos con ocasión de su pertenencia al grupo armado, pero la Fiscalía se había opuesto argumentado que el postulado no había cumplido con todos los requisitos.

Pero hoy, ante una nueva solicitud, la magistrada de control de garantías Zoraida Chalela Romano no tuvo más alternativa que concederle la libertad, la cual se debe hacer efectiva inmediatamente. Sin embargo, su libertad es condicional y debe comprometerse a no volver a delinquir; mientras tanto, se resuelve la apelación presentada por el fiscal de Justicia y Paz ante los magistrados de conocimiento.

Fierro Flórez es el primer comandante de frente en recuperar la libertad por pena cumplida. En lista de espera están otros excompañeros cuyos procesos no están tan avanzados como el suyo. Su libertad abre el camino para que otros postulados también presenten solicitudes similares en caso de haber cumplido los ocho años de cárcel y haber confesado los delitos que cometieron.