¿Dónde están la OEA y la ONU ante las protestas en Colombia?: Fiscal General de Venezuela

Este domingo, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, cuestionó dónde están entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), la ONU y las ONG, respecto a las protestas que se han registrado recientemente en Colombia en contra de la reforma tributaria, la cual fue retirada por el presidente Iván Duque.

“El Gobierno de (Iván) Duque masacrando a la población que repudia la estructura criminal de ese narcoEstado... ¿Dónde la OEA y (su secretario general Luis) Almagro, dónde la ONU y (la alta comisionada para los derechos humanos Michelle) Bachelet”, dijo el funcionario a través de su cuenta de Twitter, junto con un vídeo en el que se escuchan detonaciones.

De igual manera, cuestionó al Grupo de Lima, que fue formado para brindar una solución a la crisis venezolana, a las ONG, a los artistas y a los “aparatos trasnacionales de propaganda expertos en Venezuela”.

Por su parte, el diputado chavista Freddy Bernal habló sobre las protestas registradas en el país y pidió “solidaridad latinoamericana y caribeña para con el pueblo de Colombia”.

El mismo Saab confirmó que la justicia venezolana actualmente procesa a agentes involucrados en casos relacionados con violaciones de derechos humanos, que son analizados por la Corte Penal Internacional (CPI) y varios de ellos encaran penas de entre seis y 30 años.

Estas imputaciones son contra a efectivos involucrados en violaciones a derechos humanos, como parte de un informe actualizado enviado a la CPI el viernes 30 de abril.

“En estos tres años y ocho meses hemos imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares”, señaló el responsable en una rueda de prensa.

También “han sido acusados un total de 1.064 funcionarios y 136 civiles y se han logrado 153 condenas”, añadió.

Algunos casos en Venezuela

De acuerdo con AFP, los presuntos responsables por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en junio de 2019, mientras se encontraba en detenido en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), encaran 30 años, la pena máxima, precisaron fuentes familiarizadas con el caso.

En tanto que los custodios del concejal opositor Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras estaba recluido en una comisaría del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), encaran diez años de cárcel.

Por otra parte, La Fiscalía de Venezuela imputó cargos a 12 agentes militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por la muerte de Juan Pablo Pernalete, un estudiante impactado por una bomba lacrimógena durante la dispersión de una protesta contra el gobierno en 2017.

Aunque la misma agencia reportó que Elvira Pernalete, mamá del universitario, anunció que está en desacuerdo con esta imputación, pues considera que no hace justicia.

“La calificación de homicidio preterintencional significa que los guardias nacionales no intentaron asesinarlo, pero hay un video donde claramente se ve que el guardia le dispara al corazón, a quemarropa, no con intención de herirlo, sino con intención de matarlo”, sostuvo Pernalete, quien dice que acude a la fiscalía desde hace cuatro años junto a su esposo “para exigir justicia”.

El fiscal se refirió a otros “casos emblemáticos”, como el de Acosta Areválo, para el que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó en octubre 2020 “una nueva investigación sobre las circunstancias de su muerte”.